La sentencia por la que el Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el decreto que permitía a los alumnos de Bachillerato superar un curso con hasta tres o cuatro asignaturas suspendidas, a través de un curso intermedio, no es una simple corrección jurídica y formal a un precepto indebidamente enfocado, sino toda una desautorización de fondo al sistema educativo vigente.


La sentencia por la que el Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el decreto que permitía a los alumnos de Bachillerato superar un curso con hasta tres o cuatro asignaturas suspendidas, a través de un curso intermedio, no es una simple corrección jurídica y formal a un precepto indebidamente enfocado, sino toda una desautorización de fondo al sistema educativo vigente. Sencillamente, el fallo es un varapalo a la imposición de un modelo educativo fallido de origen que ABC denunció en su momento y que el Gobierno ha pretendido moldear a conveniencia de parte para tratar de maquillar el creciente deterioro de nuestra educación y las alarmantes cifras de fracaso escolar. Más que a estrictos criterios jurídicos, el alto Tribunal ha atendido a criterios de sentido común al impedir que los alumnos puedan acceder al segundo curso del Bachillerato pese a arrastrar prácticamente la mitad de las asignaturas del curso anterior, matriculándose de ellas por separado. El artículo anulado es además otra prueba de las contradicciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de su caprichosa esquizofrenia legislativa porque pese a haber aprobado en 2006 la LOE –que prescribía un máximo de dos asignaturas suspensas para poder superar un curso– en 2007 aprobó el decreto ahora desautorizado para desarrollar aspectos del Bachillerato que, de forma paradójica, eran radicalmente incompatibles con su propia ley. Y eso es lo que el alto Tribunal ha puesto en evidencia.

La sentencia del Supremo responde asimismo a la senda que impone la lógica y deja al descubierto las lamentables consecuencias de legislar sin consenso entre los dos partidos mayoritarios, un consenso que debería ser obligado cuando afecta a una cuestión crucial para un país como es la educación de sus jóvenes. Tristemente, la regulación de la educación en España está más condicionada por las exigencias partidistas, doctrinarias e ideológicas de la formación política de turno, en este caso el PSOE, que por su consideración como una auténtica cuestión de Estado. Los resultados están ahí y son demoledores. Basta con repasar las conclusiones del Informe Pisa u otras estadísticas para advertir que España continúa a la cola de Europa en excelencia educativa y sin expectativas de remontar. Las advertencias del Supremo contra los aspectos inmoralmente adoctrinadores de la asignatura Educación para la Ciudadanía –pese a no haber avalado la objeción de conciencia, sí abrió la puerta a futuros recursos–, y el golpe sufrido ahora con el Bachillerato retratan a la perfección a este Gobierno sin rumbo ni criterio coherente.