Los contenidos mínimos aprobados para la asignatura de Historia de España son una nueva carga de profundidad contra el pasado común, patrimonio de todos los españoles.


Desde hace años se viene denunciando el falseamiento y la desvirtuación de las enseñanzas relativas a la Geografía e Historia de España que desde algunas comunidades autónomas “con competencias en materia de educación” se incita, se practica y se apoya, haciendo uso de todos sus recursos económicos e institucionales (que no son otros sino los que la propia Nación española les ha cedido). También sabíamos que algunas empresas editoriales crecidas al calor del “traspaso de competencias” llevan a cabo estos planes con el impulso y el beneplácito de sus mentores. Lo último que acaba de salir a la luz pública es que incluso grupos editoriales de tirada nacional cercanos al partido de Gobierno y a sus medios de comunicación afines editan libros de texto de Geografía e Historia a la carta para según qué comunidades. Ahora bien, lo que ya nos parece la quintaesencia del despropósito, en un nuevo gesto de complicidad para con sus socios nacionalistas y secesionistas, es que sea el propio “Gobierno de España” el que sin ninguna vergüenza cargue contra nuestro pasado común aprobando decretos que lo desdibujan y lo desvirtúan.

Los contenidos mínimos aprobados para la asignatura de bachillerato de “Historia de España” propuesta por el Ministerio de Educación suponen una nueva carga de profundidad contra el pasado común, patrimonio de todos los españoles. Un decreto que ha tenido que ser aprobado rompiendo el consenso que el propio partido del Gobierno ayudó a fraguar hace ahora siete años, cuando estaba en la oposición, y que da rango de ley a una Historia de España que dividida en ocho ítems –uno de los cuáles versa únicamente sobre contenidos procedimentales propios de la historiografía- condensa en uno solo, “Raíces históricas de la España contemporánea”, todos los siglos del pasado común de nuestra Nación, que en el anterior modelo, sin embargo, se desarrollaba en ocho apartados. Nos parece que, a tenor de los contenidos, y sin perjuicio de la extraordinaria importancia histórica de los últimos doscientos años de la Historia de España como Nación política –que el decreto desarrolla en los seis puntos restantes-, el nombre de dicha asignatura no es adecuado, pues más bien debería llamarse “Historia Contemporánea de España”- pero que, sin embargo, manteniéndolo, no sólo se comete un gigantesco fraude educativo que niega un conocimiento serio, riguroso, amplio y profundo a nuestros alumnos de bachillerato, españoles en su mayoría a las puertas de la ciudadanía de pleno derecho, sino que supone un empobrecimiento deliberado del conocimiento de nuestro pasado común, un patrimonio que nadie mejor que el Gobierno en ejercicio debería cuidar.

Parece como si se hubiera realizado un “nuevo traspaso de competencias”, sólo que esta vez de sentido opuesto: son los nacionalistas y los secesionistas quienes declaran ahora al Gobierno competente para diseñar programas educativos de Historia para todos los futuros estudiantes de bachillerato, programas más proclives a la gestión interesada de sus Consejerías de Educación. Los socios del Gobierno saben que entretener a los estudiantes españoles con la frondosidad de sus últimas ramas y hojas es la mejor manera de que su mirada se pierda y ésta no alcance a ver toda la grandeza del árbol, una grandeza en la que la justificación histórica de sus pretensiones quedaría, irremediablemente, en ridículo.

Frente a tamaño despropósito, no tenemos más opción que repetir algo archisabido: que la desvirtuación, la manipulación y el falseamiento de la historia común que se enseña a los futuros ciudadanos de pleno derecho de una nación no sólo constituye un fraude educativo, sino que ante todo constituye un atentado contra el presente -y, por tanto, contra el futuro- de la propia Nación española.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA