Los ‘populares’ señalan que todavía quedan ‘vías sucesivas de impugnación’ de las listas de Bildu. El Ministerio de Justicia recuerda que las sentencias del TC ‘deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y poderes públicos’.

Redacción

Viernes, 6 de mayo de 2011 | El Ministerio de Justicia ha hecho público un comunicado mostrando su respeto y acatamiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo presentado por Bildu, tras la sentencia de ilegalización del Tribunal Supremo (TS).

Según se cita en el comunicado, ‘el Gobierno ha actuado de conformidad con lo dispuesto en las leyes, siguiendo los procedimientos establecidos’ y recuerda que, en el Estado de Derecho, a cada poder del Estado corresponden concretos cometidos. El Gobierno ha cumplido con los suyos, defiende el Ministerio bajo control de Francisco Caamaño.

A través de la Abogacía del Estado, argumenta el Gobierno, se impugnaron todas las candidaturas presentadas por Bildu al considerar que de los informes en su poder, entre otros, los de la Guardia Civil y la Policía Nacional, se derivaban ‘motivos suficientes para cuestionar su legalidad’.

El Gobierno admite que, interpuesto el recurso de amparo, el TC ha reconocido que Bildu puede participar en las elecciones del próximo 22 de mayo y que ‘las decisiones del máximo intérprete de la Constitución, que tiene la última palabra en esta materia, deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y poderes públicos‘.

El PP recuerda que todavía se puede ilegalizar a Bildu

Por su parte, el PP -también en un comunicado de prensa- manifiesta su respeto por la decisión del TC pero ‘lamenta profundamente que las pruebas que convencieron al Tribunal Supremo de que Bildu es una estrategia diseñada por ETA, no hayan convencido a una exigua mayoría del Tribunal Constitucional‘.

Los populares consideran que ‘es una mala noticia’ que Bildu esté en las urnas el próximo 22 de mayo pero advierten que esta decisión no es definitiva ‘porque caben, como hemos venido diciendo, otras vías sucesivas de impugnación‘. En esta línea, el PP pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para ‘desenmascarar cualquier fórmula fraudulenta que permita al brazo político de ETA o a sus coaligados eludir la Ley, concurrir a unas elecciones democráticas y obtener representantes en las instituciones mientras ETA no abandone las armas’.

¿Cómo hacerlo? Así lo expone el PP:

• En primer lugar, “si durante la campaña electoral” se “tuviera conocimiento de circunstancias que impidan la presentación de candidaturas”, el Gobierno debe interponer nuevo recurso para anularlas ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, y tiene de plazo hasta el próximo día 12 de mayo. (Nuevo art. 49.5 LOREG)

• Posteriormente, “desde la votación hasta la proclamación de electos”, la nueva vía recogida en el art. 108 permite al Gobierno presentar “demanda de ilegalización del partido o partidos integrantes de la coalición”, si se demostrara que se han convertido en instrumentos de ETA, así como solicitar la suspensión cautelar de la proclamación de sus electos, evitando que tomen posesión de sus cargos.

• Por último, si llegaran a tomar posesión de sus escaños, hay que recordar que la reforma de la Ley Electoral incluye también (art. 6.4) la previsión de aplicar, “en cualquier momento del mandato”, “la incompatibilidad sobrevenida” a todos los electos que hayan concurrido a las elecciones en fraude de Ley y que hayan formado parte de candidaturas de partidos o coaliciones sucesoras o continuadoras de un partido ilegal. (art. 108.4 bis)

Finalmente, el PP exige al Gobierno que dé instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que sigan recabando ‘los elementos de convicción y de prueba’ al objeto de que todos los representantes en las instituciones lo sean en nombre de la democracia y nunca en nombre y al servicio de las estrategia de ETA.