El panorama, por más que la prensa tan afín al PSOE como refractaria al PP se empeñe, es tan complejo que la posibilidad de que haya que ir a unas nuevas elecciones no es en absoluto descabellada
En el día en el que se cumplían 35 años del intento de golpe de Estado que tuvo como mascarón de proa a un Antonio Tejero cuyos actos estuvieron dirigidos por manos tan discretas que dan pábulo a toda suerte de teorías, otras maniobras han continuado en el mismo inmueble en el que se conservan los orificios de bala que el sedicente golpista del tricornio dejara en el techo como impronta interesante para curiosos. Maniobras que muchos, el presidente en funciones entre ellos, consideran parte de una precampaña electoral que solo lo sería retrospectivamente, una vez se convocaran nuevas elecciones generales.
En este contexto, la iniciativa la lleva Pedro Sánchez, político que está demostrando gran afición a manejarse entre bambalinas, o lo que es lo mismo, en terrenos totalmente alejados de la tan cacareada voluntad popular y la transparencia. En una interpretación por completo parcial, arguyen Sánchez y los consejeros que le rodean, que el electorado español ha decidido cambiar de gobierno, conclusión a la que llegan tras obviar quién ganó las elecciones, el Partido Popular, y haciendo una más que interesada suma, la que podría llevar a Sánchez a la más codiciada poltrona de España.
Aficionado a adornar sus actos con el adjetivo «histórico» –así se refirió a los magros resultados obtenidos el 20 de diciembre- Sánchez ha manifestado que habrá acuerdo con Ciudadanos. El acuerdo vendría a consumar algo presentado por Sánchez como inaudito, a saber: la sintonía entre lo que ha calificado como el «centro izquierda» y el «centro derecha». Un acuerdo centrista, sea eso lo que entienda quien se postula como futuro presidente de España.
No obstante, más allá de semejante imprecisión no exenta de prejuicios: aquellos situados en «el centro», lo que sí hemos podido conocer es la batería de propuestas que propone Ciudadanos y que el PSOE se ha apresurado a aceptar en la esperanza de que Podemos, o incluso el PP, se abstenga en segunda vuelta y facilite su regreso al poder una legislatura después de que lo abandonara José Luis Rodríguez Zapatero, del cual tanto tiene Sánchez. Hasta ese momento, que acaso nunca llegue, el PSOE acepta tales exigencias, las que siguen: Reforma de la Iniciativa Legislativa Popular rebajando el número de firmas necesarias para su puesta en marcha hasta las 250.000, supresión de las diputaciones, reducción de los aforamientos y reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y la limitación de los mandatos de los presidentes del gobierno a 8 años.
El panorama, por más que la prensa tan afín al PSOE como refractaria al PP se empeñe, es tan complejo que la posibilidad de que haya que ir a unas nuevas elecciones no es en absoluto descabellada. Sin embargo, y mientras el panorama se aclara en uno u otro sentido, conviene comentar mínimamente las condiciones marcadas por Ciudadanos, entre las que no encontramos medidas para desactivar la discriminación que el idioma español sufre especialmente en la región en la que se fraguó tal partido.
Según parece, las medidas de Ciudadanos, presentadas como regeneradoras, van encaminadas a combatir la corrupción ilícita que día sí, día también, salta al primer plano de una actualidad marcada por el constante desfilar de cargos públicos ante los jueces. De este modo, se trataría de poner coto al latrocinio ligado al blindaje y largas estancias en el poder de miembros de la partitocracia española, intención a la que DENAES no puede sino mostrar su respaldo esperando que las reformas den el fruto esperado. Sin embargo, Ciudadanos, que debe gran parte de su ascenso a su oposición a las facciones separatistas, nada ha incluido en un frente tan sensible para nuestra Fundación como es la lucha contra la corrupción legal que tiene a España al borde de la distaxia.
Por lo que se refiere al crucial aspecto territorial, la reforma exigida consistiría en la transformación de las diputaciones provinciales, tan poderosas en las Vascongadas, tan útiles en las Castillas o con tanto manejo –casi 1800 millones de euros anuales- económico como las andaluzas, en unos consejos municipales que sin duda servirán para dar salida al excedente de hombres -y mujeres- del partido que ahora ocupan los puestos que se pretenden metamorfosear acaso aumentando en número en la nueva forma. El modelo en el que parece inspirarse tal iniciativa son esas veguerías catalanas que tanto juego han dado a los nacionalistas de tal región, tan conscientes de los réditos que ofrece tejer una extensa red clientelar.
Hasta aquí estas breves consideraciones en relación con los aspectos propuestos por Ciudadanos. A partir de aquí, la posibilidad de que tales objetivos puedan lograrse. Es precisamente ahí donde aparece el principal escollo, pues para llevarse a cabo, se requiere la reforma de la Constitución, proceso que sólo podría cristalizar con el acuerdo del PP al que Sánchez ha aplicado un férreo cordón sanitario que reedita el Pacto del Tinell.
Tales condicionantes remiten, si no a unas elecciones anticipadas, a una más que tortuosa legislatura marcada por la debilidad de un gobierno que sería presa fácil de las sectas separatistas, siempre al acecho del «cortoplacismo» de los partidos que se dicen nacionales.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
