El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha cerrado en falso el juicio al lendakari Ibarreche y ha abierto una disputa jurídica que habrá de resolver la Sala Segunda del Tribunal Supremo, convertida en protagonista anticipada de esta causa por la discutible aplicación que han hecho los jueces del tribunal vasco de la llamada «doctrina Botín».


El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha cerrado en falso el juicio al lendakari Ibarreche y ha abierto una disputa jurídica que habrá de resolver la Sala Segunda del Tribunal Supremo, convertida en protagonista anticipada de esta causa por la discutible aplicación que han hecho los jueces del tribunal vasco de la llamada «doctrina Botín».
Según el TSJ del País Vasco, el caso debía quedar sobreseído porque sólo habían presentado cargos las acusaciones populares, Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, y estas entidades no estarían legitimadas, por sí solas, para sentar el banquillo al lendakari ni al resto de acusados, los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y diversos dirigentes batasunos, como Arnaldo Otegui. El fiscal, por su parte, se opuso a la apertura del juicio oral. El archivo de esta causa se basa en una objetable interpretación de la «doctrina Botín», con la que los jueces del tribunal vasco –dos de ellos, porque el presidente ha votado en contra– eluden aplicar otra doctrina, la del «caso Atutxa», que habría permitido la continuidad del juicio. Con esta segunda doctrina, la Sala Segunda del TS reconoció la legitimación de las acusaciones populares para pedir y obtener, por sí mismas, la apertura de juicio oral cuando se esté juzgando un delito contra intereses generales, es decir, delitos que no causan víctimas en sentido estricto. Por eso, el TS condenó al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, en una causa penal que reproduce las mismas circunstancias del proceso contra Ibarretxe. La infracción de la «doctrina Atutxa» justifica técnicamente –cuestión distinta es la valoración de la oportunidad– los recursos anunciados por las acusaciones populares y confiere a su impugnación visos solventes de que prospere.

En el orden político, el lendakari Ibarreche se ha quedado sin juicio y sin argumento victimista de cara a las elecciones autonómicas y frente al electorado batasuno, ante el que quería presentarse como un mártir del diálogo político con la izquierda abertzale. Su defensa solicitó en la primera sesión del juicio que la vista oral continuara hasta llegar a una sentencia que confirmara su inocencia. El auto de sobreseimiento que ha dictado el TSJ vasco deja a Ibarreche sin esa sentencia absolutoria que coronaría su estrategia preelectoral, porque su exculpación se debe sólo a razones procesales y no de fondo. Además, la interpretación judicial que motiva el archivo no tiene garantía alguna de que dentro de unos meses el lendakari no vuelva a sentarse en el banquillo por orden del Supremo. El «caso Atutxa» también es ilustrativo en este sentido, porque, a pesar de que el Ministerio Fiscal apoyaba la absolución del ex presidente de la Cámara vasca, gracias a las acusaciones populares el Supremo pudo matizar la «doctrina Botín», revisar la sentencia absolutoria y acordar la condena del dirigente nacionalista.

Por tanto, parece que esta decisión del TSJ del País Vasco sobre el lendakari y los demás imputados abre un nuevo capítulo de un proceso judicial que tiene una clara proyección política. Y aunque esté extendida, la idea de la condena es improbable; esta causa contra los interlocutores de la negociación política con una organización ilegal y terrorista como Batasuna está revelando la necesidad de proteger al Estado de Derecho y la integridad de las sentencias judiciales que aplican la ley de Partidos Políticos. Si un partido tiene prohibida la actividad política y alguien se la facilita está cometiendo una infracción de la que debe responder, pero es un contrasentido forzar al Supremo a que asuma la grave tarea de ilegalizar a Batasuna y luego dejar impunes actos que, como los del lendakari Ibarreche, Patxi López o Rodolfo Ares, pasan por alto esa declaración de ilegalidad. Para el lendakari y los demás acusados, negociar con Batasuna es diálogo político. Para el resto de los ciudadanos fue desobedecer al Supremo y legitimar políticamente a terroristas.