La pelea se libra, en cualquier caso, en torno a la definición de Andalucía como «realidad nacional».
10-10-2006-La Razón
Madrid- El Estatuto de Andalucía ha cambiado de cara durante su tramitación en la ponencia del Congreso de los Diputados. Lo que llegó siendo una copia del Estatut en todos los apartados más polémicos ha sido reconducido en buena parte, aunque aún quedan importantes flecos por arreglar. El PP se arroga la responsabilidad de «traer al PSOE» hacia su modelo y de obligarle a reconocer que el catalán «no sirve», puesto que «sólo» lleva a un Estado residual e incapaz de cumplir eficazmente con sus funciones.
Hoy es la última reunión de la ponencia a puerta cerrada antes de que el texto entre ya en comisión, y el balance es que han cambiado 101 artículos de los 213 del proyecto, modificaciones que, según el PP, han ido dirigidas a constitucionalizarlo, respetando la ampliación de la autonomía; a reconducir el sistema de financiación dentro de la multilateralidad de la LOFCA; y a garantizar la igualdad y la solidaridad interterritorial.
No obstante, quedan por resolver cuestiones trascendentes como los artículos que reconocen el derecho a una muerte digna (eufemismo para el PP de la eutanasia) y de la enseñanza laica; el blindaje de competencias (arreglado en parte); el Consejo de Justicia andaluz, previsto como órgano desconcentrador del Poder Judicial (sí se ha corregido la definición de un Tribunal Superior de Justicia que limitaba al Tribunal Supremo a la unificación de doctrina); o la participación en la designación de miembros del Banco de España, de la Comisión del Mercado Nacional de Telecomunicaciones, del Tribunal de Cuentas, del Consejo Económico y Social y demás organismos reguladores.
La pelea se libra, en cualquier caso, en torno a la definición de Andalucía como «realidad nacional». En el maquiavélico juego de admitir en Madrid lo contrario de lo que se ha hecho en el Parlamento andaluz, se ha llegado a la situación surrealista de que los socialistas han sugerido, por ejemplo, mantener esa definición, pero acompañarla de la precisión de la «unidad indisoluble de la nación española».
Contradicción in terminis.
Mientras, la dirección del PP se mueve entre su discurso nacional y el interés de la organización que preside Javier Arenas por llegar a un acuerdo que espante el fantasma del referéndum andaluz de 1981, que abrió una herida de muerte en la UCD. En ningún caso se aceptará la definición de Andalucía como «realidad nacional», aunque oficiosamente se abre la puerta a estudiar otras «fórmulas» que se ajusten al principio de la constitucionalidad.
Los «populares» miden los pasos ante una batalla a la que se reconoce influencia en la arena electoral andaluza, pero que también, según algunos sectores del partido, influye en el discurso nacional, sobre todo en la medida en que Rajoy se plantea acudir a las elecciones generales con una propuesta de modificación constitucional que reconduzca las consecuencias del proceso de reforma del modelo de Estado impulsado por el PSOE. De haber consenso, al PP siempre le quedará la carta de atribuirse el mérito de evitar que se reproduzcan «desmanes» como el Estatut, pero perderá fuerza la necesidad de tal cambio en la Carta Magna. Ángel Acebes condicionó ayer el apoyo de su partido a que el texto resultante del trámite en el Congreso de los Diputados sea «útil y plenamente constitucional». «El PP será garantía de respeto a la Constitución», concluyó.
