Diversos miembros de Unidos Podemos han declarado su intención de asistir al evento. Para estos diputados, por encima del bien y del mal, que el partido más votado en las últimas elecciones sea investido como gobernante supone un «golpe de régimen»
No asistimos a algo nuevo, pues como recordarán los lectores, la iniciativa Rodea el Congreso (o 25S) fue una manifestación realizada el 25 de septiembre de 2012 y autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid. Iniciativa surgida del colectivo Plataforma ¡En Pie! que supuso el despliegue de 1350 agentes de policía. La manifestación, pacífica, terminó siendo disuelta por cargas policiales con un resultado de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de los cuales fueron policías.
La manifestación, convocada para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, no tiene otro objetivo que presionar al PSOE y al resto de la Nación contra tal ceremonia, largamente esperada. Y no sólo eso, sino que dicho acto de rodear el Congreso, a diferencia de lo ocurrido en 2012, puede no ser autorizado por la Delegación del Gobierno de Madrid, dado que, a pesar de las declaraciones realizadas sobre tal manifestación, sus convocantes (Coordinadora 25S) no han comunicado sus intenciones a la Delegación y por tanto estarían fuera del plazo legal, que estipula un mínimo de 10 días de antelación «a no ser que se den causas extraordinarias y urgentes que justifiquen la urgencia». Teniendo en cuenta que la investidura se producirá como máximo el día 31, a la espera del regreso del Rey de la Cumbre Iberoamericana, la manifestación debería ser declarada ilegal y más que de una manifestación Rodea el Congreso debería ser calificado de escrache. Aunque, sospechamos, se realizará igualmente.
A su vez, la iniciativa cuenta con un elemento nuevo: Unidos Podemos. Diversos miembros de este partido no nacional han declarado su intención de asistir al evento. Para estos diputados, por encima del bien y del mal, que el partido más votado en las últimas elecciones sea investido como gobernante supone un «golpe de régimen» –enlazando demagógicamente la investidura con el Golpe del 23F– que hay que impedir por los medios que sean. Los resultados arrojados por las urnas son lo de menos. Ellos, que encarnan la verdadera legitimidad y el verdadero pueblo, son quienes deciden qué Gobierno es legítimo y cuál no. Así, Irene Montero, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso y jefa de Gabinete de Pablo Iglesias, defendió el lunes la legitimidad del acto y destacó la posibilidad de la participación de miembros de Podemos como «cualquier compatriota libre» tras su participación en el debate de investidura. Pablo Iglesias afirmó que iría «a saludar» y hacerse la foto, puesto que «ahí el protagonismo lo tiene que tener la gente». Alberto Garzón, por su parte, declaró que las manifestaciones son herramientas «igualmente válidas» que la presencia en las instituciones y que por tanto asistirá si no lo impide su ejercicio parlamentario, animando a más compañeros a hacer lo mismo. La portavoz de En Marea, Alexandra Fernández, también ha confirmado su asistencia. Íñigo Errejón, sin embargo, sí que ha mostrado reticencias pues, aunque ha afirmado que pasará a saludar, considera que el trabajo prioritario de Unidos Podemos es político y por tanto debe de estar dentro de la sede de la soberanía nacional, no fuera.
Desde la Fundación DENAES señalamos una vez más la necesidad de tomar medidas en contra de diputados –cuyo deber está con la Nación en su conjunto– que realizan, apoyan y/o alientan actos de dudosa legalidad en nombre de supuestas legitimidades otorgadas no se sabe muy bien por quién. Así como lo perentorio de impedir la realización de actos que sean declarados ilegales y que, acompañados de la acostumbrada manipulación mediática y la más absoluta corrupción moral e ideológica, pretenden impedir la necesaria gobernabilidad de la Nación y la eutaxia del autonómico Estado, ya de por sí débil.
Fundación para la Defensa de la Nación española
