Las declaraciones de portavoces separatistas como Urkullu exigiendo a España el reconocimiento diplomático de la nueva democracia kosovar constituyen, a nuestro juicio, la confirmación más precisa del diagnóstico de Putin acerca de los «efectos no queridos» sobre terceros países europeos.
Ayer, domingo 17 de febrero de 2008, asistía la humanidad al inigualable espectáculo del nacimiento de una nueva nación al proclamar el parlamento autonómico de la provincia de Kosovo, por la vía de los hechos, su independencia respecto de Serbia. De manera inmediata, y mientras que centenares de ciudadanos serbios (el hecho de que tales ciudadanos sean también, como suele subrayarse, «étnicamente albaneses» es cosa cuya importancia política resulta nula a todos los efectos) se apresuraban a celebrar, al son del Himno de la Alegría, en las calles de Pristina la puesta a punto de la secesión, los legítimos representantes de la nación se resistían desde Belgrado a «asumir» deportivamente y con «buen talante» la destrucción de la soberanía indivisa que la totalidad de los ciudadanos de Serbia mantienen, según la propia constitución de esta nación europea, sobre la integridad de su territorio. No queda en absoluto nada claro, sin embargo, qué medidas políticas postivas puede adoptar el gobierno serbio, incluso con el apoyo de la Federación Rusa, etc., ante la consumación de la secesión de su antigua provincia; un desprendimiento secesionista que al parecer va a recibir, en los próximos días, la ratificación diplomática de rigor por parte de la mayoría de los estados de la Unión Europea, los EE UU, etc., etc., sin perjuicio de la «ilegalidad» manifiesta que dicho reconocimiento pueda constituir desde el punto de vista del llamado «derecho internacional».
La pasada semana, precisamente, Vladimir Putin advertía de los posibles «efectos no queridos» que semejante descoyuntamiento político de la soberanía nacional de Serbia podría llegar a alcanzar sobre terceros países europeos que también han venido padeciendo y padecen en sus propias carnes las estrategias disolventes de élites secesionistas dispuestas a amenazar la unidad de las naciones políticas de referencia. A pesar de las protestas del gobierno de Z -por boca, por ejemplo, de la viceministra María Teresa Fernández de la Vega- empeñado, al parecer, en «matar al mensajero», las declaraciones de portavoces separatistas como puedan serlo Íñigo Urkullu exigiendo a España el reconocimiento diplomático de la nueva democracia kosovar constituyen, a nuestro juicio, la corroboración más precisa de que el diagnóstico de Putin aparece como verdaderamente muy puesto en razón.
En este sentido y dada la conveniencia de poner las propias barbas a remojar, desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española queremos manifestar nuestra más estrecha «solidaridad» (en el sentido más preciso del término; es decir: contra terceros) con aquellos ciudadanos de la nación serbia que contemplan en estos momentos las consecuencias, acaso irreversibles, de la acción expoliadora y repugnante de un conjunto de conciudadanos a los que sin duda no cuadra ningún otro nombre distinto al de «traidores». Esperamos, por el propio bien de la nación, que algunos en España sepan escarmentar en cabeza ajena.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
