Intervención realizada el día 16 de Julio de 2021 en la Jornada “España frente al nacionalismo” organizada por la Fundación DENAES en la ciudad de Sevilla.
Medievalización territorial de España en la era de la digitalización
A finales de 2019, cuando ya sacaba la cabeza el SARS_CoV_2 escribía en mi columna semanal la siguiente entradilla distópica (“República de Triana 4.0”. Artículo publicado el 30 de Diciembre de 2019 en La Razón, disponible en https://www.larazon.es/andalucia/20191230/auk6f4tcuvdano7ebokfp2mwiq.html):
“Justo a la entrada del Altozano rezaría un luminoso «Bienvenidos a la República independiente de Triana» y al pie un rico azulejo de cerámica trianera con la leyenda «hermanada con la república de León». Con «grafiti» los termitas de la resistencia habían sobre escrito «bienvenido a la Edad Media». El azulejo se explicaba porque la de Triana pagaba parias a la república de León lo que le garantizaba bien la protección de su Policía local en caso de conflicto con la represora policía sevillana o, al menos, que de llegar a las manos con alguna otra Policía local, la de León nunca desenfundaría sus pistolas contra la de Triana.
Lo de Triana y León sólo era un suma y sigue. El Valle de Arán ya se había separado de la separada Cataluña, Jerez de Cádiz, Algorta de Guecho, Hervás se había unificado con Salamanca, Cartagena separado de Murcia y La Línea de la Concepción se habría convertido en ciudad autónoma.”
Esta provocación distópica o “desajeración” si le tomamos prestado el término al pregón de Don Antonio Rodríguez Barbeito tomaba como percha de actualidad las reivindicaciones de la provincia de León para separarse de Castilla. Un relato bien pagado que rematase en el “Castilla nos roba” hace de eficaz cohesionador de la población leonesa frente al enemigo común como el “Roma, ladrona” fue usado por la Liga Norte Italiana antes de evolucionar a esa especie de bipolaridad política que lo mismo servía para nutrir una coalición de gobierno italiano que para apoyar la proyección internacional del independentismo catalán.
La medievalización 4.0 no se construye con murallas físicas ni postigos; las reformas urbanísticas de los ensanches ya acabaron con las antiguas murallas en Sevilla o en Pamplona o dieron paso a las reformas del marqués de Salamanca en Madrid o del “example” en Barcelona.
La medievalización 4.0, en definitiva el levantamiento de fronteras interiores en las décadas de la revolución tecnológica, cuaja a través de una lluvia fina de decisiones que podemos enumerar -sin ánimo de exhaustividad- de las más recientes a las más antiguas de la siguiente forma.
I.– Por ejemplo, en pleno inicio de la quinta oleada de la COVID_19, todos los castellano hablantes son excluidos de la información de salud pública suministrada por los departamentos de salud de Cataluña y Baleares.
Este hecho asumido con lacerante indiferencia por las regiones castellanoparlantes como señalaba ayer Rafael Sánchez Saus en el Diario de Sevilla, tiene dos graves impactos:
1.- El primero es su regresividad. La migración interna y externa son principalmente económicas o promovidas por la huida de las zonas de guerra. En el caso de España, lo es por el primer motivo. Esto hace que las población que más sufre la exclusión de la información sobre el estado de la pandemia es la que ha tenido que emigrar a una región donde la lengua vehicular del sistema público no es la suya nativa, que, en el caso de los españoles, precisamente protege el artículo 3 de la Constitución.
2.- El segundo es su impacto sobre el turismo -el 15 % del PIB español en los años previos a la pandemia-. Los turistas son también excluidos de esta información de servicio público sobre la evolución de la pandemia.
II.– La medievalización 4.0 nos pone también delante del espejo de la contradicción de las exhibidas estrategias de captación de talento. Estas estrategias que mueven notables recursos públicos para atraer a mentes brillantes al sistema de conocimiento español, se topan de bruces con el requisito del conocimiento de la lengua local para poder acceder al sistema público. En otros términos y a modo de ejemplo real, una reputada profesional de la sanidad formada en el más reputado centro de investigación del mundo, encontraría muy difícil aceptar una convocatoria de captación de talento para incorporarse a un hospital universitario balear si no quiere pagar el peaje de tener que acreditar sus conocimientos en catalán que es como define el estatuto de autonomía balear a la lengua cooficial. Por cierto que es oportuno recordar que fue el PP quien decidió usar la denominación de “catalán” en el estatuto balear en lugar de las modalidades lingüísticas del mallorquín, menorquín o ibicenco. Permítanme recomendarles seguir la actividad de la plataforma MosMovem si quieren estar al tanto de este tipo de aberraciones en las Islas Baleares.
Debe quedar entonces claro que el progreso de España pasa -entre otros saltos de prosperidad- por eliminar el requisito del conocimiento de la lengua local para acceder al ejercicio de la función pública. De lo contrario, vuelve a mostrarse el rostro de su regresividad pues los mejores profesionales sólo están al bolsillo de los presupuestos más altos.
Quiero que se me entienda bien. Soy de los que defienden las lenguas cooficiales como parte del patrimonio común de nuestra Patria. Soy de los que está dispuesto a que su manejo se reconozca como mérito en el acceso a la función pública como lo es tener una tesis doctoral, un máster o una segunda lengua no local, pero hay que señalar que exigirlo como requisito atenta contra la igualdad de todos y, a la postre, principalmente contra los más desfavorecidos.
III.– El tercer elemento de la medievalización 4.0 nos pone ante la tasa de desempleo juvenil. La española es la más alta de la Unión Europea -por delante de Grecia- y mayor en el caso de las chicas que en los chicos.
En este momento hay cuatro zonas geográficas de fuerte inmersión lingüística. La más conocida pero no la única es Cataluña. Quizá no todos saben que la situación es exactamente la misma en las Islas Baleares, muy similar en Galicia y camino de cuajar en la zonificación lingüística de Valencia donde en este momento el conflicto está en la zona de la Vega Baja del Segura. Aquí se están jugando el tipo la Plataforma de docentes por la elección de lengua y la asociación Hablamos Español.
Pero más allá, les invito a oír los análisis del economista y editor navarro Miguel Cornejo sobre la tremenda descompensación entre hablantes y recursos financieros que el gobierno de Navarra aplica en su política de zonificación lingüística. Zonas donde el uso del vascuence es absolutamente minoritario, se catalogan como zonas lingüísticas de habla vasca y reciben cantidades ingentes de dinero para financiar una fina política de inmersión que ha tenido, entre sus episodios más lacerantes, el vivido en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Alsasua.
¿Qué ocurre cuando con una tasa de desempleo juvenil cercada al 40% se cercena el conocimiento de una lengua como el español a nuestros jóvenes? Pues sencillamente que se les pone muy difícil acceder a un mercado de 580 millones de personas que tienen el español como lengua materna (son datos del Instituto Cervantes), a una lengua que es la segunda más utilizada en Facebook y twitter y que también es la segunda lengua diplomática del mundo.
El independentismo en España es eminentemente ETNOLINGÜISTICO, utiliza la lengua como herramienta de señalamiento de los ciudadanos buenos y malos pero, a la postre es extraordinariamente regresivo.
Retengan un dato, ninguno, absolutamente ninguno de los presidentes de la Generalidad de Cataluña ha enviado a sus hijos a un colegio que practicase la inmersión en catalán.
IV.- El cuarto vector de medievalización 4.0 es la debilitación de la diplomacia española. En un mundo de equilibrios internacionales poco estables y alianzas necesarias, la 4ª potencia económica de la Unión Europea tras la salida del RU, tiene una influencia en las relaciones internacionales propias de un estado medieval siempre pendientes de lo que Roma locutase.
No voy a referirme al lamentable paseíllo de, presidente Sánchez con el presidente Biden sino en la incapacidad de vetar el dictamen del Acuerdo de la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa que cuestionaba la acción de la Justicia española frente a los responsables del golpe de Estado en Cataluña en 2017.
Por cierto que la noticia ha carecido de espacio propio en los medios de comunicación sevillanos a pesar de que el representante español ante la mencionada institución es el recordado alcalde socialista de Alcalá de Guadaira, Antonio Gutiérrez Limones.
Andalucía tuvo oportunidad en la actual legislatura de modificar los estatutos de la agencia Extenda alcanzando un acuerdo con la Secretaría de Estado de España Global para mejorar la promoción exterior. Fue una de los acuerdos incluidos en la primera negociación de los presupuestos del nuevo gobierno a propuesta de VOX. Pues nada de nada.
V.– La última y más antigua medievalización 4.0 del territorio español viene de la mano de las barreras administrativas interiores.
Frente a la máxima liberal que dice donde todo funciona, no es necesaria la ley, el particular desarrollo del Título VIII de la Constitución ha consistido en clonar el estado nación en 17 mini estados. El último empujón se lo han dado los denominados estatutos de autonomía de segunda vuelta nacidos en buena medida a través de lo que en economía se llama “demanda inducida”.
Por ejemplo, las más de las veces que vamos a comprar a la farmacia no lo hacemos motu proprio sino por prescripción médica. Nuestra demanda está inducida por el profesional de la salud en el que depositamos nuestra confianza.
No me resisto a recordar el caso de la aprobación del nuevo estatuto de autonomía de Andalucía en cuya promoción participaron el dúo de “Los del Rio” (los de Ay, Macarena) con el sólido argumento de “Nosotros no entendemos mucho de esto, pero si estos señores que saben tanto dicen que es bueno, pues habrá que ir a votar”.
Pero que nadie se engañe. La clonación del estado nacional se ha hecho con una sólida arquitectura legal. Tan es así que tras las abundantes promesas de acabar con los denominados chiringuitos resulta que entre enero de 2019 y 2021 tan sólo 27 entes se han caído del listado que publica la propia Junta de Andalucía. Esto no alcanza ni al 1% del extenso listado que incluye la administración general de la Junta de Andalucía, a los organismos administrativos, comerciales y autónomos, a las entidades públicas empresariales, a los entes públicos, agencias, consorcios, fundaciones, otras instituciones sin fines de lucro, sociedades mercantiles y a las universidades. La razón no es otra que, prescindibles o no, estaban bien construidos desde el punto de vista legal y la nueva administración ha preferido dejarlos como están antes de encontrarse dentro de unos años con sentencias que obliguen a readmitir al personar despedidos y pagar los sueldos que dejaron de abonarse.
Pero volvamos a la fractura administrativa interior pues, el tránsito hacia el estado moderno en España y en Tanzania no es otro que el de eliminar las barreras interiores hasta lograr la igualdad de derechos entre los ciudadanos y la unidad de mercado contra las que se esgrimían las alcabalas cada vez que las mercancías entraban a las ciudades por puertas y postigos.
En este proceso de fractura administrativa de España, de duplicación y triplicación de competencias ha habido una serie de catalizadores esenciales.
Me referiré a ellos no necesariamente en orden de importancia.
Por una parte están los expertos en economía pública, en derecho constitucional y en derecho administrativo. La mayoría de los representantes de esta intelectualidad asumió un razonamiento falaz en virtud del cual toda competencia cuya gestión pasa de estar en manos de la administración general del Estado a la administración autonómica era, automáticamente, gestionada más eficazmente en beneficio de los ciudadanos. Esto no encuentra soporte científico sólido. Es un argumento falaz.
Lo que sí encuentra es a unos colectivos interesados en promover este proceso de autonomización del derecho pues, en definitiva, eran quienes diseñarían la arquitectura legal de nuevo modelo de organización territorial dentro del cual encontrarían un ancho camino para desarrollar prósperas carreras políticas.
Por otra parte está la responsabilidad de los medios de comunicación. Lo han hecho por una cuestión esencialmente de modelo de negocio. Basta para analizar el peso de la publicidad pública frente a la privada para concluir que los medios de comunicación -también los digitales- no podrían supervivir económicamente sin la publicidad institucional. La multiplicación de organismos con dotación presupuestaria diferenciada ofreció una vía de supervivencia al negocio de la comunicación y apostó por no cuestionar el modelo de medievalización 4.0 sino todo lo contrario.
La prensa funciona en esto antes como faro que como espejo. Más que reflejar opinión, crea opinión. Esa opinión que asume como axioma que todo lo gestionado descentralizadamente redunda en beneficio del ciudadano sin importar que en España haya más de 8000 centros de contratación pública que no sólo desaprovechan las oportunidades de las economías de escala que permiten comprar mejor cuando los pedidos son más grandes sino que lograron poner de manifiesto en plena primera oleada de la pandemia la incapacidad de compra del Ministerio de Sanidad, lisa y llanamente porque llevaba años sin licitar la compra de nada.
Nadie ha querido ver esto. Nadie ha querido contarlo. No interesaba. Otras cosas sí y permítanme recordar esta anécdota. Cercano el hundimiento del acorazado Maine, el magnate de la cadena Hearst recibió un telegrama de su enviado especial a La Habana Friederic Remington pidiéndole volver a Nueva York porque allí no había guerra. A lo que Hearst contestó: usted ponga las imágenes que yo pondré la guerra.
Nos han contado que levantar barreras administrativas y lingüísticas era el camino del progreso a lomos del autogobierno. No es así. ¿Acaso Andalucía ha escalado un solo puesto en el ranking de renta per capita en la escala nacional en los últimos 40 años? Como en Alicia a través del espejo, no basta con correr, hay que correr más rápido que los demás para no permanecer en el mismo sitio.
Ahora se nos prometen avances como la unificación de todas las agencias de desarrollo andaluzas en una única bajo la denominación de la agencia TRADE, pero nadie nos explica por qué antes se multiplicaron para luego llegar a la conclusión de que con una sola bastaba.
Enclaustrar a la sociedad española en el requisito de la lengua local, regatear la información de salud pública a los castellano parlantes, dimitir de nuestra acción exterior o poner piedras a nuestros jóvenes a un mundo de habla hispana es injusto, es lesivo especialmente con los más débiles y debe despertar las conciencias de quienes piensan que los alguaciles del señor feudal nunca llamarán a su puerta.
José Manuel Cansino. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile.
