Se convierte en la primera autonomía que regula administrativamente este derecho
25-7-2008 – LA RAZÓN
M. Poveda – Madrid
La Rioja ha tomado definitivamente la delantera en el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Si este mismo mes, en un solo día, su Tribunal Superior de Justicia dictó ocho sentencias a favor de los padres opositores -en este mes ya son 22 los dictámenes favorables-, ahora ha sido la Consejería de Educación riojana la primera en admitir formalmente el derecho a objetar, siempre y cuando se presente por la vía administrativa y conforme a un modelo estipulado. La consejería dice que lo regula «a la vista de las recientes sentencias del TSJ».
La solicitud de objeción debe incluir un párrafo de los padres en el que asuman las «consecuencias de todo orden, especialmente de las desfavorables, que pudieran derivarse de los pronunciamientos de los tribunales competentes». Este añadido no sorprende a Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, que comenta que «no aporta nada porque evidentemente cualquier persona que objeta asume todas las consecuencias de su acto de objeción».
Hasta ahora sólo la Comunidad Valenciana ofrecía alternativas reales a los opositores a Educación para la Ciudadanía. Mediante una orden de la Consejería de Educación, el Gobierno de Francisco Camps desarrolló un «plan B» que consiste en la presentación de un trabajo trimestral en inglés y sobre un tema relacionado con la Constitución, bajo la tutoría de los propios padres.
Con esta iniciativa, La Rioja toma así la delantera a Madrid, que anunció su compromiso de formalizar la objeción, pero todavía no lo ha hecho, al parecer porque busca una alternativa.
Cumplir promesas
De las otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, Urcelay espera que Castilla y León «rectifique», pues dijo que no aceptaría la objeción, y Murcia, -que anunció que protegería a los opositores-, «concrete como lo hará».
