Un alto funcionario municipal lleva el bloqueo ante los tribunales por considerar que el Consistorio incumple las leyes actuales.
Extracto del recurso contencioso-administrativo presentado contra el Ayuntamiento de Barcelona por impedir el uso del español.
Redacción
Miércoles, 29 de junio de 2011 | El Ayuntamiento de Barcelona veta el uso del español en los dispositivos digitales de teléfono. Antonio-Francisco Ordóñez Rivero, alto funcionario del Consistorio, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Municipal de Hacienda por bloquear el uso del español en los nuevos telefónos de los funcionarios y obligar al uso exclusivo del catalán, en contra de la legislación actual.
Hace unas semanas, al Ayuntamiento cambió los teléfonos de los funcionarios del Instituto Municipal de Hacienda —así como los de otros departamentos del Ayuntamiento—y la empresa distribuidora de los dispositivos fijos realizó cursos de manejo de los aparatos. El pasado 3 de junio, según ha podido saber LA VOZ DE BARCELONA, la empresa informó a los funcionarios de Hacienda de que los aparatos están configurados en español y en catalán, pero que “por orden de arriba” la función del uso en español “está capada”. Es decir, la empresa telefónica ha instalado unos teléfonos con las dos opciones lingüísticas oficiales pero el Ayuntamiento ha ordenado que se bloquee el uso del español.
Antonio-F. Ordóñez considera que, en base a la legislación actual, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta decisión del Ayuntamiento es irregular. Comprobó que los telefónos tienen bloqueada la opción de uso del español y ha decidido llevar esta discriminación lingüística ante los tribunales.
Ordóñez avisa de que llegará hasta el final
El alto funcionario municipal, previamente, envió un requerimiento administrativo al Ayuntamiento el pasado 6 de junio. En él pedía que se habilitara la opción de uso del español, junto a la de uso en catalán —ya instalada por la empresa telefónica y que no supone mayor coste económico—, para que los funcionarios eligieran la opción de uso que —en base a sus derechos— considerasen oportuno. No recibió respuesta.
Extracto de la denuncia administrativa contra el Instituto Municipal de Hacienda, de la que Ordóñez no ha tenido respuesta.
Así, el pasado lunes, 27 de junio, presentó un recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo pidiendo exactamente lo mismo: la opción de elegir cualquiera de las dos lenguas oficiales en el uso de los dispositivos digitales fijos, recientemente instalados por el Ayuntamiento. Además, advierte de que el Consistorio debe usar las dos lenguas oficiales de Cataluña en todos los ámbitos comunicativos: ‘intranet corporativa, software y teléfonos’.
Ordóñez ha señalado a LA VOZ DE BARCELONA su intención de llevar esta reclamación “a todos aquellos ámbitos” municipales en los que se obligue a una de las dos opciones lingüísticas por parte del “poder público” y ha recordado que el TC desestimó la opción “preferente” para el catalán en el uso de y entre las Administraciones públicas.
