La Consejería de Educación gallega ha comunicado a dos nuevas familias su rechazo a la petición de que escolares castellanohablantes puedan expresarse y utilizar material en este idioma en las asignaturas que sus centros deben impartir en gallego a raíz del decreto 124/2007, que establece un mínimo de 50 por ciento de asignaturas en esta última lengua. Los progenitores habían pedido a la Inspección Educativa que se respetase, a título individual, la condición de castellanohablantes de los alumnos en cuestión, sin interferir en la marcha del curso.
Los padres de alumnos a los que la Xunta no permite hablar castellano recurrirán al juez
La Consejería de Educación gallega ha comunicado a dos nuevas familias su rechazo a la petición de que escolares castellanohablantes puedan expresarse y utilizar material en este idioma en las asignaturas que sus centros deben impartir en gallego a raíz del decreto 124/2007, que establece un mínimo de 50 por ciento de asignaturas en esta última lengua. Los progenitores habían pedido a la Inspección Educativa que se respetase, a título individual, la condición de castellanohablantes de los alumnos en cuestión, sin interferir en la marcha del curso.
La cascada de notificaciones contrarias de la Xunta no ha hecho más que empezar, tras conocerse el primer caso de una alumna en el instituto Crucero Baleares de Culleredo (La Coruña). Fueron más de 2.000 los progenitores que enviaron su solicitud acogiéndose a las pronunciaciones y recomendaciones de la Unesco y decisiones como la del delegado de Educación en Galicia, que en noviembre explicaba a raíz de un caso en la villa de Pontedeume (La Coruña) que «no se le deberá poner impedimento para que los hijos del denunciante, como a cualquier otro alumno, empleen las dos lenguas oficiales de Galicia como lenguas de expresión». La única excepción a la norma general que interpuso el delegado fue la obligación de utilizar el gallego —o castellano, en su caso— en asignaturas de Lengua y Literatura.
Los afectados que ya han recibido la respuesta negativa de Educación a sus requerimientos preparan ya su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, instancia a la que la Xunta se remite para interponer un recurso a su resolución.
La decisión de la Xunta niega a los interesados una interpretación laxa del decreto que impone un 50 por ciento de horas lectivas en gallego. En éste, se establece que, «con carácter general», «en las áreas, materiales o módulos impartidos en lengua gallega el alumnado utilizará el gallego en las manifestaciones oral y escrita». Asociaciones como Galicia Bilingüe considera abusiva esta visión.
Irregularidad administrativa
Los afectados se quejan de que Educación —la resolución está firmada por el secretario xeral, Benito Fernández— no ha permitido a la Inspección resolver las solicitudes. «Suponemos que en la Inspección ha habido gente que se ha opuesto y gente que no; directamente, ha sido Educación la que se ha pronunciado al respecto», explican desde Galicia Bilingüe, que consideran que así se les impide ejercer el derecho al recurso de alzada —por vía administrativa, y no judicial—. La comunicación de Educación explicita que la notificación «pone fin a la vía administrativa».
