La presencia en Madrid del Presidente de la Generalidad de Cataluña la semana pasada en un desayuno informativo organizado por Europa Press sirvió para que dicha autoridad se retratase una vez más. Y, desde luego, el retrato no es ni lucido ni lúcido.

Lamentablemente para los catalanes y para el conjunto de los españoles, el representante ordinario del Estado en dicha Comunidad Autónoma se ha convertido en la caricatura que tuvimos ocasión de ver en el aludido acto.

La deriva de la política española en general y de la catalana en particular ha posibilitado que una persona como Torra ocupe un cargo de esa trascendencia para el que, después de casi dos años de desempeño, ha demostrado su incapacidad técnica y política.

En el transcurso de su discurso de la semana pasada, trufado de las bravuconadas habituales, el Señor Torra afirmó lo siguiente: “mucha gente piensa que la ley es la ley y que lo que se hace con los catalanes es aplicar la ley, pero entendemos que hay derechos fundamentales y libertades que están por encima de la dura ley española” (sic).

Más allá del paralelismo formal con alguna de las “míticas” frases del ex Presidente Rajoy como la que pronunció en marzo de 2018 («haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible»), el contenido material de tal afirmación revela la categoría intelectual y moral de su autor y, lo que es más grave, confirma la nula disposición de este Señor a honrar su cargo y a la ciudadanía catalana, a la que representa en su conjunto y en su totalidad.

El organismo internacional que de una manera más directa tiene encomendada la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas a los que alude este aventajado discípulo de Dicey, la ONU, define el Estado de Derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual.

El Estado de Derecho descansa sobre dos pilares fundamentales: la separación de poderes y el principio de legalidad. Evidentemente, el Señor Torra, aunque no haya demostrado una especial habilidad durante el ejercicio de su cargo en el conocimiento del funcionamiento del Estado de Derecho, no desconoce las bases en las que se funda el Estado de Derecho, lo cual hace que la gravedad de sus afirmaciones sea mayor porque, con ellas, trata de situarse por encima del Estado de Derecho y, consecuentemente, de las leyes, que es justamente lo que hicieron los políticos presos que trataron de dar un golpe de Estado en septiembre y octubre de 2017. El único objetivo del Señor Torra con esa afirmación es justificar la actuación golpista de sus correligionarios secesionistas en el pasado y las que se puedan producir en el futuro.

En esa misma comparecencia, el Señor Torra, aventajado discípulo también de Montesquieu, afirmó, asimismo, en plural (no sabemos muy bien quién conformaba la totalidad de esa pluralidad), que no aceptarán el contenido de la inminente “sentencia del procés” que dictará el Tribunal Supremo.

No respeta la ley y no respeta la división de poderes. Es decir, no respeta ninguno de los dos pilares del Estado de Derecho. ¿Se imaginan qué tipo de República sería la que fundasen estos secesionistas iluminados?

La huida hacia ninguna parte iniciada por Torra desde que asumió su cargo se ha convertido en particularmente caricaturesca en los últimos días, hasta convertirse en esperpéntica, como consecuencia de la proximidad de la Diada, de su inminente procesamiento por desobediencia al no quitar los lazos amarillos durante las campañas electorales de este año, y del nulo liderazgo que tiene sobre personas y procesos relacionados con el delirio independentista. Nada nuevo bajo el sol. Son situaciones que se han repetido, desgraciadamente para los catalanes, en otros momentos puntuales de la historia de Cataluña. Torra es parte del problema, pero no es el problema. Torra no es más que un síntoma más de la situación a la que ha conducido a Cataluña una burguesía irresponsable, insaciable y canallesca que, como lleva haciendo más de trescientos años, trata de sacar tajada a costa del resto de España.

Debemos ocuparnos, pero no debemos preocuparnos. Sabemos cómo han concluido los episodios anteriores de esta farsa de la que viven muy bien unos pocos desahogados a costa de la ignorancia de unos muchos desinformados. Recuerden cómo acabó la República catalana proclamada el 16 de enero de 1641, con Pau Claris a la cabeza, los sucesos de 1923, con Francesc Cambó como líder más destacado (donde la burguesía catalana acabó rogando al General Primo de Rivera que diera un golpe de Estado para recuperar la normalidad en Cataluña) o la declaración del Estado catalán en 1934, bajo la II República, con Lluis Companys como prohombre más “destacado” y “valeroso” y la burguesía catalana poniendo alfombra roja pocos años más tarde al bando nacional y otorgando medallas del Barça al General Franco.

El problema para Torra es que le queda poco. Y por mucho que “rebuzne” no va a comprar tiempo en el cargo. Su incompetencia es flagrante y constante.

La “sentencia del procés” se dictará, se acatará y no pasará nada más. El procés ha acabado procesado y me temo que Torra, si sigue sosteniendo y no enmendando, acabará igual: acatando las leyes y la separación de poderes. Creo que los inmensos pilares del Estado de Derecho podrán sobrevivir al ínfimo Torra.

La desgracia de Cataluña y, por extensión la de España, se acabará cuando los pilares del Estado de Derecho se apliquen de verdad en una parte del territorio nacional que se ha dejado abandonada en manos de aventureros e iluminados como Torra a los que se les ha aplicado con laxitud los pilares del Estado de Derecho durante demasiado tiempo en detrimento de una ciudadanía no independentista que ha tenido que sufrir de manera cruel las veleidades secesionistas.

Confíen. A pesar de lo que pueda parecer, estamos cada vez más cerca de ello. Cuando el procés acabe de pasar su abultada factura, los mismos que lo han sostenido y a los que se les ha escapado de nuevo de las manos, volverán a invocar la aplicación de los pilares del Estado de Derecho para devolver a Cataluña la normalidad alterada por una esquizofrenia colectiva inducida y bien pagada.

España es un proyecto colectivo que ha sobrevivido a situaciones peores y que, sin duda, sobrevivirá a la encrucijada actual. Viviremos para verlo y para recordar a los felones que lo han inspirado, alentado y sufragado. Para eso sí tendremos memoria histórica.  

 

Antonio Jesús Alonso Timón. Profesor Propio Adjunto de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho-Icade