El deber de saber catalán impide la unanimidad sobre el estatuto balear

El texto sale del Congreso con el apoyo de la mayoría de la Cámara.

Rocío Ruiz

22-12-2006-La Razón

MADRID- El Estatuto de baleares pasó ayer el trámite del Congreso con el respaldo de la mayoría de la Cámara (292 votos a favor, 14 abstenciones y 2 en contra) y sólo con la abstención de IU-ICV y ERC. El texto, que salió del Parlamento balear con 75 artículos y un acuerdo del 80 por ciento de su Cámara, ha sido ampliado a su paso por el Congreso hasta llegar a alcanzar los 140 artículos y un alto grado de consenso. De hecho, uno de los pasos más importantes que se ha dado en este sentido ha sido el pacto PP-PSOE en aspectos clave como ha sido el reconocimiento del déficit histórico de las islas y la inversión de 2.500 millones de la Administración central en un plazo de siete años.

El único escollo que impidió ayer la unanimidad fue que no se impusiera el derecho y el deber de saber catalán, tal y como exigían IU, ERC. CiU y PNV también demandaban este cambio, así que apoyaron la reforma global, pero pidieron votación a parte del artículo 4 que regulaba el uso de la lengua. De hecho, la diputada de IU Isaura Navarra, había condicionado su voto favorable a que se transaccionara una enmienda en la que se sintieran todos cómodos y se regulara esta demanda.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hizo hincapié en los «cambios profundos» que se habían introducido que han hecho del estatuto un texto «nuevo». «Reafirma el modelo de Estado que configura nuestra Constitución», dijo, y destacó entre los principales avances conseguidos que se regule el régimen especial balear que reconoce el hecho específico y diferencial de su insularidad y que se contemple la regulación de los consejos insulares como una institución de gobierno propia de cada isla.

La diputada popular María Salom destacó entre los logros obtenidos que el estatuto «vaya a resolver las carencias institucionales» que existían, que por primera vez se reconozca a Formentera una identidad propia y que se regule el catalán como lengua cooficial de Baleares junto al castellano. En definitiva, «el texto conjuga la lealtad al proyecto común con el autogobierno», sentenció.

Francesc Antich, por el PSOE, puso de relieve el «amplio consenso político obtenido con un resultado final que favorece los intereses de los ciudadanos de las islas» y enumeró una larga lista de aspectos que pasan a regularse entre los que se encuentra la creación de la Agencia Tributaria de las islas Baleares, la unidad de la lengua, la regulación de competencias, el poder judicial y que la Administración ajuste sus políticas públicas a la realidad peninsular de la comunidad autónoma, especialmente en transportes, infraestructuras, telecomunicaciones, energía, medio ambiente, turismo y pesca.