Se hace evidente que lo primero a evitar no es otra cosa que la propia presencia de semejantes felones secesionistas en las instituciones.


A una semana de la irrupción de la banda terrorista anti-española ETA mediante el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton, el Gobierno de España con Z a la cabeza sigue enrocado en su característica ambigüedad calculada a la hora de iniciar el proceso de ilegalización de ANV y de revocar la «autorización parlamentaria» que sancionó en su momento sus estrategias negociadoras. En efecto, el ministro Bermejo declaraba ante los medios que el Gobierno continuaría esperando -y no sabemos exactamente hasta cuándo- las pruebas pertinentes para aplicar la ley de partidos políticos sobre esta fuerza política pro-etarra que, merced a la propia inacción de las autoridades socialistas, mantiene cuotas verdaderamente notables de poder municipal en muchas localidades de las provincias vascongadas.

Hace bien desde luego el PP en exigir al Gobierno la ilegalización de los pro-etarras así como al congreso la revocación de dicho «permiso» negociador; sin embargo, y aun cuando tales trámites constituyen -sin duda alguna- mínimos imprescindibles al margen de los cuales toda apelación a la «unidad» de los «demócratas» frente a los «violentos» (pronúnciese: asesinos) sólo puede ser interpretada como puro cinismo (véase en esta dirección la intervención del flamante gerifalte aranista, Íñigo Urkullu), estimamos que la inexcusable rectificación de las líneas políticas de fondo que han marcado la presente legislatura exige por sí misma pasos todavía mucho más firmes.

En efecto, después del reforzamiento que durante los pasados cuatro años han experimentado en Vascongadas, en Cataluña y en Galicia aquellos grupos políticos que por medios -eso sí- pacíficos y escrupulosamente democráticos, aspiran a la transformación por corrupción de la democracia coronada española en una confederación de estados libres asociados o en un conjunto de repúblicas soberanas mediante el expediente de la reforma de los estatutos de autonomía, etc. ( tripartito catalán, Plan Ibarreche II, acuerdos de Gobierno PSOE- BNG, etc.) aprovechándose para ello de la debilidad o directamente de la estupidez culpable de Alicia ( «La nación española es un concepto discutido y discutible»), pero también, en algunos casos, de la indecisión del PP, etc., se hace evidente que lo primero que es preciso evitar no es otra cosa que la propia presencia de semejantes felones secesionistas en las instituciones que representan, según la misma Constitución del 78, la soberanía nacional amenazada formalmente por dichas fuerzas políticas.

A tal fin pensamos, si es verdad que, como parece claro, el propio texto constitucional elaborado durante la transición a la democracia coronada por sujetos como Peces Barba pongamos por caso, ha resultado ser el principal caballo de Troya del que se han venido sirviendo los separatistas para «profundizar» en sus incesantes reivindicaciones de privilegios medievales asimilados a sus respectivas «nacionalidades» (adviértase, dicho sea de paso, el asombroso rigor conceptual que pudieron alcanzar los padres de la patria en su momento); entonces se sigue que naturalmente no quedará otro remedio, a fin justamente de defender la unidad de la Nación Española, que reformar la misma Carta Magna en todas sus flaquezas y ambiguedades.

Algo que, en todo caso, sólo tiene sentido plantear si es que se estima, contra la ideología del «patriotismo constitucional» compartida por los dos grandes partidos nacionales, que España como nación política es previa a la Constitución de 1978; esto es, que España en suma, y no las leyes que supuestamente consagran su soberanía, sigue siendo lo sustantivo.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA