PSOE y Podemos van a demostrar en la legislatura que comienza no tener ningún reparo en recabar el apoyo de las fuerzas separatistas cada vez que lo necesiten. Así presumiblemente lo harán tanto para la investidura presidencial como para la aprobación de los próximos presupuestos generales (a cambio posiblemente de los indultos a los golpistas), garantizándose así la gobernabilidad de un Estado cada vez más desvencijado y descompuesto. Unas fuerzas separatistas que están sistemáticamente infringiendo la Constitución, desacatando las sentencias del Tribunal Constitucional y atentando de forma cada vez más frontal contra la integridad territorial y la soberanía nacional.

El Régimen del 78, inserto en la dinámica disgregadora y centrífuga de las Autonomías, bajo la tutela del PSOE y ahora también con el apoyo de Podemos (y sus mareas y confluencias regionalistas), se está resolviendo en la práctica en un sistema político profundamente injusto y antisocial, que atenta contra la igualdad jurídica y material de los ciudadanos y sus libertades más elementales. La izquierda ha dado pábulo al relato victimista creado para la autolegitimación del statu quo en el País Vasco y Cataluña, que es lo que permite a las partitocracias autonómicas catalanistas y vascas (pero también ya a algunas navarras, valencianas, gallegas o canarias) sostener parlamentariamente a las partitocracias de Madrid, aunque sea menoscabando los intereses generales de la sociedad española.

La izquierda española, mientras tanto, en su ánimo por proceder hacia la superación de facto por vía confederal del Régimen del 78, está homologando, en la práctica, una ideología nacionalista periférica cuyas pretensiones independentistas no son sólo incompatibles con el marco integrador de la Unión Europea, sino también insostenibles e ineficientes desde el punto de vista financiero, con el establecimiento de duplicidades administrativas, disparidades presupuestarias y políticas lingüísticas discriminatorias que impiden la libertad de movimiento y el ejercicio de derechos básicos de los ciudadanos. La izquierda española es la que está facilitando la disolución y desintegración de España, para el regocijo y satisfacción de potencias y poderes fácticos extranjeros, quienes podrían observar posibilidades de negocio en la hipotética desmembración y balcanización de España. En efecto, el debilitamiento político de un país como España podría incrementar el poder e influencia de numerosas corporaciones transnacionales y potencias extranjeras que compiten contra España en la economía global. La debilidad institucional de España necesariamente se traslada a la competitividad de su economía. Con un país cada vez más desunido socialmente y desvertebrado administrativamente, las multinacionales extranjeras podrán entrar, negociar e imponer mejor sus condiciones a nuestros políticos y gestores. La izquierda está favoreciendo indirectamente esta dinámica ante la debilidad administrativa y desunión social que están generando sus pactos y cesiones hacia aquellos que están vulnerando sistemáticamente el orden constitucional.

Todo este proceso centrífugo y atomizador puesto en marcha mediante el hiperdesarrollo del Estado de las Autonomías no hubiera sido factible si España hubiera tenido una izquierda política leal a la unidad e integridad territorial de la nación, esto es, si España hubiera contado con una izquierda nacional firme, esto es, un socialismo patriota y valedor de la unidad nacional y por tanto de la igualdad de los españoles. Una izquierda nacional y patriota, como la que existe en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno, hubiera contenido y combatido las pretensiones y exigencias identitarias y discriminatorias de las oligarquías políticas vascas y catalanas. Una izquierda auténtica y congruente no hubiera nunca procedido a aceptar los votos de investidura del PNV, ERC, Bildu o PdCat. Ni mucho menos, hubiera cedido ante sus chantajes y oportunismos continuos. Una izquierda leal hubiera asumido ciertos pactos de estabilidad con una derecha nacional, contribuyendo a fortalecer la convivencia de la sociedad española sobre unos ejes básicos y duraderos. Una izquierda nacional hubiera pactado con la derecha nacional reformas legislativas tan perentorias como las de la Ley de Partidos o la Ley Electoral, para reforzar el orden constitucional y la gobernabilidad del Estado central. Sin embargo, la izquierda ha preferido constantemente en los últimos años, desde el Pacto del Tinell, pasando por las legislaturas de Zapatero hasta los últimos meses de Sánchez en la Moncloa, promover pactos a favor de los separatistas y en contra de los partidos de centroderecha, poniendo los intereses electoralistas y partidistas por encima del bienestar general de la sociedad y de su cohesión interna.

En los próximos años, no a muy tardar, tendremos la lógica y consecuente cosecha de lo que se ha ido sembrando insensatamente. ¿Resistirá el Régimen del 78 tal y como lo conocemos a los próximos desafíos inconstitucionales consentidos a los secesionistas por los partidos de la izquierda? Sólo un despertar a tiempo de una mayoría social podrá exigir un cambio de rumbo para evitar un fatal desenlace. La legislatura que comienza es decisiva para el futuro de España.

 

Pablo Sanz Bayón, profesor de Derecho