Desde su formación hace poco más de un mes, el nuevo ejecutivo está desplegando sus operativos de forma estratégica en el tablero de juego con el objetivo de ganar una partida que parece ir más allá de una mera legislatura. La prioridad de Sánchez e Iglesias, condenados a hacer juntos un viaje que hubieran querido hacer por separado, es eliminar cualquier forma de oposición y están poniendo todos los medios al efecto.

Primero fue la propuesta como Fiscal General del Estado de la que fuera ministro de Justicia en la anterior legislatura, Dolores Delgado, mujer no conocida hasta el día de hoy por nada bueno. A su probado sectarismo se une su querencia por las cloacas del Estado y las malas amistades. Nada hace pensar que pueda desarrollar este cargo con la más mínima independencia profesional. Curiosamente, el ministro del ramo ha propuesto la aprobación de una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que elimine la figura del juez instructor en las causas penales y que deposite la responsabilidad de la investigación en la Fiscalía. ¿Qué puede salir mal teniendo a Delgado al frente del negociado? Reconozcamos que la jugada es poco estética, pero muy eficaz. 

A este durísimo golpe contra la separación de poderes, hay que añadir la reforma prevista de un Código Penal ad hoc para Junqueras y su banda con el objetivo, declarado explícitamente, de que los presos por sedición sean excarcelados. Es inevitable recordar a Guerra, no el torero sino el vicepresidente socialista, cuando dijo que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió. El problema es que con esta gente fuera de la cárcel sin miedo a castigo alguno, con  un Bildu crecido por sus pactos con el PSOE en Navarra y la muy creíble promesa de los sediciosos de que lo volverán a hacer –ho tornarem a fer-, no va a quedar España que reconocer.

Queda la batalla crucial y determinante del Consejo General del Poder Judicial, en la que se trata de politizar -más- este órgano para desjudicializar el procés. Si Sánchez logra controlar el CGPJ, España será un solar jurídico para cambiar por la expeditiva vía de los hechos la estructura del Estado de forma irreversible sin necesidad de pasar por una reforma constitucional.

Siguiendo las normas de todo dictadorzuelo que se precie, el gobierno tiene también como objetivo controlar la prensa. Como si el PP de Sáenz de Santamaría no hubiera hecho lo bastante por él. Ayer se conoció la destitución de Fernando Garea -presidente de la Agencia EFE y nada sospechoso de simpatizar con la derecha-, que se despidió dejando claro que EFE «no es una agencia de noticias del Gobierno». Demoledor. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Atémonos los machos que esto es sólo el principio.

El tercer pilar por eliminar, la oposición, no parece en estos momentos un hueso duro de roer. Divididos, peleados, tratando de salvar sus siglas en las tres regiones con más nacionalismos fragmentarios de España, los partidos del centro derecha no parecen constituir un serio peligro para el gobierno. A pesar de eso y por si acaso, el vicepresidente cuarto del Gobierno, Pablo Iglesias, ya ha hecho llamamientos en varias ocasiones a la ciudadanía para luchar contra el fascismo en la calle. No es suficiente que la oposición sea poco efectiva, se trata de estigmatizarla y deslegitimarla hasta su desaparición. 

Contra este ataque frontal a las libertades básicas, es ineludible la exigencia de un frente común contra todas las tropelías del gobierno. No es un problema de izquierdas o derechas, es algo determinante: la existencia de España como nación, y solo el Estado puede garantizar la democracia y la libertad que tanto dicen defender.

Carmen Álvarez Vela