Ninguna nación puede construirse sobre la base de la querella perpetua, de la revancha interminable, del rencor institucionalizado.
Bajo la vergonzante cobertura de las sombrillas del verano, tradicional añagaza de la peor política española, el Gobierno se propone sacar adelante su muy discutible “recuperación de la memoria histórica”. Como todo el mundo sabe, esta iniciativa no consiste más que en avivar las viejas llagas de la guerra civil, que creíamos suficientemente cerradas por el esfuerzo de reconciliación que presidió nuestra transición democrática. La gran mayoría de los historiadores, incluidos los que juzgan positivamente el periodo de la II República, se han expresado contra este artificial “retorno al pasado” que promueve Zapatero. Porque, al margen de debates historiográficos, la evidencia es esta: ninguna nación puede construirse sobre la base de la querella perpetua, de la revancha interminable, del rencor institucionalizado. Proclamar con rango de ley la venganza sobre el pasado es una forma como cualquier otra de renunciar al futuro. La España constitucional se asentaba sobre la reconciliación entre todos los españoles. Era un buen proyecto. Debe seguir siéndolo, por más que un Gobierno irresponsable se obstine en envenenar nuestra memoria colectiva.
