Una vez más esta semana la banda terrorista ETA, la cual se supone desactivada y que hasta gobierna democráticamente y tiene voz en el Congreso, ha sido noticia. Esta vez de mano de sus presos en las cárceles españolas. A inicio de semana saltaron los titulares: «ETA pide a sus presos que busquen beneficios sin delación ni arrepentimiento». Se trata, simplemente, de conseguir nuevas concesiones sin dar nada a cambio. En un texto de siete folios publicado por los diarios Gara y Berria y enviado a los 350 presos etarras, la dirección del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) les insta a dar por superada la fase de «resistencia» y, a diferencia de lo hasta ahora estipulado, a buscar beneficios judiciales individualmente para poder «vaciar las cárceles» uno a uno. Si bien, esto debe de hacerse siempre con dos límites: la delación y el arrepentimiento. Ningún preso etarra podrá delatar a otros compañeros ni ofrecer información, mucho menos mostrar (subjetivo) arrepentimiento ante los (atroces) actos cometidos. En definitiva, se trata de conseguir beneficios penitenciarios sin ayudar en lo más mínimo, por ejemplo, en la resolución de los casi 300 asesinatos etarras sin resolver.
Por contra, son precisamente estas dos limitaciones, la delación y el arrepentimiento, las que coartan sus pretensiones. Otros presos, anteriormente, por la llamada vía Nanclares, ya se habían acogido a estos buscados beneficios gracias al reconocimiento del dolor causado y las muestras de arrepentimiento. Lo cual, aunque es falso en la inmensa mayoría de los casos (si no todos), no pasa de un alivio subjetivo que no repara las vidas segadas y el dolor causado a las víctimas.
Como no podía ser de otra forma, viniendo de tan demócratas sujetos, estas nuevas directrices sólo serán posibles si son votadas y aceptadas por el conjunto de etarras encarcelados. A pesar de que se pretende iniciar una vía individualista, la aceptación y la solidaridad grupal permanecen. Si bien, sin perjuicio del pregnante democratismo de esta votación, el EPPK deja bien claro que seguirán siendo «un ámbito de confrontación» y de apoyo al secesionismo –mal llamado independentismo–. Y es que si el Estado español no se pliega a tan evidentes buenas intenciones, que tan sólo buscan la paz, entenderán que «nos retienen como rehenes políticos al objeto de obstaculizar la libertad de Euskal Herria». Ellos tan sólo pretenden hacer autocrítica, y se han dado cuenta que la línea dura y/o rígida mantenida que han llevado desde hace décadas no se ha entendido demasiado ni en su propio entorno. No obstante, el «claro vencedor» del proceso de lucha armada son los presos, proceso que llega «íntegro y con la cabeza alta» aunque estén en la cárcel.
Todo esto, claramente, es tan sólo una nueva vía de intento de chantaje de la banda terrorista aún armada, en sempiterna búsqueda de sus objetivos. Vía que, como esperamos desde DENAES y como ha manifestado ya más de una vez el Ministerio de Interior, no tendría ni debe tener recorrido sin el afán de colaboración ni arrepentimiento. Y es que dejar en la calle a más etarras sólo fortalecería a la banda y al secesionismo vasco. Pero también esto puede entenderse como un recurso más, quizá no desesperado pero sí significativo, de la banda terrorista para escarbar entre los recovecos legales. Lo cual no estaría mostrando sino una cierta debilidad de la misma; debilidad que, siendo así, desde DENAES consideramos que el Estado no puede dejar de aprovechar en contra de la banda terrorista. Este cambio de estrategia, una vez bloqueada la hasta ahora mantenida, puede ser una oportunidad más para seguir minando y deshaciendo, uno a uno, el terrorismo etarra, que tan dañino sigue siendo para la Nación española.
Fundación para la Defensa de la Nación Española.
