Desde que los socialistas están en la Generalitat las sanciones han crecido un 400%. El tripartito ha recaudado 216.000 euros
La Razón – 5-3-2008
V. Fernández/J. Planes
Barcelona- Durante el debate de anteayer, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, recordó a José Luis Rodríguez Zapatero que «gobiernos como el suyo sancionan en Cataluña a ciudadanos por no rotular en castellano». El candidato socialista respondió que «la política lingüística de la Generalitat se lleva aplicando en los últimos 20 años». Lo cierto es que sólo se aplica desde 2003. Como ejemplo, Rajoy señaló a Manel Nevot, propietario de la inmobiliaria Fincas Nevot de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que fue multado con 800 euros por tener el rótulo y la hoja de reclamaciones sólo en castellano.
La Ley de Política Lingüística de la Generalitat puede multar a los comercios que sólo rotulen en castellano y fue aprobada en 1998, aunque no entró en vigor hasta 2003 y se comenzó a aplicar a finales de año, el último de gobierno de CiU. El PSC accedió a la Generalitat en 2004 y partir de ese momento empezó la mano dura. Ese año la administración autonómica interpuso 22 denuncias, con un valor de 46.300 euros.
En 2005 las denuncias se dispararon y fueron 119, con un importe total de 122.050 euros. Los últimos datos disponibles corresponden a 2006, año en el que las multas fueron 65, con un valor de 48.625 euros, según la consejería de Economía y Finanzas. Entre 2004 y 2006, siempre bajo una Generalitat socialista, se han interpuesto 206 multas por rotular sólo en castellano a comercios de Cataluña, con un importe total de 216.000 euros. En 2006 este tipo de sanciones significaron casi el 2 por ciento de los expedientes acumulados en la Generalitat.
Además, la mayoría de sanciones recaen sobre el comercio minorista, con un 37 por ciento del total de multas. Otros sectores multados son las grandes superficies, las inmobiliarias y las telecomunicaciones. El PP catalán lleva años denunciando esta política lingüística de sanciones y considera exagerado que se pueda multar con 900 euros un cartel que ponga «salida de emergencia» sólo en castellano o 1.200 euros por uno que reze «prohibido fumar». Así las cosas, el presidente del PP de Cataluña, Daniel Sirera, denunció que «desde que la Generalitat está dirigida por el PSC las sanciones lingüísticas han aumentado un 400 por ciento». CiU sólo interpuso dos denuncias durante su último año en el Gobierno catalán, pese a ser los padres de la polémica ley.
