Las últimas declaraciones de José Montilla sobre la posible inconstitucionalidad del modelo lingüístico del Estatuto han sido de una gravedad y de una bajeza moral preocupantes.
Las últimas declaraciones de José Montilla sobre la posible inconstitucionalidad del modelo lingüístico del Estatuto han sido de una gravedad y de una bajeza moral preocupantes.
Montilla ha acusado al Tribunal Constitucional de poner en riesgo la convivencia en Cataluña y de crear una «fractura social» –ni más ni menos– si este tribunal considera que el catalán y el castellano son en igualdad las dos lenguas oficiales de Cataluña, y si pone en cuestión la inmersión lingüística obligatoria en catalán.
¿Quiere decir Montilla, pues, que atenta a la convivencia que los niños catalanes puedan estudiar en catalán y castellano a la vez? ¿Quiere decir que provoca «fractura social» que la Administración Pública en Cataluña dirija sus comunicaciones a los ciudadanos en catalán y en castellano? ¿Quiere decir que emitir una película española en castellano en TV3 va a provocar enfrentamiento social?
Pues, si el Molt Honorable piensa así, lo primero que deberá hacer para ser consecuente es sacar a sus hijos del prestigioso colegio alemán al que van, donde aprenden en las dos lenguas oficiales de Cataluña, además de alemán e inglés, y llevarlos a una escuela pública para que solo puedan estudiar en catalán; y deberá pedirles a sus compañeros de partido socialista en el Baix Llobregat que dejen de hablar en castellano con sus conciudadanos; y deberá ir este año a la Feria de Abril de Cataluña y exigir públicamente que todos los carteles de las casetas estén solo en catalán para no provocar; y deberá dejar de pedir el voto en castellano en la próximas elecciones en determinadas barriadas y ciudades de Barcelona, entre ellas Cornellà. Porque, mientras no lo haga, estará colaborando gravemente en la creación de la «fractura social» que algunos medios de comunicación y partidos pretendemos crear en Cataluña reivindicando un bilingüismo institucional, según dijo el presidente.
Pero lo más grave no es el pésimo nivel del argumentario montillesco, ni la lamentable escena del lunes en el Institut d´Estudis Catalans viendo a un socialista cordobés apelando al endurecimiento de las políticas de asimilación lingüística con los inmigrantes que lleguen a Cataluña. Lo verdaderamente grave es ver la deslealtad que comete un presidente de una Comunidad Autónoma amenazando y acusando a un Alto Tribunal, antes incluso de emitir su sentencia, de crear «fractura social» o de romper la convivencia en una parte del territorio español sin que un solo compañero socialista, ni un solo miembro del Gobierno español, sin que una sola voz a nivel nacional –al margen de Ciudadanos– pida un mínimo respeto para las instituciones democráticas del Estado.
Está claro que los asimilados son peor que los auténticos nacionalistas, básicamente porque se tienen que pasar toda la vida demostrando que pueden llegar a ser igual de reaccionarios que los originales.
Albert Rivera
Presidente de Ciutadans
