Hacienda como garrote: récord de recaudación, cero investigaciones al poder

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero se ha convertido en algo muy distinto a lo que debería ser una administración al servicio del interés general. Hoy es un aparato recaudatorio voraz con un objetivo claro: apretar a los de siempre —autónomos, pymes y trabajadores— mientras mira hacia otro lado cuando se trata del dinero del poder político.

El Estado presume de récord histórico de recaudación. Nunca se había cobrado tanto a los españoles. Y, sin embargo, nunca se había investigado tan poco a quienes mandan. Es una paradoja obscena: Hacienda lo sabe todo de ti, pero nada parece saber de ellos.

Mientras llegan cartas de regularización —ahora por las cotizaciones de autónomos de 2024— y se asfixia al que levanta la persiana cada mañana, el dinero en metálico del PSOE sigue siendo territorio vedado. Existen testimonios que señalan cobros en efectivo entre miembros del comité federal. ¿Se ha abierto alguna investigación? ¿Hay comprobaciones sobre si ese dinero se declara? Silencio administrativo.

Lo mismo ocurre con patrimonios inexplicados que Hacienda rehúsa examinar. ¿De dónde sale la fortuna de José Bono? ¿Se ha investigado con el mismo celo que a un fontanero de barrio? ¿Y la de José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González? Grandes nombres, cero expedientes conocidos.

Preguntas aún más incómodas siguen sin respuesta. ¿De dónde sale el dinero con el que Pablo Iglesias mantiene un canal de YouTube desde México? ¿Qué papel jugó la financiación procedente de Venezuela en el nacimiento de Podemos? Son cuestiones gravísimas que un ministerio verdaderamente independiente debería investigar.

Pero aquí no se investiga: se protege.

El problema no es la recaudación en sí —un Estado necesita recursos—, sino el uso político de Hacienda. Hoy se ha normalizado que el Ministerio de Hacienda funcione como instrumento de intimidación: contra disidentes, medios críticos, tuiteros, instagramers o influencers que se atreven a denunciar al Gobierno, al PSOE o a sus satélites. A unos se les inspecciona por respirar; a otros no se les pregunta nunca.

Así se quiebra la confianza cívica. Cuando el ciudadano percibe que la ley no es igual para todos, deja de creer en el sistema. Hacienda ha pasado de ser árbitro a ser parte, de garantizar justicia fiscal a ejercer represión selectiva. Se ha convertido en garrote ideológico. Sería interesante que funcionarios del ministerio denunciarán las instrucciones que reciben y si son premiados o incentivados por perseguir a quienes indica el poder.

Este comportamiento es un escándalo democrático. La justicia fiscal exige investigar arriba con la misma contundencia con la que se persigue abajo. Lo contrario —lo que hoy ocurre— no es progresismo ni justicia social: es abuso de poder, impunidad y miedo.

Porque cuando Hacienda sirve al partido y no al ciudadano, la democracia enferma. Y España, con este ministerio convertido en arma política, va directa a la UCI institucional.

Javier García Isac