La directora general de Política Lingüística de la Consejería de Educación y Cultura del Ejecutivo balear, Margalida Tous, formalizó ayer la adhesión de la Comunidad presidida por el socialista Francesc Antich al «Protocolo general entre el Gobierno vasco, la Generalidad de Cataluña y la Junta de Galicia en materia de política lingüística», que había sido suscrito el 16 de marzo de 2007.


Viernes, 28-11-08

JOSEP MARÍA AGUILÓ

PALMA DE MALLORCA.

La directora general de Política Lingüística de la Consejería de Educación y Cultura del Ejecutivo balear, Margalida Tous, formalizó ayer la adhesión de la Comunidad presidida por el socialista Francesc Antich al «Protocolo general entre el Gobierno vasco, la Generalidad de Cataluña y la Junta de Galicia en materia de política lingüística», que había sido suscrito el 16 de marzo de 2007.

Dicho protocolo recogía entre sus objetivos esenciales su deseo de que «el Estado español y la Unión Europea adopten medidas y acciones normativas, ejecutivas y presupuestarias» con el propósito de proteger y fomentar el uso del catalán –que es también una de las dos lenguas oficiales en Baleares–, el vasco y el gallego. La vigencia de dicho protocolo es hasta el 31 de diciembre de 2009, prorrogable por periodos anuales.

Cabe recordar que desde julio del pasado año hay en la comunidad autónoma de Baleares un gobierno de centroizquierda, que preside el socialista Francesc Antich, conformado por seis partidos, tres de ellos nacionalistas, que son Unión Mallorquina, el Partido Socialista de Mallorca y Esquerra Republicana. Los otros tres son el PSOE, Izquierda Unida y Los Verdes. Por lo que respecta a la Consejería de Educación y Cultura, está en manos del PSOE.

En el acto de adhesión al citado protocolo, que se celebró ayer en el Monasterio de la Real de Palma de Mallorca, estuvieron también presentes el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika; la secretaria general de Política Lingüística de la Junta de Galicia, María Sol López, y el secretario de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña, Bernat Joan.

«Nuestras lenguas deben ser elementos de cohesión social», destacó Tous, mientras que Baztarrika afirmó que «el Estado no sólo debe ser creyente del plurilingüismo, sino también practicante».

Belleza y diversidad

Joan, por su parte, señaló que «la belleza proviene de la diversidad», y López indicó que «hace falta mucha pedagogía en el reconocimiento de las lenguas».

A partir de ahora, los cuatro gobiernos autonómicos colaborarán para que «el Estado posibilite el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en el ámbito de sus propias instituciones», especialmente en el Congreso y el Senado, la Administración de Justicia, las sociedades estatales y empresas como Correos y Renfe, y también para que el Estado «garantice un uso adecuado de las lenguas propias en las respectivas comunidades autónomas y cumpla las correspondientes legislaciones en vigor».

Los firmantes del protocolo también acordaron trabajar de forma conjunta «para que el Gobierno central incluya, al menos en la enseñanza no universitaria obligatoria, nociones básicas de las lenguas propias del Estado diferentes al castellano».

Asimismo, se quiere que «el Estado español incluya elementos de la historia y la cultura reflejados en las lenguas regionales o minoritarias» en el programa estatal de estudio, y que los programas escolares de los estudiantes que viven en otros lugares de España en donde sólo se habla castellano «recojan la presencia de las lenguas regionales o minoritarias, su historia y su carácter tradicional».

Otro objetivo común será el de fomentar «estrategias destinadas a la difusión internacional de los productos culturales y de sus creadores», así como la utilización de esta proyección internacional «para aumentar el prestigio de nuestras lenguas y culturas» y el impulso de otras estrategias «para incrementar la presencia del vasco, el gallego y el catalán más allá de las fronteras respectivas».

En Baleares, curiosamente, las dos medidas que supusieron un mayor impulso de la lengua catalana en el Archipiélago fueron aprobadas años atrás por el PP.

En concreto, en 1986 se aprobó, bajo la presidencia del popular Gabriel Cañellas, la Ley de Normalización Lingüística, que en su artículo 6 afirma que «el catalán, como lengua de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares, lo es también del Gobierno autónomo, del Parlamento y de los Consejos insulares, y, en general, de la Administración pública, de la Administración local y de las Corporaciones e instituciones públicas dependientes de la Comunidad autónoma».

Posteriormente, en 1997, y ya con Jaume Matas como presidente autonómico, se aprobó el llamado «decreto de mínimos», que, de hecho, suponía que la mayor parte de la enseñanza en los centros escolares podía ser en lengua catalana.