Los diputados murcianos del PP, Garre y Pacheco, rompieron la “disciplina de partido” al votar contra la toma en consideración del proyecto de reforma estatutaria en Castilla- La Mancha, en las Cortes de España.
Muchos interpretan este gesto, exacerbando una interpretación formalista, como el síntoma de la división interna en el PP, por un lado, y como la constatación, y esta es la tesis fuerte, de que algunos diputados populares han interiorizado, finalmente, la idea de que, en España, cada uno defiende sus intereses particulares (en este caso de Murcia) en lugar de los generales.
Y esto -tal y como dice, por ejemplo, Campmany en un desafortunado artículo de libertaddigital- refleja, a su vez, que hay voces en el PP en las que resuena el “estado confederal”: los diputados murcianos quedan así encorsetados en la etiqueta de “nacionalismo del agua”, expresión con la que se pretende equiparar la defensa de los trasvases para Murcia con el “nacionalismo” de los partidos antiespañoles que tienen como fin explícito la secesión.
De este modo, Garre y Pacheco quedan analogados a los diputados de UPN, que votarán a favor de los presupuestos del gobierno Zapatero, como la parte del PP predispuesta a mirar al todo desde las partes, a pensar España como un agregado de naciones soberanas.
Sin embargo, estas interpretaciones formalistas evacuan la sustancia misma del proyecto a cuya tramitación se opusieron los diputados murcianos del PP.
Porque éste contempla el “blindaje” de los ríos y la eliminación de los trasvases del Tajo al Segura a partir de 2015 y, por tanto, establece que el río y el trasvase son propiedad regional y no nacional.
La política de disgregación de la Nación española se sustenta, precisamente, en este vaciamiento del Estado a través de los procesos de reforma de los estatutos de autonomía -en los casos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Baleares con el apoyo explícito del PP- cuando por “elevar el techo competencial” se entiende que el traspaso de competencias en la gestión de las instituciones del Estado es lo mismo que el traspaso de la Institución misma.
Y entonces, ¿no es precisamente lo contrario lo que habría que deducir y contrario también el bando en que habría que clasificar a los díscolos diputados murcianos?
¿Acaso los diputados por Murcia no estarían, al tiempo que reclaman el derecho de los españoles de Murcia a recibir los excedentes de otras cuencas hidrográficas, defendiendo a la Nación Española, al oponerse a “tomar en consideración” un proyecto de reforma que se atribuye la soberanía regional sobre las aguas nacionales?
¿Acaso transferir la gestión y administración de los ríos a las autonomías les autoriza a eliminar aquello que, precisamente, se les encargó gestionar? ¿Y no serán estas razones las que justifican, asimismo, el voto de la diputada de UPyD, Rosa Díez?
La “desobediencia” de los diputados Garre y Pacheco es, por consiguiente, de género muy distinto a la que anuncia el presidente de la autonomía Navarra de sus diputados en Madrid. Porque éste, al defender el interés particular de su partido regional pagando el precio al PSOE, actúa cobardemente y colabora con el proceso de conversión de España en un reino de taifas, mientras que aquellos, con su valiente voto, están defendiendo no sólo el derecho de Murcia al agua excedente, sino, sobre todo, a la misma soberanía nacional. Esa que se resiente y debilita cuando los poderes autonómicos se atribuyen, mediante las reformas estatutarias, el control de los ríos de España.
FUNDACIÓN DENAES. PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
