España, tradición política y cohesión nacional

Por lo general la historia política nacional suele narrarse como si su verdadera arquitectura institucional hubiera comenzado en el siglo XIX bajo la influencia del constitucionalismo liberal de raíz anglosajona, como si antes de ese momento solo hubiera existido un pasado informe destinado a ser superado. Sin embargo, la trayectoria histórica muestra una continuidad política mucho más profunda.

España contaba ya con una cultura institucional propia asentada en la estabilidad de la ley, la articulación de comunidades territoriales vivas y una concepción del poder orientada al bien común mucho antes de que los modelos liberales importados alteraran ese equilibrio.

El III Concilio de Toledo del año 589, con la conversión de Recaredo, no sólo selló la unidad religiosa del reino visigodo, sino que consolidó una noción política de comunidad fundada en la convergencia entre autoridad, ley y cohesión social. Esa idea se reforzó con el reinado de Recesvinto y la promulgación del Liber Iudiciorum en el siglo VII, un cuerpo legal que aspiraba a regir de manera común a hispanorromanos y visigodos y que fijaba la primacía de una ley estable por encima del arbitrio personal del gobernante. En ese momento temprano aparece ya un rasgo constante de la tradición política española, la convicción de que el orden político legítimo nace de la continuidad histórica de la comunidad y no de construcciones abstractas desligadas de ella.

Durante la Edad Media esa concepción se desarrolló mediante instituciones concretas. Las Cortes de León de 1188 convocadas por Alfonso IX reflejaban la participación orgánica de ciudades y estamentos en la vida política del reino. Los fueros municipales y territoriales, desde el Fuero de León hasta los sistemas jurídicos de Navarra, Aragón o Castilla, expresaban comunidades con derechos propios integradas en una unidad superior. La obra jurídica de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, con el Espéculo, el Fuero Real y las Siete Partidas, trató de ordenar el derecho del reino sin destruir su pluralidad histórica, confirmando que la unidad política española se entendía como integración de realidades diversas bajo un marco común de justicia y legitimidad.

Con los Reyes Católicos se consolidó esa lógica integradora. La unión dinástica no supuso la desaparición de las instituciones de los distintos reinos, sino su articulación dentro de una empresa política compartida. Las Cortes propias, los sistemas fiscales diferenciados y las estructuras locales siguieron existiendo en un conjunto que se reconocía como una misma comunidad política. La unidad no se identificaba con uniformidad administrativa, sino con un proyecto común capaz de integrar diversidad histórica. España se afirmaba como realidad política precisamente porque sus regiones conservaban su personalidad dentro de un horizonte nacional que las vinculaba.

Ese modelo histórico contrasta con la lógica introducida por el liberalismo decimonónico. La Constitución de Cádiz de 1812 y los textos posteriores impulsaron una concepción del Estado basada en el ciudadano abstracto, la soberanía entendida de forma puramente jurídica y la administración uniforme como ideal de racionalidad política. Las comunidades históricas dejaron de ser el punto de partida del orden político y pasaron a convertirse en piezas adaptables a un diseño institucional concebido desde arriba. Esta transformación no eliminó la diversidad española, pero sí debilitó los mecanismos orgánicos que la integraban.

La Constitución de 1978, nacida en un contexto histórico concreto y con la finalidad prioritaria de estabilizar la transición política, configuró una arquitectura territorial que pretendía responder a esa diversidad mediante el llamado Estado de las Autonomías. Sin embargo, su desarrollo posterior ha tendido a transformar identidades regionales históricas en estructuras políticas burocratizadas. Las comunidades autónomas no han reproducido el regionalismo histórico integrador, sino que han institucionalizado un modelo que politiza la identidad territorial, la somete a dinámicas partidistas y la encierra en aparatos administrativos que replican a menor escala las lógicas centralizadoras del propio Estado.

En lugar de fortalecer la riqueza regional como parte constitutiva de la nación, el sistema ha favorecido con frecuencia su desnaturalización. Las identidades históricas, que durante siglos habían sido realidades sociales vivas integradas en la unidad política española, pasan a definirse en términos competenciales, presupuestarios y burocráticos. Se convierten en instrumentos de disputa política, en plataformas de poder institucional y en espacios de producción normativa autónoma que tienden a reforzar fronteras administrativas y discursivas. Así, lo que en su origen fue diversidad integradora corre el riesgo de transformarse en diferenciación competitiva, y lo que debía acercar la administración al ciudadano puede terminar alejándola mediante capas sucesivas de aparato político.

El regionalismo histórico español respondía a una lógica muy distinta. Las regiones no eran compartimentos administrativos ni protoestados en construcción, sino comunidades reales cuya singularidad contribuía al conjunto nacional. España no existía al margen de sus regiones, ni las regiones al margen de España. Su relación era constitutiva y recíproca. La diversidad territorial no fragmentaba la unidad, sino que la hacía posible al integrarse en una empresa política común que la trascendía.

Un regionalismo coherente con esa tradición no consistiría en multiplicar parlamentos, estructuras ejecutivas y burocracias territoriales, sino en fortalecer la vida municipal, la cooperación interregional y la responsabilidad compartida dentro de un marco nacional firme. Significaría comprender que la riqueza de las regiones se potencia cuando se integra en un proyecto común y se debilita cuando se convierte en herramienta de competencia política o en justificación de estructuras administrativas autosuficientes.

Asumir los elementos positivos del tradicionalismo político español supone recuperar esa lógica de integración orgánica que caracterizó la evolución institucional de España desde la monarquía visigoda hasta la formación del Estado moderno. Supone concebir la ley como continuidad prudente y no como instrumento coyuntural, reforzar los cuerpos intermedios y las comunidades reales frente a la hipertrofia burocrática, y entender la unidad nacional como realidad histórica viva y no como mera construcción administrativa.

España dispone de una tradición política en la que la pluralidad regional y la unidad nacional no se excluyen, sino que se sostienen mutuamente. Reconocer esa herencia y orientarla hacia el presente permitiría avanzar hacia un modelo institucional menos dependiente de abstracciones ideológicas y más arraigado en la experiencia histórica que dio forma a nuestra comunidad política nacional. Allí donde el liberalismo tendió a sustituir la integración orgánica por diseños administrativos y equilibrios formales, la tradición política española recuerda que la estabilidad de un país descansa, ante todo, en la continuidad de su comunidad histórica y en la capacidad de sus instituciones para expresar esa continuidad en lugar de diluirla.

Juan Sergio Redondo Pacheco