La resolución se opone a la dictada anteayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ampara el citado derecho. El Foro Asturiano de la Familia admite que los alumnos continúan sin ir a clase y amenaza con una querella criminal si observa persecución.
6-3-2008 – La Nueva España
Oviedo / Madrid,
Agencias / P. Á.
El consejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, afirmó ayer que en el informe de la Inspección constatará si los alumnos asturianos que plantearon objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía están asistiendo o no a clase, tras la sentencia dictada hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que denegaba a los padres el derecho a la objeción. La resolución del alto tribunal asturiano se opone a la dictada anteayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ampara el citado derecho. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra.
Riopedre explicó, en declaraciones a «Europa Press», que la Inspección está trabajando y que dentro de sus funciones figura comprobar si los alumnos van a clase. «No se trata de andar persiguiendo a nadie, estoy esperando a ver el informe de la Inspección para ver si realmente van o no van a clase», indicó Riopedre, quien precisó que éste no es un trabajo específico, sino una tarea «normal y cotidiana» de la Inspección en los centros educativos. El Consejero ya advirtió el pasado 15 de febrero de que los alumnos que no cursen Educación para la Ciudadanía suspenderán.
Todo apunta a que las comprobaciones no serán demasiado arduas. Ángel Mario Díaz, presidente del Foro Asturiano de la Familia (entidad que en el Principado ha impulsado varias decenas de objeciones), señaló que tanto su propio hijo como otros alumnos de centros públicos y privados no están acudiendo a clase. Los responsables del Foro sostienen que, pese a la sentencia asturiana contraria a sus demandas, sólo el Tribunal Supremo puede establecer la obligación de que los estudiantes vayan a clase.
«No nos consta que haya ningún tipo de persecución por parte de la Administración, pero es que no puede haberla, porque se encontrarían con una querella criminal por coacción a menores», manifestó Ángel Mario Díaz.
El consejero de Educación espera que el Tribunal Supremo resuelva «lo más pronto posible el asunto» y unifique criterios en torno a los recursos que puedan llegar sobre Educación para la Ciudadanía. Si se analizan las sentencias asturiana y andaluza, se observa que una de las claves fundamentales -tal vez la más importante- es que el tribunal asturiano argumenta que «se desconoce el contenido de las asignaturas a cuya enseñanza se oponen» los demandantes. Entre tanto, el tribunal andaluz indica que pese a que el ministerio fiscal y la Junta de Andalucía aducen que los demandantes no precisan los contenidos de la asignatura que vulneran su libertad ideológica o de conciencia, «basta leer la demanda para apreciar que sí que se indican los aspectos de los que se discrepa».
De otro lado, ayer prosiguió -en pleno fragor de la campaña electoral- la cascada de reacciones referidas a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, anunció que recurrirá la sentencia ante el Supremo y reprochó a los jueces su falta de «sensibilidad», dado que «alguien puede sospechar» que hay voluntad de «interferencia» en el proceso electoral.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, señaló que «no hemos acabado el camino que algunos padres han decidido emprender, veremos qué pasa». El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó de «gran noticia» la decisión judicial y criticó que se quiera «imponer» una asignatura para «adoctrinar a los niños». Rajoy reiteró que si gana los comicios, la suprimirá. En Asturias, la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, enfatizó que deben «respetarse» las leyes aprobadas en el Parlamento español.
Según la asociación Profesionales por la Ética, cerca de 27.000 familias han presentado objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, 3.000 de ellas en el último mes. Asimismo, el Foro de Laicos Asidonia aseguró que en los últimos días se han presentado 250 nuevos escritos de objeción en la provincia de Cádiz.
