«El derecho a elegir modalidad lingüística no es un derecho fundamental, que no es absoluto, sino relativo y condicionado a la planificación y organización del sistema escolar». Ésta es la contestación del jefe del servicio de inspección Educativa de Castellón a la solicitud de un padre de Villarreal para escolarizar a su hijo en la línea de castellano.
La inspección educativa de Castellón niega el derecho a elegir la lengua para educar a los hijos
L.DERQUI
VALENCIA. «El derecho a elegir modalidad lingüística no es un derecho fundamental, que no es absoluto, sino relativo y condicionado a la planificación y organización del sistema escolar». Ésta es la contestación del jefe del servicio de inspección Educativa de Castellón a la solicitud de un padre de Villarreal para escolarizar a su hijo en la línea de castellano.
La controversia lingüística vuelve así a dar otra vuelta de tuerca tras la reciente creación en la provincia de Castellón de una plataforma más en defensa del castellano en el sistema educativo y por la libertad de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos.
El caso de la familia villarrealense se remonta al inicio del proceso de matriculación de un hijo de tres años, momento en el que los padres de éste comprobaron que ninguno de los colegios públicos del municipio ofertaba enseñanza en castellano, la llamada la línea PIP (Programa de Incorporación Progresiva), en la que la mayoría de asignaturas se imparte en castellano y sólo algunas en valenciano.
El padre, Antonio García, natural de Cuenca, solicitó entonces plaza en los dos centros concertados del municipio «Nuestra Señora de la Consolación» y «Fundación Flors», los dos únicos que dan clases en castellano. En ambos centros la demanda de plazas es muy superior a la oferta, por lo que su petición no fue considerada.
Un temido «vendaval»
La Conselleria le propuso entonces matricular a su hijo en el municipio que dispusiera de línea en castellano más cercano a Villarreal, sin especificar cuál, si bien se ofreció a correr con el coste del trasporte y comedor, o en un centro titularidad del Obispado con un diseño de enseñanza individualizada. Ante esta situación, y dada la insistencia de García en solicitar una línea en castellano, que advirtió a la Administración de su intención de llevar el caso a los tribunales, le llamaron del colegio «Fundación Flors», desde donde le ofrecieron una inesperada plaza que había quedado vacante. A pesar de que el problema de su hijo se ha «solucionado», Antonio García mostró su indignación por el contenido de la carta remitida desde el servicio de Inspección Educativa, en la que, además de recordársele que la ciudad de Villarreal es territorio valenciano hablante y que la oferta en castellano es «residual» y limitada a los centros concertados, se insiste en que el derecho a elegir la modalidad lingüística «no es un derecho fundamental».
En cuanto a la posibilidad de ampliar la ratio de las líneas en castellano de los centros concertados, la inspección educativa castellonense reconoció que sería «una espita por la que penetraría un vendaval que socavaría las bases de una mínima planificación escolar».
«No estamos en una dictadura, sino en una democracia», indicaba ayer indignado García, quien destacó que «es increíble que nos impongan una cosa y no nos den libertad para elegir. Nosotros no nos oponemos a que nuestros hijos estudien valenciano, ni a que estudien alguna asignatura en esta lengua. Apoyamos que quien quiera estudiar en valenciano lo haga, pero por lo mismo nadie debe oponerse a que nosotros lo hagamos en castellano».
Un diez por ciento de éxito
El caso del hijo Antonio García no es único. «Muchos padres eligen los colegios concertados solo porque quieren que sus hijos estudien en castellano, y estos centros sólo han admitido un diez por ciento de solicitudes, el resto han quedado sin plaza, lo que justificaría que pusieran una línea PIP en colegios públicos, ya que son muchos niños».
El caso de Villarreal se une al detectado hace unos días en Benicasim, donde los padres han comenzado a movilizarse ante el «acoso al castellano», en una dinámica en la que, con el plácet del Ayuntamiento, se les insta a los niños a hablar valenciano en el recreo. En ambos casos, al igual que en otros municipios de la provincia, apenas existen centros públicos que impartan clase con línea PIP.
La Conselleria admite la existencia de ciertas situaciones de conflicto lingüístico a las que hay que buscar una solución con el fin de garantizar a los padres el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. En este sentido, fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que hay convocada una reunión de alto nivel entre representantes de la Conselleria y de diferentes administraciones de la provincia de Castellón para abordar el problema.
