La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no irá a la final de la Copa del Rey que disputarán en el Vicente Calderón el Barcelona y el Athletic Club, mientras continúa la controversia desencadenada por sus palabras a favor de que se suspenda si las aficiones pitan el himno o al Príncipe.

El palco principal del Vicente Calderón estará ocupado por el Príncipe Felipe, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Educación Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, los presidentes de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno Vasco, Artur Mas y Patxi López; y los alcaldes de Barcelona, Bilbao y de Madrid, Xavier Trías, Iñaki Azkuna y Ana Botella, así como el Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao.

No estarán en ese palco, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy ni el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, muy aficionados ambos al deporte, y al fútbol en particular.

Tras lo ocurrido en 2009, cuando los mismos equipos disputaron la final de la Copa del Rey en Valencia y se produjo una sonora pitada al himno nacional en presencia de el Rey, Esperanza Aguirre ha insistido durante los últimos días en que el partido se debería suspender y disputar a puerta cerrada si las aficiones vasca y catalana pitan al himno, a la bandera o al Príncipe.

Sus palabras han desencadenado un aluvión de opiniones en contra incluso desde las filas de su partido, y el lehendakari Patxi López le envió una carta en la que le decía «todo lo que había que decir», aunque la presidenta de Madrid ha dado por «no recibida» la petición que le hizo López de retirar sus palabras.

Y en su respuesta, Aguirre insiste en que si la final se convierte en un «bochornoso» espectáculo, «lo mejor es que el partido se celebre a puerta cerrada», y expresa al lehendakari su sorpresa porque no haya enviado una carta al presidente del Athletic de Bilbao para aconsejar a sus seguidores «respeto a las normas, protocolos y tradiciones».

Para el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, se trata sólo de un encuentro de fútbol, «nada más, aunque tampoco nada menos», y se ha sumado a los numerosos representantes políticos e institucionales que han apelado al comportamiento cívico y deportivo de ambas aficiones.

El diputado en el Parlamento catalán y expresidente del Barça Joan Laporta ha criticado los «tics autoritarios» que a su juicio tiene Esperanza Aguirre, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la afición del Athletic no caerá en las «provocaciones» de la presidenta madrileña.

Desde las filas de su mismo partido, el presidente en Vizcaya, Andoni Ortuzar, ha dicho a Radio Euskadi que «seguramente nadie pitaría el himno español si antes o después se pusieran el vasco y el catalán».

Ante la final de mañana, la Delegación del Gobierno en Madrid va a desplegar 2.300 agentes de seguridad para la celebración de ese partido en el estado Vicente Calderón, y ha previsto también un dispositivo especial para garantizar la seguridad en la manifestación a favor de la unidad de España que han convocado Falange y Nudo Patriota Español, que transcurrirá horas antes del partido.

En este sentido, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que ella habría cambiado la fecha de esta manifestación para que no coincidiera con el partido, incluso «sabiendo cual es la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid» -que dio el visto bueno a esta marcha tras la negativa de la Delegación.

La Fiscalía se ha opuesto por otra parte a admitir a trámite la querella de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) contra dos organizaciones independentistas por promover una pitada al himno nacional en este partido, por ser una acción que aún no se ha producido.

La Ertzaintza ha calculado que entre cuarenta y cincuenta mil aficionados del Athletic viajarán a la capital para presenciar la final, y ha previsto igualmente un dispositivo especial para regular su salida.

También los Mossos d’Esquadra han activado un dispositivo de seguridad especial en Cataluña con 1.850 agentes, para velar por el normal desarrollo de la celebración deportiva en todas las poblaciones catalanas y garantizar la seguridad de los aficionados catalanes que viajarán a Madrid a ver el partido.

Además de las palabras de Aguirre sobre la suspensión del partido, otro debate ha irrumpido durante las últimas horas; el de los costes de seguridad de los grandes acontecimientos deportivos y culturales y quién debe pagarlos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que el Gobierno trabaja para que la nueva Ley de Protección y Seguridad Ciudadana pueda entrar en vigor a principios de 2013 y empezar a cobrar por la seguridad que se presta por este tipo de actos.

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha coincidido en que los clubes de fútbol deberían contribuir a pagar la seguridad de los campos y ha recordado que él lo propuso así cuando era ministro del Interior.