Un 16 de diciembre de 1877 se realizaba en la Península la primera comunicación telefónica. Tal evento logró poner en contacto dos salas de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Varios de los involucrados en el experimento, entre ellos Antonino Suárez Saavedra, atestiguaron, sin embargo, que los resultados fueron algo catastróficos, pues «las pruebas de luz eléctrica con la máquina Gramme» hacían prácticamente indistinguible la voz del interlocutor, lo que impedía la correcta recepción del mensaje: «haciéndonos dudar de la verdad de todo cuanto se había escrito sobre el teléfono y temer por la salud de los empleados que tuvieran que usar tal sistema en el servicio público». Han transcurrido más de 140 años desde entonces y los efectos de la globalización positiva son cada vez más visibles. A la vista de lo que un día cualquiera puede llegar a ocurrir en las redes sociales, sin embargo, uno podría afirmar, parafraseando a Suárez, que Twitter pone en peligro la salud de quienes usamos tales sistemas en el servicio público de informar a la nación sobre las amenazas que la acechan.
Pongamos por caso lo sucedido el pasado lunes 16 de diciembre de 2019, fecha que coincide, por cierto, con la efeméride de aquella primera comunicación telefónica de 1877: el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ordena la intervención de la Junta de Andalucía y la red social Twitter explota en un guirigay de desconcierto, rabia, imprecisiones, aplausos, distorsiones, aclaraciones, indignación, cinismo, elogio, burla, escepticismo, justificaciones, hartazgo, impotencia, prisa, impaciencia, mofa y abucheos. La noticia se convierte en tendencia imbatible en redes sociales y ese día Twitter se comporta como el dichoso «teléfono estropeado», ese entretenimiento infantil que, por lo general, no compromete a nada ni a nadie y que suele dar lugar a estrafalarias situaciones cómicas.
El problema es que el dichoso «teléfono estropeado» de las redes sociales, puestas en manos de políticos, periodistas y opinadores de todo tipo de pelaje ya no causa ni risa, ni chirigota, sino preocupación extrema, dado que demuestra el grado de cinismo absoluto al que puede llegar un partido político con tal de mantenerse en el poder.
Pongámonos en situación. Juanma Moreno, primer Presidente no socialista de la Junta de Andalucía, fija el siguiente tuit a las 8 de la mañana del lunes 16 de diciembre: «Andalucía es hoy modelo de estabilidad y rigor, pero el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez interviene nuestra financiación y nos exige recortes por el déficit heredado. Esperamos una rectificación de esta medida arbitraria que atenta contra nuestra autonomía». Con «déficit heredado» se refiere al recibido del anterior gobierno presidido por Susana Díaz, del PSOE, y cuyas cuentas fueron elaboradas por María Jesús Montero, entonces Consejera de economía en Andalucía y ahora ministra de Hacienda en funciones. Es decir, el PSOE decide intervenir la Junta de Andalucía por incumplir la ley de estabilidad presupuestaria que el propio PSOE incumplió. Y decide hacerlo justo en el momento en que, por primera vez en su historia, el gobierno de Andalucía no está en manos de los pesoístas. Desde el Ministerio de Hacienda de Montero señalan, por supuesto, que no se trata de una medida de «carácter» político: «No existe ningún trato arbitrario hacia Andalucía. Es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados y la sostenibilidad financiera del conjunto del Estado lo que motiva a hacerlo». El escándalo desatado en redes sociales ante semejante desfachatez produjo fatiguilla moral de inmediato, como pueden imaginar.
Hace apenas unos meses, las urnas demandaron cambios en Andalucía tras cuarenta años de gobierno socialista fallido, pero al gobierno en funciones socialista le sobran escrúpulos para aplicar medidas restrictivas en una comunidad que solo ofrece datos económicos en positivo desde que gobierna la coalición PP-Cs. La verdad sea dicha: apetece aprovechar este artículo para denunciar las miserias de un partido que tiene el descaro de imponer criterios de control sobre Andalucía, su histórico feudo, mientras desatiende el auténtico caos provocado desde la Generalidad de Cataluña, donde a diario se generan descalabros de todo orden y condición, desastres que ponen en peligro, estos sí, no sólo la estabilidad económica de la región sino la propia integridad de la nación española.
Las miserias primogenéricas del PSOE en Andalucía evidencian una gestión de los recursos públicos deplorable, condenando a esta región a ser una de las más empobrecidas de Europa. Las investigaciones hablan de miles de millones de euros distribuidos en partidas presupuestarias de origen difuso catalogadas dentro de la llamada «administración paralela» y que únicamente hacen referencia, como sabemos, a una parte muy pequeña dentro de la corrupción delictiva perpetrada por el PSOE en Andalucía en los últimos años. Esta miseria es resultado directo de la actividad de dicho partido, es su responsabilidad.
Las miserias segundogenéricas remiten a su falta de ética una vez demostrada, por ejemplo, su implicación en casos que podríamos tildar de repugnantes (despilfarro en putas, drogas, banquetes, etc.) Otras miserias de orden moral tienen que ver con la compra del llamado voto cautivo, con la creación y financiación de «chiringuitos» o con el fomento del clientelismo y del enchufismo descarado. Dado el sectarismo político con el que se maneja en el PSOE, no hará falta decir que esta nueva acción es una zancadilla traicionera puesta al PP y a Cs por no aceptar los aciertos en gestión de la «derecha» y por no reconocer los resultados de esas urnas que tanto defienden. Este anuncio de intervención de la Junta de Andalucía no es solo un castigo a los ciudadanos que no les han votado (venganza por el caso de los ERE, sugiere Cayetana del PP), sino que es una medida de castigo a todos los andaluces por haber perdido allí el gobierno después de 38 años de oligarquía y desfalcos a placer. Cabe preguntarse: ¿harán lo mismo en Madrid? ¿Se atreverá el Gobierno de Sánchez a intervenir la financiación de otras comunidades gobernadas por la «derecha»? Lo cierto es que el comportamiento mafioso del sanchismo ha demostrado no tener escrúpulos de ningún tipo porque saben que el actual Gobierno de Andalucía no requerirá una mesa de diálogo, como hacen los cínicos separatistas a los que Sánchez necesita para la investidura.
Las miserias terciogenéricas del PSOE nos remiten a sus miserias ideológicas: la miseria de la filosofía de la socialdemocracia, la del progresismo fundamentalista, su adscripción a todo tipo de ideologías del cambio climático, animalismos y feminismos acríticos que se profesan por todo el planeta como cuestiones de fe; el fervor autonomista, el «federalismo asimétrico», sus políticas antinación española en favor de la cesión de toneladas de soberanía a Europa (a Alemania, quieren decir). El PSOE de 2019 se muestra alérgico a toda manifestación patriótica española, pero delicado y solidario con todas las causas minoritarias. Y mientras coquetean con los ademanes oligárquicos y elitistas de los separatistas gritan: ¡vivan las minorías marginadas! El asunto es encubrir el negocio que se traen con los sediciosos prometiéndoles más dinero, más privilegios, más ideología, menos 155 en Cataluña y más 155 encubierto en Andalucía y otras regiones españolas para ir afirmando su modelo federal asimétrico.
Una parte de los usuarios de redes sociales demandan una contundente respuesta popular a través de manifestaciones en la calle, exigiendo a los políticos que den la matraca en los medios de comunicación denunciando la situación. Pero es que la ciudadanía afín al actual gobierno de la Junta de Andalucía no tiene suficiente fuerza ni en la calle, ni en los medios, ni en las redes sociales. El teléfono estropeado de Twitter desvela una realidad trágica: muchos españoles siguen sin entender que, cuando hablamos del PSOE, no estamos tratando con un partido (un Gobierno en funciones) que busca el interés general (ni el nacional, ni el de los propios andaluces). Es un gobierno que descaradamente castiga a los andaluces y premia a las oligarquías separatistas.
Daniel López. Doctor en filosofía.
