La masiva inmigración ilegal africana es un problema que ya existía con notoriedad antes de la crisis del coronavirus, pero que persevera durante la misma y seguirá actuando cuando sobre la piel del toro superemos la crisis sanitaria (aunque está por ver cómo ésta se resuelve y para cuándo, y a qué coste). Y no estamos hablando de un problema cualquiera sino de uno delicadísimo y de extrema complejidad, pues ahora, en esta coyuntura viral, podría traer nuevas oleadas de coronavirus y llevarnos a un segundo e incluso a un tercer confinamiento, y estaríamos en una pesadilla de nunca acabar, mientras la economía nacional e internacional se irían hundiendo cada vez más.
Mientras el COVID-19 azota al mundo, en el continente europeo especialmente a Italia y España, aún continúan funcionando las horribles y desesperantes odiseas hacia las costas del continente en embarcaciones paupérrimas, en la que sus viajantes pueden perder la vida si no son rescatados en las costas.
De ahí que el gobierno español haya planteado a la Comisión Europea prohibir la entrada de tales inmigrantes en territorio comunitario. Esto ha sido aplaudido por la derecha europea llamada populista, ni más ni menos que por Viktor Orban, presidente de Hungría y enemigo declarado del magnate globalista liberal progresista George Soros (amigo del Doctor Sánchez, que según las malas lengua subvenciona a ONGs, otros las llaman directamente mafias, encargadas de traficar con seres humanos).
También el gobierno polaco ha respaldado la propuesta. Al fin y al cabo, el gobierno de Sánchez (y después en coalición con Unidas Podemos) no ha introducido cambios importantes en la política de inmigración, y los gestos al Aquarius o al Open Arms sólo fueron propagandísticos de cara a su electorado bienpensante.
Dada la inmigración ilegal masiva, la pandemia en África, si empieza a cobrar fuerza (de momento no hay muchos casos aunque los datos son confusos), podría convertirse en un verdadero quebradero de cabeza sobre todo para España, Italia y Grecia; aunque sería un problema para toda Europa y, dada la extrema contagiosidad del virus, para todo el mundo. Si la pandemia es controlada en los países desarrollados eso a lo peor no sirve de mucho si no se controla en los países africanos, pues podría reanudarse si no se erradica del continente negro. Y pese a la crisis sanitaria y la económica que viene después, el problema de la inmigración no sólo seguirá ahí (como otros muchos problemas) sino que con el virus puede complicarse hasta llegar a extremos de pánico. Y hasta que no salga una vacuna contra el COVID-19 las epidemias e incluso una nueva pandemia seguirá latiendo como amenaza.
Ya el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, el ex ministro de Exteriores Josep Borrell (también amigo de Soros), ha advertido con toda la razón refiriéndose a los africanos: «Sus problemas serán nuestros problemas, no podemos solventar la pandemia solo en nuestra casa… Si no se resuelve en África no se resolverá en Europa», ni por tanto en el mundo.
Entre el 1 de enero y el 18 de marzo unos 14.854 inmigrantes han entrado en Europa, según la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU. En España han entrado 3.803 (aunque el Gobierno, según la ONU, sólo ha ofrecido datos hasta el 11 de marzo).
En Italia la crisis del coronavirus ha hecho que la llegada de inmigrantes ilegales registre mínimos históricos, cuando justo antes se estaban multiplicando las llegadas respecto a 2019. Si entre el 2 y el 8 de marzo ningún inmigrante arribó las costas italianas, en ese mismo tramo de tiempo, en pleno debate mediático sobre si se debían o no celebrar las marchas del 8M, llegaron a España 349 desembarcos; a su vez, en Grecia 970 y en Malta 34.
A las 5 de la madrugada del 6 de abril 260 subsaharianos intentaron entrar por Melilla y unos 50 consiguieron saltar la valla consiguiendo su propósito, siendo uno de los intentos más violentos de los últimos meses, con dos detenidos y un guardia civil lesionado.
Amnistía Internacional, esa institución que tiene «la visión de un mundo en que todas las personas disfrutan de los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», ha manifestado en sus redes sociales al respecto: «todas las personas que llegan tienen derecho a ser tratadas con dignidad y humanidad. Puede que vengan huyendo de guerras. Puede que hayan perdido a sus familias. O puede que la miseria las haya impulsado a dejarlo todo en busca de un futuro mejor».
Pero un problema político y geopolítico como es el de la inmigración ilegal masiva, que ya era tremendamente complicado pero que va a acentuarse con la crisis viral, no puede afrontarse desde la ética y desde los sacrosantos, aunque burgueses, derechos humanos de 1948. Y estos derechos son, en su mayoría, normas éticas, las cuales prescriben dar cobijo, alimento y cuidados a todos los inmigrantes que se asomen por nuestras costas, porque la ética es universal a la atención y el buen trato de los individuos corpóreos humanos, independientemente de su condición social, cultural, étnica, económica y política. Sin embargo las normas políticas, que son acentuadas por la geopolítica -siempre en vigor pero hoy en día aún más por la pandemia de COVID-19 y la enorme crisis económica, social y política que va a dejar a su paso-, procuran limitar el número de inmigrantes ilegales, porque un excesivo número de los mismos complicaría la economía política y la vida social de cualquier país. De hecho, en plena crisis coronavírica, el Ministerio del Interior del Gobierno de España aceleró el 1 de abril los trámites para expulsar a unos inmigrantes que llegaron a Tenerife en una patera y con un caso de coronavirus, aunque es muy probable que sus compañeros también estuviesen contagiados.
El problema que hay con la llegada de inmigrantes a Canarias, como a otros puntos de España, es que no pueden ser enviados en vuelos a Mauritania o a cualquiera país africano, porque este país, como han hecho otros, ha cerrado sus aeropuertos a los vuelos españoles.
Estamos pues, ante un problema que ahora lo es por partida doble: el de la misma inmigración ilegal pero ahora complicada con posibles contagios de coronavirus. Y esto sólo acaba de empezar. 2020 es el año de la pandemia, de las mascarillas, del confinamiento y de la distopía, pero también lo es de la inmigración ilegal aunque ahora con posibles casos de infección. Menudo problemón.
Daniel López. Doctor en Filosofía.