La Voz de Barcelona

El pleno del Parlamento autonómico de Cataluña ha acordado este miércoles continuar la tramitación del Proyecto de Ley de Consultas Populares no Referendarias -y no vinculantes- aprobado a finales de diciembre por el Gobierno autonómico de Cataluña. CiU pretende utilizar esta ley para amenazar al Gobierno con la convocatoria de una consulta sobre el concierto económico sin la autorización del Gobierno o, llegado el caso, incluso sobre la independencia de Cataluña.

La estrategia de la federación nacionalista pasa por enmendar los errores que, para sus intereses, cometió el tripartito con la anterior Ley de Consultas Populares por vía de Referendo, y que supuso que el Gobierno interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley por considerar que ‘vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre regulación y convocatoria de referendos’.

Crea una figura jurídica ad hoc

CiU ha puesto a trabajar en profundidad a sus asesores jurídicos para retorcer la letra y el espíritu de la Constitución, de las leyes nacionales y de las sentencias del Tribunal Constitucional, con el objetivo de tratar de evitar, a toda costa, que el Gobierno pueda vetar una consulta. Una fórmula que, sin duda alguna, cualquier tribunal consideraría un fraude de ley.

La maniobra, que hace tiempo que vienen anunciando, plantea crear una figura jurídica ad hoc que permita hacer consultas lo más parecidas a un referendo, pero intentando que los tribunales no las consideren como tales. Para ello, en vez de una Junta Electoral (formada por jueces, catedráticos de derecho y responsables del censo electoral), se creará una Comisión de Seguimiento (formada por representantes de los convocantes, por organizaciones sociales y por personas independientes de reconocido prestigio) y una Comisión de Control (formada por juristas de reconocido prestigio). Y, en vez del censo electoral, se utilizará el padrón municipal y se permitirá votar a los mayores de 18 años con nacionalidad de cualquiera de los países del Espacio Schengen con residencia en Cataluña.

Un redactado ambiguo a la hora de establecer las materias objeto de consulta

Sin embargo, la parte clave del proyecto de CiU es la materia sobre la que se puede realizar consultas. Según el texto que este miércoles ha pasado el primer trámite parlamentario, el objeto de la ley -así reza el artículo 1- es regular las consultas populares no referendarias para ‘escuchar las opiniones de la ciudadanía respecto a las actuaciones y competencias que afecten a la Generalidad de Cataluña, así como a los entes locales de Cataluña en el ámbito de sus competencias’.

Se trata de un redactado que amplía lo que dice el artículo 122 del Estatuto (la Generalidad podrá legislar y convocar consultas populares únicamente ‘en el ámbito de sus competencias’) y que es lo suficientemente ambiguo como para tratar de esquivar la jurisprudencia constitucional, que en reiteradas ocasiones ha dejado claro que las CCAA solo pueden convocar consultas sobre asuntos que sean de su competencia, y no de la Administración General del Estado.

Durante el debate parlamentario, la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega (CiU), ha subrayado que el objetivo de la ley es “conocer las opiniones de los ciudadanos en relación a cualquier aspecto de la vida pública“. La diputada autonómica Dolors Batalla (CiU) ha señalado que el proyecto pretende realizar consultas “sin tener que pedir permiso a Madrid”, frente a algunas formaciones políticas a las que les gustaría tener “un pueblo sometido, callado y obediente, un pueblo de corderos silenciosos”. Y ha apuntado la posibilidad de utilizar la ley para “reclamar un trato fiscal justo por parte del Estado”.

El PSC denuncia su inconstitucionalidad pero retira la enmienda a la totalidad

La posición más sorprendente, sin duda, ha sido la del PSC, que tras denunciar que el actual texto presentado por el Ejecutivo autonómico es “claramente” inconstitucional, han retirado las enmiendas a la totalidad que habían presentado. Laia Bonet (PSC) ha asegurado que la ley esconde, en realidad, un referendo que evite la autorización del Gobierno. “¿Es eso lo que quieren, crear una categoría de consultas inconstitucionales?”, se ha preguntado.

Bonet ha denunciado que la intención de CiU “no es crear un instrumento de consulta, sino preparar el terreno, calentar el ambiente”, y crear “un verdadero instrumento de propaganda política al servicio del Gobierno [autonómico] que sirva a la estrategia del pacto fiscal”, una estrategia que llevará a Cataluña “a un precipicio” y que desembocará en “la frustración cuando empiece nuevamente la batalla ante el Tribunal Constitucional”. A pesar de estas críticas, el PSC ha justificado la retirada de las enmiendas a la totalidad con el argumento de que quieren “consensuar” el texto y ajustarlo a la legalidad durante el trámite parlamentario.

El PP recuerda que el PSOE recurrió la anterior ley, del PSC

Por parte del PP, Santi Rodríguez también ha subrayado la flagrante ilegalidad del proyecto, y se ha confesado “desorientado” por las acusaciones de inconstitucionalidad lanzadas desde el PSC contra este texto cuando fue un Gobierno presidido por el PSOE el que llevó la Ley de Consultas Populares por vía de Referendo ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que la aprobó el tripartito. Rodríguez ha lamentado la calculada ambigüedad del redactado, y se ha mostrado convencido de que su objetivo es “legitimar” consultas sobre la independencia y sobre pactos fiscales, materias sobre las que la Generalidad no tiene competencia.

Además, ha criticado “la visión centralista” y “jacobina” de CiU, ya que el texto es ambiguo respecto al margen de actuación del Gobierno autonómico, pero muy restrictivo a la hora de definir el marco de los ayuntamientos. Por último, ha recordado que el informe del gabinete jurídico de la Generalidad ha destacado que, a pesar de que el Estatuto ordena que ‘el objeto de la consulta se encuentre dentro del ámbito de las competencias de la Generalidad’, en este proyecto de ley ‘no se establece de forma explícita la exclusión de ninguna materia específica’.

ICV-EUiA, ERC y Solidaritat consideran la ley poco ambiciosa

Dolors Camats (ICV-EUiA) ha lamentado que la ley de “consultas nacionales” sea “poco atrevida” y nada “ambiciosa, ni valiente”. “Se queda más bien corta”, ha subrayado. Mientras que Pere Aragonès (ERC) ha advertido de las dificultades de aplicarla, puesto que hay “un campo de minas jurisprudencial” en su contra. Y Alfons López Tena (Solidaritat) ha considerado que se trata de una ley “restrictiva”.

Por parte de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado que se dedique esfuerzos a hacer una ley para convocar consultas sobre competencias que no tiene la Generalidad, mientras que, en más de treinta años, no se haya podido desarrollar una ley electoral autonómica para corregir el actual sistema, que beneficia a los partidos nacionalistas, “un sistema donde un voto de un ciudadano de Cataluña vale hasta cuatro veces menos, en función de la parte de Cataluña donde vota”, ha indicado. Rivera ha instado al Ejecutivo autonómico a preguntar a los ciudadanos sobre los recortes, la sanidad, la subida de impuestos, las tasas por medicamento o el bilingüismo en las escuelas. “Plantaremos cara frente a ese tipo de retos a la Constitución, al Estatuto y a la legalidad, pero estaremos al lado si ustedes quieren preguntar sobre las competencias que tenemos en Cataluña”, ha anunciado.