El Ejecutivo de Zapatero concedió al catalán las partidas económicas incluidas en el Plan Hidrológico para hacer los trabajos alternativos Los ingenieros creen que la obra obligará a que se hagan expropiaciones.
17-4-2008 – LA RAZÓN
Javier Brandoli
MaDRID- Los gobiernos central y catalán tienen que hacer encaje de bolillos para explicar que una obra a la que se opusieron frontalmente sea ahora recuperada. Primero, el Congreso, en 2005, decidió derogarla expresamente. Luego, la Generalitat recibió 649 millones de euros para acometer las obras hídricas que estaban previstas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001. El Partido Popular preguntó por ellas y, tal como adelantó LA RAZÓN, sufren retrasos generalizados. Eso sí, el dinero ya está en la caja. Por último, ahora los técnicos apuntan a que la obra tiene serias dificultades técnicas, que podrían acarrear numerosas expropiaciones.
Dinero y resultados
Derogar el PHN del PP tuvo consecuencias prácticas, que se han rentabilizado a nivel político y económico. La Generalitat y el Ejecutivo de Zapatero llegaron a un acuerdo por el que los primeros recibían las partidas presupuestarias previstas para ejecutar las obras del proyecto hídrico derogado. En esta partida se incluían fondos europeos. En total, fuentes del Partido Popular aseguran que fueron 649 millones de euros. Sin embargo, los trabajos, que en muchos casos han sido modificados, tienen retrasos de más de dos años. Lo más rocambolesco es que en el caso de la obra que se va a realizar en los próximos meses -la conexión entre Tarragona y Barcelona-, se votó en el Parlamento su anulación expresa.
El PHN de 2005, cuando ya había pasado por el filtro del PSOE, eliminó esta actuación. Los socialistas y sus socios de Gobierno en 0la anterior legislatura decidieron cambiar el artículo 1, párrafo 2, que hacía referencia a una ley de 1981. Entonces, con el Gobierno del PP, quedó redactado así: «Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de municipios de las provincias de Tarragona y Barcelona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa, cuyo otorgamiento no comprometerá volúmenes de agua del Ebro(…)». Ésta fue la modificación del PP.
Cuatro años después, el PSOE modificó este artículo. Sólo quitó una palabra: Barcelona. En concreto, el Congreso aprobó en el apartado 1 de la disposición adicional segunda del nuevo PHN el mismo artículo, pero quitando a la Ciudad Condal la posibilidad de recibir un trasvase de agua del Ebro, que es exactamente lo mismo que ahora va a hacer.
¿Expropiaciones?
La obra que llevará el agua desde Tarragona hasta Barcelona discurrirá pegada a la autovía AP-7. El Gobierno dijo ayer que el montante económico del proyecto es de 180 millones de euros, pero matizó que no está cerrado. ¿Por qué? Porque los trabajos técnicos se han realizado contrarreloj y ahora queda por comprobar cuál será la afección final de la obra. Fomento es el titular de los terrenos y al ser una autovía tiene un derecho de servidumbre de 50 metros desde la valla que la delimita, lo que les otorga el derecho de expropiar por vía de urgencia si se necesitan los terrenos para obras públicas. Aunque el proyecto es meter la tubería cerca de la cuneta, hay zonas en las que habrá que desviarse. «Es muy posible que en una canalización de 60 kilómetros las complejidades técnicas obliguen a desvíos y a tener que entrar en parcelas privadas», explica Edelmiro Rua, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos. «Una estación de bombeo puede ocupar más de 20 metros», puntualiza. El Gobierno no dice nada de este asunto.
