Canarias se otorga un estatus que la aleja de España y la desprotege frente a África

El PSOE apoyó en el archipiélago una Ley de Transferencias que divide al partido al llegar a Madrid.

C. Morodo

29-01-2007-La Razón

Madrid- El Congreso abordará en febrero la tramitación del nuevo Estatuto de Canarias, que fue aprobado por el Parlamento del archipiélago el pasado 13 de septiembre con el respaldo del PSOE y de Coalición Canaria (CC) y el voto en contra del PP, por considerar que el texto incluía apartados de dudosa constitucionalidad. A su sombra y en un marco ya preelectoral, la misma mayoría ha impulsado una significativa proposición de ley de Transferencias de Competencias (LOTRACA), que discretamente ha llegado a la Cámara Baja y está pendiente de su toma en consideración en Pleno, por la que se reclama la cesión de un conjunto de prerrogativas que ninguna comunidad autónoma se arroga en sus nuevos estatutos, ni siquiera la catalana.

Pirueta legal

La decisión de recurrir a una Ley de Transferencias es un ejercicio de funambulismo legal para sortear una de las barreras contra las que chocó el tripartito y CiU en su batalla por engordar sus poderes a costa del Estado: la de que el proyecto de reforma de un estatuto, pese a tener carácter orgánico, no es una ley de transferencias. Así llegó a advertirlo el propio Consejo Consultivo de la Generalitat ante la pretensión de los partidos catalanes, salvo el PP, de asumir todo el control de la inmigración o del espacio radioeléctrico, lo que acabó siendo reconducido en parte.

Los promotores del nuevo Estatuto canario han tratado de sortear un veto fundamentado en ese mismo motivo a la transferencia de competencias intrínsecamente ligadas a la soberanía y que conceden a Canarias un estatus diferenciado del resto de autonomías y, muy particularmente, de Baleares, con quien comparte la insularidad.

Las consecuencias pueden no ser menores, y más si se tiene en cuenta que en el Estatuto se define a Canarias como un archipiélago atlántico y se recuerda incluso su pasado africano. En concreto se reivindica su singularidad como población «protohistórica de origen norteafricano que no conoció la obra civilizadora de Roma ni ninguna otra influencia civilizadora externa hasta mediados del siglo XIV».

Desde el punto de vista del derecho internacional, conceder a Canarias un estatus tan extremadamente diferenciado de la Península podría servir de base para alimentar las pretensiones de otros Estados o de organizaciones internacionales que defienden la tesis de que debe seguir avanzando hacia un «régimen de descolonización».

Hay doctrina elaborada sobre la supuesta «situación que atraviesan las Islas Canarias por la dominación colonial que ejerce España desde el siglo XIV» y ha llegado a plasmarse en resoluciones internacionales como la aprobada por la Organización de la Unión Africana (OUA) en 1968, que reivindica el «carácter africano de las Islas Canarias».

Las corrientes independentistas autóctonas, como el llamado Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, apelan tanto a la resolución citada como a la aprobada el 14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General de la ONU, en la que figuraba la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Coalición Canaria, por su parte, tiende a hacer algún que otro guiño a estos movimientos nacionalistas, y más en tiempos electorales.

A nivel nacional, una vez que la «pelota» está ya en el tejado del Congreso, el PSOE se ha encontrado con el problema de que no ve asumible en Madrid la LOTRACA, pero no quiere tampoco dar la cara con la campaña de los comicios de mayo ya en marcha. Fuentes socialistas admiten que la iniciativa ha generado división interna.

Entre las competencias que se reivindican y que no tiene ninguna comunidad, ni siquiera Cataluña, destacan: la gestión de puertos y aeropuertos (en el caso catalán se recondujo a la creación de un consorcio, como paso previo); la residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios, es decir, plenos poderes sobre inmigración (el Estatut se queda en la exigencia de los permisos de trabajo, mientras que hasta ahora el Estado se encargaba de todo salvo la acogida y la integración); la zona marítimo-terrestre, costas y playas; el espacio radioeléctrico (se eliminó del Estatut); o la Sanidad exterior.