La pinza franco-marroquí y el cable que esquiva a España: una cuestión de energía, poder y dialéctica de Estados

Recientemente se ha publicado una noticia que, en apariencia, podría pasar desapercibida entre el aluvión informativo cotidiano: Francia y Marruecos, por medio de una empresa británica, impulsan un cable submarino de interconexión eléctrica que evitaría el paso por la red española. Dicho así, podría parecer un simple proyecto técnico más, una infraestructura adicional en el marco de la «transición energética» europea. Sin embargo, si se examina con la calma y la perspectiva adecuada la cuestión desborda con mucho el plano ingenieril. Porque no estamos ante un mero tendido eléctrico bajo el Mediterráneo, sino ante un movimiento que afecta a la posición estratégica de España en el sistema energético europeo y, por tanto, a su lugar en la dialéctica efectiva entre Estados.

Y es que España, a costa del bolsillo de los españoles, se ha convertido en los últimos años en una de las principales potencias renovables de la Unión Europea. La expansión de la energía eólica en el norte y centro peninsular, junto con el despliegue masivo de parques solares en Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, ha situado a nuestro país en posiciones destacadas en producción renovable. A ello se suma una red de plantas regasificadoras que conforma la mayor capacidad de regasificación de Europa occidental. ¿Qué significa esto? Algo de gran importancia: que en términos productivos, España dispone de una base productiva suficiente como para actuar como plataforma energética hacia el continente. Sin embargo, esa potencia productiva tropieza una y otra vez, desde hace lustros, con un obstáculo estructural bien conocido: la limitada interconexión eléctrica y gasística con Francia, que mantiene a la península como una suerte de isla energética. Durante años, París ha justificado la lentitud en ampliar la capacidad de intercambio a través de los Pirineos alegando razones técnicas o de equilibrio del sistema. El resultado, en cualquier caso, es inequívoco: el excedente renovable español no puede fluir masivamente hacia el núcleo centroeuropeo. Una de las razones por las que España sufrió un apagón general el año pasado; un «experimento» en el que Francia no quiso colaborar, ya que se negó a comprar la energía renovable sobrante, y que ha estado a punto de repetirse varias veces. Y no sólo eso, sino que además está llevando a quemar gas para compensar la inestabilidad que produce la generación renovable, aumentando el precio de la electricidad aun cuando hay días que se vende en negativo.

Es importante saber, por otra parte, que Francia basa en gran medida su sistema eléctrico en la energía nuclear. Esa estructura le proporciona una producción estable, con grandes volúmenes, que puede exportar a países como Alemania, Italia o Bélgica. Por eso la centralidad francesa en la red eléctrica europea no es casual, sino que responde a décadas de inversión estratégica y a una concepción del sistema energético como instrumento de influencia. A su vez, también es interesante tener en cuenta que, en determinados momentos, Francia ha importado electricidad española –especialmente renovable y a bajo precio en horas valle– para reexportarla posteriormente a otros mercados. Nada hay de irregular en ello desde el punto de vista del mercado –ese ente que muchos idealizan creyéndolo «libre» de su realidad política–, pero sí revela que el argumento de la «no necesidad» de energía española es, cuando menos, relativo. Si la electricidad peninsular no fuera útil no sería objeto de compraventa y reexportación.

En este contexto, abortada la posibilidad de unir Marruecos con Gran Bretaña, la aparición de un proyecto de tender un cable directo entre Marruecos y Francia, pasando por encima de España, introduce un elemento de notable interés. Marruecos ha desplegado en los últimos años una política energética ambiciosa, con megaproyectos como el complejo solar de Uarzazat, en cuya construcción participaron empresas españolas como Acciona, Sener o TSK. Además, algunas compañías españolas han sido seleccionadas para proyectos vinculados al hidrógeno verde y al desarrollo de infraestructuras renovables en territorio marroquí. Esto no deja de ser significativo, porque no se trata de una implicación marginal, ya que España aporta tecnología, ingeniería y capital humano al despliegue energético del reino alauí. Lo cual en principio no es reprobable, ya que son empresas buscando expansión y negocio. Pero sí introduce un problema de calado en la medida en que esas empresas, con su actividad –como ocurre en otros sectores como el hortofrutícola o el agropecuario– fortalecen al principal enemigo de España en contra de la propia España. A ello se suma la cooperación financiera europea, de la que España forma parte como contribuyente, que favorece el entorno de inversiones y la transición energética en el Magreb. El resultado es una paradoja, como decimos, evidente: España, que ve limitada la exportación de su propia energía hacia Europa por la «estrechez» de las interconexiones pirenaicas, participa al mismo tiempo en el desarrollo de capacidad productiva marroquí que podría acceder al mercado europeo por una vía alternativa.

Pero la pregunta es: si Francia ha sostenido durante años que no necesita la energía española, ¿por qué estaría dispuesta a admitir energía renovable procedente de Marruecos? La respuesta no puede buscarse exclusivamente en términos de oferta y demanda, porque esta no es una cuestión estrictamente económica –si es que existe algo que pueda ser estrictamente económico–, sino que es más bien de carácter político, o más bien geopolítico. Y es que desde la lógica de la competencia interestatal, desde la dialéctica de Estados, lo decisivo no es sólo la naturaleza de la electricidad, sino la posición desde la cual se controla su acceso al mercado. Así, un cable que conecte directamente Marruecos con Francia convierte al territorio francés en el nodo de entrada y redistribución de esa energía hacia el resto de Europa. Francia no se limitaría a recibir electricidad, sino que se situaría como intermediario estructural entre África y el corazón continental. En cambio, una ampliación masiva de interconexiones con España reforzaría la posición peninsular como plataforma de acceso, otorgando a España mayor relevancia y mayor capacidad de negociación en el seno europeo.

Desde la perspectiva de la dialéctica de Estados, como decimos, lo que está en juego no es una supuesta animadversión bilateral, sino la defensa racional de posiciones estructurales. Lo que queremos decir con esto es que no queremos situar la escala de análisis en ciertas fobias e inquinas que marroquíes y franceses tengan con los españoles, aunque no se niegan. La escala es geopolítica, y desde esa perspectiva lo que podemos decir es que, con su bloqueo sistemático a España y con este acuerdo con Marruecos, Francia protege su centralidad. Y que Marruecos, por su parte, diversifica sus salidas y reduce su dependencia del tránsito español. España, en cambio, queda al margen del flujo si no es capaz de articular una estrategia coherente. Por eso, hablar de la «pinza» franco-marroquí puede resultar excesivo si se entiende en clave psicológica o conspirativa; pero no tanto si se plantea en la escala antedicha, porque sí existe una convergencia objetiva de intereses que, en determinados ámbitos –como el energético, el migratorio o diplomático, entre otros–, ha reducido y reduce el margen español. Francia ha respaldado sistemáticamente a Marruecos en cuestiones sensibles del Magreb, y Marruecos, por su parte, ha buscado afianzar su papel como socio privilegiado de potencias centrales europeas. Y en ese entramado España aparece con frecuencia como un actor reactivo, por no decir como un muñeco apaleado, más que como configurador del escenario que interesaría a su soberanía y fortaleza estatal.

Podría objetarse que España dispone de alternativas técnicas, como cables submarinos hacia Italia o hacia otros países del norte de Europa. Es cierto que la tecnología de corriente continua permite largas distancias, pero los costes se disparan con la profundidad marina y la longitud del trazado. Un enlace directo con Italia implicaría atravesar zonas del Mediterráneo de gran complejidad geológica y exigiría acuerdos regulatorios y comerciales de alto nivel. Hacia el Benelux o el norte europeo, la viabilidad económica sería todavía más exigente. Además, no basta con tender un cable, porque el país receptor debe estar dispuesto a integrar esos flujos en su red y en su mercado eléctrico. Algo que no es descartable, pero tampoco se ha hecho nada por comprobarlo. Aun así, la realidad geográfica y económica hace que la vía más óptima de interconexión para España siga siendo Francia, lo que convierte la relación energética hispano-francesa en un elemento estructuralmente conflictivo, y no algo contingente.

El problema de fondo radica, además, en la diferencia entre producir y articular. España ha fortalecido su capacidad productiva, pero no ha consolidado simultáneamente su posición nodal en la red europea. Algo que tampoco puede extrañar demasiado si atendemos a que la propia red eléctrica española dista de estar en una situación aceptable. En definitiva, España ha incrementado su potencia productiva sin asegurarse el control del flujo. Produce mucha electricidad gracias a las renovables, pero ¿para qué, además de para alimentar a la burbuja de las renovables y las cuantiosas mordidas que implica? Y es que en el ámbito energético, como en tantos otros, quien controla el flujo controla la dependencia y, por tanto, la capacidad de influencia.

Este cable franco-marroquí debe leerse, por tanto, como síntoma de una reorganización del espacio energético mediterráneo. Marruecos aspira a convertirse en plataforma africana hacia Europa. Francia busca consolidar su centralidad como puerta de entrada. Y España corre el riesgo de quedar como un mero productor periférico si no acompaña su alocada expansión renovable con una política activa de interconexiones y alianzas que refuercen su posición estructural. La cuestión no es meramente económica, ni siquiera exclusivamente energética; es política en sentido fuerte. En la dialéctica entre Estados –y, en su límite, entre proyectos imperiales que pugnan por ordenar regiones enteras– las infraestructuras son instrumentos de poder. O dicho de otro modo: un cable submarino no es sólo cobre y aislamiento, sino que es una línea que delimita quién articula el sistema y quién queda subordinado a él.

Si España quisiera desempeñar un papel relevante en la Europa de la transición energética, debería asumir que la potencia productiva es condición necesaria, pero no suficiente. Sin el control de los nodos, sin capacidad de negociación efectiva y sin una estrategia que trascienda el interés inmediato de ciertos sujetos y la mera ejecución empresarial en terceros países, el riesgo es claro: financiar, producir y colaborar, pero sin capitalizar ese esfuerzo en términos de posición. Y en el escenario contemporáneo, donde la energía define alianzas, dependencias y equilibrios, esa diferencia resulta decisiva.

Emmanuel Martínez Alcocer