El Estado contra la Nación

Tradicionalmente, el Estado moderno se entiende como garante de tres elementos esenciales: la soberanía, la unidad política y la igualdad ante la ley. La Constitución no nace como una herramienta al servicio del poder político ni un instrumento para blindar intereses particulares o reconfigurar la nación según conveniencias partidistas. Su función es reconocer jurídicamente una nación preexistente y dotarla de un orden común. El derecho ordena la vida política; no la dirige. Establece límites; no identidades.

Esta concepción no ha sido abandonada de forma explícita en nuestro país. No ha habido una suspensión formal del orden constitucional ni una ruptura visible del sistema. El Estado conserva sus instituciones, su aparato normativo y su lenguaje jurídico tradicional. Precisamente por eso el proceso resulta más eficaz y difícil de combatir: la continuidad formal oculta una transformación sustancial. No estamos ante un colapso del llamado Estado de Derecho —pese a la tediosa insistencia política en ese diagnóstico—, sino ante la mutación del mismo.

La mutación del Estado se percibe con claridad en la legislación de los últimos años: leyes aprobadas con urgencia política, reformas que alteran equilibrios básicos del sistema penal, normas que fijan relatos oficiales sobre el pasado o redefinen categorías fundamentales del derecho público. No se trata de una acumulación casual, sino de una tendencia: el uso del BOE como herramienta de dirección moral y política de la sociedad española.

El sistema no falla ni se debilita, sino que se emplea. El ordenamiento ya no actúa como límite, sino como vehículo. La propia maquinaria institucional se utiliza conscientemente contra la nación. Bajo una apariencia de normalidad constitucional, el Estado ha dejado de proteger lo común pasando a operar como instrumento político al servicio de pactos y cesiones. Así, a través de concesiones continuas, excepciones asumidas como solución y una reinterpretación constante del marco común, se avanza hacia un federalismo de hecho, se normaliza la desigualdad ante la ley y se erosiona la unidad de España sin necesidad de proclamarlo abiertamente.

A ese proceso interno se suma una renuncia exterior igualmente decisiva: la disolución progresiva de la soberanía nacional. Mientras el poder político se muestra firme y activo para reconfigurar España desde dentro, acepta sin resistencia que las decisiones esenciales se trasladen a instancias supranacionales o a centros de poder ajenos, ante los que nuestro país comparece cada vez más como un actor subordinado. La soberanía ya no se defiende: se negocia y se cede, diluyéndose entre compromisos y acuerdos contrarios a la voluntad del pueblo español y a sus intereses.

Nada de esto es accidental. Un Estado que aspira a intervenir en todos los ámbitos de la vida social necesita neutralizar cualquier instancia que lo limite. Y la nación —como comunidad histórica y política— es el mayor de esos límites. Por eso se la relativiza, se la diluye en fórmulas ambiguas o se la presenta como una realidad administrable. El vaciamiento de la Nación no es un efecto colateral: es una condición previa.

El resultado es un Estado paradójico: extraordinariamente diligente para imponer una agenda ideológica y llamativamente débil cuando se trata de defender la unidad política, la soberanía o el interés nacional. Un Estado que legisla con rapidez para transformar lo esencial, pero que duda o cede cuando lo que está en juego es la continuidad nacional.
En este punto conviene recordar una distinción fundamental, hoy deliberadamente olvidada: lo legal no es necesariamente justo ni automáticamente bueno. El derecho positivo nunca ha sido sinónimo de moralidad, y la tradición jurídica occidental siempre ha distinguido entre legalidad y legitimidad, entre norma válida y norma justa. Cuando esa frontera se elimina y la legalidad se invoca como argumento suficiente, el derecho deja de ser un freno y pasa a convertirse en otra herramienta de gobierno.

Es por todo ello que, anteponer la Constitución a la nación no defiende el orden jurídico: lo pervierte. España no existe porque lo diga un artículo ni se sostiene por la repetición ritual de un preámbulo. La nación española no es una ficción constitucional, sino una realidad histórica que precede y fundamenta al propio Estado. Invertir ese orden —someter la nación al texto y no el texto a la nación— permite que cualquier decisión, por dañina que sea, se declare legítima con solo revestirla de legalidad.

Inmaculada Sequí.–