En este sentido, desde DENAES nos felicitamos desde luego de la sentencia del Supremo. Sin embargo, resulta preciso advertir que todavía está por ver si la Generalidad catalana cumple, en efecto, la ley o si decide, sencillamente, pasarla por alto sin que nadie mueva un dedo en este sentido para hacerla cumplir. Tampoco sería la primera vez.
En sentencia firmada hace pocos días, el Tribunal Supremo ha venido a confirmar la decisión tomada hace ahora cuatro años por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de avalar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua familiar habitual, «sea esta el catalán o el castellano». Tal sentencia, resultado de un recurso presentado en su momento por la asociación Convivencia Cívica Catalana con el Patrono de Honor de la Fundación DENAES Don Alejo Vidal Quadras a la cabeza, había sido a su vez recurrida por la Generalidad de Cataluña ejercitando con ello una defensa, particularmente numantina, de los «derechos» de tal gobierno autonómico (presidido, recuérdese, por un socialista) a continuar profundizando en su implacable persecución de la lengua española en las provincias catalanas.
Y es que efectivamente la «política lingüística» llevada a cabo en tal autonomía –-pero también en otras como pueda serlo el País Vasco o Galicia, e incluso Baleares, Valencia, etc– no puede entenderse sino como un intento de «extirpar» la lengua común a la totalidad de la Nación española en determinadas partes de su territorio llevando, de esta manera a cabo, una suerte de «secesión» lingüística que por la vía de los hechos consumados ha venido logrando hasta un grado realmente intolerable una verdadera separación de las provincias dotadas «de lengua propia» mediante su aislamiento con respecto a las partes de la nación que, al parecer, y sorprendentemente, «carecerían de lengua propia. A semejante «aislamiento» –que, como es bien sabido, pasa necesariamente por «discriminar positivamente» a los hablantes de la lengua vernácula de turno en todo lo que tiene que ver con ofertas de empleo público, etc, etc– los secesionistas han venido llamándolo, en su particular y muy orweliana neolengua, «normalización lingüística», dando, según se ve, enteramente por supuesto que el uso generalizado del español en Cataluña o Vascongadas, por encima del catalán o del vasco, resulta una situación «anormal».
Y lo de menos en este contexto es que semejantes delirios hayan sido llevados a término en Cataluña bajo la presidencia de un cordobés –es decir, un «charnego»– como Montilla que ni siquiera sabe hablar catalán correctamente (aunque, en su mala conciencia, haya decidido ponerse a aprenderlo, suponemos que para hacerse perdonar su origen), puesto que lo importante, a nuestro juicio, es que dejar ignorantes a una importantísima masa de catalanes (y de vascos, y de valencianos y de gallegos) de la lengua nacional es un crimen imperdonable cuyas consecuencias ni siquiera podemos empezar a barruntar por el momento.
En este sentido, desde DENAES nos felicitamos desde luego de la sentencia del Supremo. Sin embargo, resulta preciso advertir que todavía está por ver si la Generalidad catalana cumple, en efecto, la ley o si decide, sencillamente, pasarla por alto sin que nadie mueva un dedo en este sentido para hacerla cumplir. Tampoco sería la primera vez.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
