Casi 120.000 personas han abandonado el País Vasco durante el mandato de Ibarretxe

Un régimen nacionalista intolerante y el temor a ser asesinados por ETA obligó a trasladarse a vivir a otras regiones de España a profesores, aparejadores, niños, políticos, empresarios, curas……

02-05-2007-La Razón

Cerca de 200.000 ciudadanos han salido de la comunidad en los últimos 15 años  Denuncian que mientras el Gobierno acerca presos terroristas no hace nada para facilitar su regreso  El censo electoral, «gravemente alterado» por la presión nacionalista.

mADRID- Es imposible saber cuáles son las razones que han llevado a abandonar el País Vasco a cerca de 200.000 personas en los últimos 15 años. Si se mira 25 años atrás, son un total de 383.700 los ciudadanos vascos los que han optado por dejar su tierra, según los datos reflejados en el Estudio de Variaciones Residenciales del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, según el mismo informe, 119.000 lo han hecho durante el mandado de Ibarretxe, por lo que está claro que su marcha ha tenido que ver con razones políticas, sostiene el Foro Ermua. Del total de 383.700, el 60 por ciento se ha trasladado a otro lugar de España por la actividad terrorista de ETA, así como por la asfixia del nacionalismo.

No hay apenas datos que reflejen esta realidad, pero sí la constatación de que las reestructuraciones de la industria pesada, así como la reconversión industrial llevaron a muchos trabajadores vascos de origen emigrante a volver a su lugar de procedencia. Tampoco existe un número exacto de empresarios vascos que han huido de la comunidad en la que nacieron, ni de aquellos que, aunque han decidido quedarse, se han visto obligados a modificar su política empresarial espantados por la presión terrorista.

850 asesinatos y 3.000 heridos

De lo que sí existen cifras exactas es de la tragedia: un total de 850 asesinatos y más de tres mil heridos en atentados terroristas. Decenas de miles de ciudadanos que no pueden vivir tranquilos porque están amenazados de muerte conforman un éxodo político de 200.000 personas de entre una población de dos millones, lo que, obviamente, trufa el censo electoral. Uno de cada cuatro jóvenes decide emprender su actividad profesional lejos de la comunidad autónoma vasca, algo que ha hecho «ponerse las pilas» al Gobierno vasco para conseguir que estos chicos regresen a sus hogares de nacimiento.La muerte de Franco trajo consigo la democracia a toda España y a todos los españoles, excepto a varios cientos de personas ubicadas «inoportunamente» en una comunidad autónoma, la vasca. Allí, un régimen nacionalista intolerante y el temor a ser asesinados por ETA obligó a trasladarse a vivir a otras regiones de España a profesores, aparejadores, niños, políticos, empresarios, curas, amas de casa, funcionarios, periodistas, concejales, jueces…

Son cerca de 200.000 los ciudadanos vascos que viven un exilio obligado, que están privados del derecho fundamental a residir en su propio país. Estas cifras globales esconden tras de sí la evidencia de que la marcha forzada afecta a los ciudadanos que no comulgan con el nacionalismo. El fin último sería el logro de un país hecho por nacionalistas, para nacionalistas, en el que éstos admitirían a quienes no criticaran los excesos de los herederos de Sabino Arana.

Ante la triste realidad, una parte de los expulsados han formado las llamadas «Comisiones de la Diáspora». Denuncian, en primer lugar, «la ilegitimidad que desde un punto de vista democrático supone el modo en que se ha configurado el actual mapa político del País Vasco». Asimismo, constatan que el censo electoral de la comunidad autónoma se encuentra «gravemente alterado por procedimientos terroristas y coactivos, y no sólo por la eliminación física de numerosas personas, sino por el éxodo», provocado por ETA, directa o indirectamente.

Otro agravio comparativo es que el Gobierno vasco únicamente reconoce el exilio de los nacionalistas, huidos con motivo de la dictadura franquista a los que ofrece ayuda económica, a través de las Euskal Etxeas esparcidas por todo el mundo y, especialmente, en Iberoamérica. En cambio, no admiten la diáspora actual, acaecida en una supuesta democracia plena y causada por el terrorismo nacionalista y quienes lo apoyan.

Mientras los exiliados nacionalistas pueden ejercer su derecho al voto, los «españolistas», no. La única manera de poder hacerlo en el País Vasco es seguir empadronado allí, algo legalmente imposible porque habría que residir más de 180 días. Prácticamente, también es difícil porque el ayuntamiento del lugar en el que se vive exige el empadronamiento para situaciones tan cotidianas como escolarizar a los niños, solicitar un piso o conceder el permiso de aparcamiento para residentes… Esta realidad beneficia a los nacionalistas que, por ejemplo, en las elecciones autonómicas de 2001 ganaron a los constitucionalistas por 30.000 votos. Si no existiera el exilio forzoso, el triunfo se habría producido a la inversa.

Quienes no sienten pasión por ese anhelo colectivo de la patria independiente y defienden la libertad y los derechos individuales, carecen de futuro en el País Vasco actual. Lo afirman buena parte de quienes conforman ese éxodo que dejan su tierra con «enorme tristeza». Aquellos que no viven en clave nacionalista sobran, aunque sean vascoparlantes, como sucede con muchos profesores. Es el amor a su tierra el que les hace ejercer una defensa numantina de su derecho a vivir en su país. En caso contrario, se habrían ido al minuto. El colectivo que primero se vio obligado a coger una camino de largo recorrido fue el de los empresarios. ETA les exigía dinero y si no se lo daban, los mataban.

«Medida ejemplarizante»

Como medida ejemplarizante, la banda asesinó a finales de los años setenta a Ybarra -empresario «españolista»- y a Berazadi, empresario nacionalista. Con todo, la gran mayoría aguantó, aunque muchos han sobrevivido cediendo al chantaje terrorista. Otros son auténticos héroes que cada vez que recibe la carta de ETA -últimamente, los escritos de chantaje vienen con un código de referencia personalizado para cada cliente- valoran la situación y siguen…., rodeados de escoltas que les protegen, pero les impiden vivir en libertad.

La última coacción tuvo lugar la pasada semana. Un grupo de empresarios recibió cartas de extorsión de ETA en las que los terroristas les exigían entre 180.000 y 300.000 euros, cantidades sensiblemente mayores de las que habían reclamando hasta la fecha. Esta campaña de cobro del denominado «impuesto revolucionario» por parte de los terroristas y el temor a que vuelvan a cometer atentados ha hecho que algunos industriales y representantes de las patronales vascas hayan optado por recuperar sus escoltas.

La realidad de lo ocurrido en el País Vasco en las tres últimas décadas es de tal magnitud que sólo se percibe extrapolando las cifras: 850 asesinatos, más de tres mil heridos y decenas de miles de personas amenazadas de muerte, a los que hay que unir el éxodo de casi 200.000 ciudadanos que se produce entre una población de dos millones de personas. Si sucediera en Alemania, los datos serían de 33.000 asesinatos, 120.000 heridos o 6 millones de exiliados.

Ante la magnitud de estas cifras, Los ciudadanos desterrados por el régimen nacionalista del País Vasco decidieron, el 26 de febrero 2005, formar las Comisiones de la Diáspora Democrática del Foro Ermua para denunciar y tratar de corregir «la limpieza del censo», permitiendo la inscripción en el mismo de los desterrados como «residentes- ausentes con domicilio en otra comunidad autónoma» con derecho a participar en las elecciones autonómicas, municipales y, en su caso, forales.

Asimismo, podrían votar en los referéndum y consultas populares de ámbito autonómico, local o foral; y, si ejercieran su derecho, no podrían votar en el lugar en el que actualmente tengan su domicilio.

Entre otras situaciones, también denuncian que el Gobierno Vasco y los partidos nacionalistas se han preocupado hasta la obscenidad de los presos terroristas que no cumplen condena en el País Vasco, de las familias que tienen que desplazarse fuera de nuestra comunidad para visitarlos, de dar amparo a Batasuna y evitar toda medida orientada a derrotar a ETA, «pero no han hecho nada para impedir que nosotros nos tuviéramos que marchar, ni para facilitar nuestro regreso, ni para permitirnos el ejercicio de nuestros derechos políticos en la comunidad de la que nos han echado».