La Asociación Profesional de la Magistratura reaccionó calificando de «deplorables las cotas de agresividad y enfrentamiento» con el Poder Judicial que, a su juicio, mostró el Ejecutivo de Ibarretxe.
M. L. G. F.
10-11-2006-ABC
La Asociación Profesional de la Magistratura reaccionó calificando de «deplorables las cotas de agresividad y enfrentamiento» con el Poder Judicial que, a su juicio, mostró el Ejecutivo de Ibarretxe.
BILBAO. El Gobierno vasco ha pasado de las palabras a los hechos en su enfrentamiento con la judicatura y ha comunicado a los máximos responsables del Poder Judicial en la Comunidad autónoma que ha decidido retirarles las viviendas oficiales que ocupan, como adelantó ayer «El Correo».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, confirmó ayer haber recibido la comunicación del Gobierno vasco, en la que no se explicaba el motivo de la decisión, pero no expresó ningún comentario al respecto. La judicatura vasca se encuentra en una difícil posición, ya que todos los medios materiales para impartir Justicia son competencia del Ejecutivo de Ibarretxe. El problema no son los cinco pisos que puso a disposición de la cúpula judicial para incentivar la permanencia de jueces y fiscales en un destino difícil, marcado por el terrorismo etarra, sino el poder que tiene el Ejecutivo autónomo para dotar o no a la Administración de Justicia de los medios materiales que necesita.
Ahora hay preocupación en la judicatura vasca, a pesar de que la presión de los nacionalistas a los jueces tiene historia. Al inicio del proceso judicial contra Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, la dirección del PNV, entonces con Xabier Azalluz al frente, se concentró a las puertas de la Audiencia, donde cantaron el himno del soldado vasco. También varios dirigentes del partido presentaron escritos de autoinculpación cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió admitir a trámite la querella contra el lendakari por su reunión con los cabecillas de Batasuna.
La intromisión de Imaz
Ayer, el presidente de la ejecutiva del PNV, Josu Jon Imaz, incidió en la trayectoria de presión al Poder Judicial y llegó a pedir la creación de «mecanismos de protección» para defender al «sistema democrático» de las actuaciones de los jueces cuyas decisiones no gustan al nacionalismo vasco.
Imaz pidió de hecho la intromisión del poder político en el judicial al reclamar que los partidos trabajen «conjuntamente para buscar mecanismos para proteger las instituciones democráticas de los sectores judiciales de actitud pre democrática».
Para Imaz, quienes imparten justicia en contra de los intereses de su partido son jueces «ultraconservadores» e «involucionistas». En su opinión, es necesario un «compromiso democrático ante ciertas instituciones» y debe actuar el Tribunal Constitucional cuando, según sus planteamientos, «se atacan derechos fundamentales, como los del lendakari».
Los jueces han empezado a romper su tradicional silencio frente a las críticas políticas y la Asociación Profesional de la Magistratura reaccionó ya el miércoles a las palabras de la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, calificando de «deplorables las cotas de agresividad y enfrentamiento» con el Poder Judicial que, a su juicio, mostró el Ejecutivo de Ibarretxe en su declaración con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia absolutoria del «caso Atutxa».
La Asociación Profesional de la Magistratura argumentaba que «no resulta admisible que los resortes que el ordenamiento jurídico pone en manos del Poder Ejecutivo para la búsqueda y satisfacción del interés público, puedan ser utilizados para la defensa del interés personal de alguno de sus miembros o de afiliados a los partidos políticos que sustenten dicho poder».
