Hay una vía de ingresos semioculta en los presupuestos de la Generalitat, que consiste en la recaudación por multas lingüísticas. Una modalidad que prevé la ley de política lingüística de 1998 y que el tripartito ha exprimido al máximo para imponer sanciones por no utilizar en catalán en los comercios
7-11-2008 – ABC
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA
Sólo en 2007, la Agencia Catalana de Consumo, adscrita a la Consejería de Economía (en manos del PSC), recaudó 2,9 millones tras fijar 733 expedientes resueltos con sanción. De éstos, 83 corresponden a comercios cuyos rótulos no están escritos en catalán, según consta en una respuesta parlamentaria a la Generalitat instada por el PP. Además, hay 55 expedientes en fase de tramitación o de propuesta de sanción. De todos estos expedientes, 40 se han abierto por denuncias. El resto incluyen una diversa tipología, como extender facturas donde no se usa la «lengua propia» de Cataluña, atender a la clientela en un idioma diferente o no disponer de impresos en catalán, entre otros.
El caso Nevot
Uno de los comerciantes damnificados por la política lingüística del tripartito es el agente de la propiedad inmobiliaria Manel Nevot, multado en 2005 por el Gobierno autonómico con 400 euros por no rotular en catalán su establecimiento, situado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en catalán -«Fincas Nevot. API»-. Nevot se encuentra inmerso en un proceso judicial, una vez la Generalitat confirmó la multa. Y aunque es de los pocos particulares que se han atrevido a llevar a la Generalitat ante los tribunales, dada la lentitud judicial, no es el único que ha sido objeto de sanciones. La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, denunció ayer que el Gobierno
