[[Grabado de las guerras carlistas
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La flamante ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, estrenó su cargo el pasado sábado en un acto organizado por el PSC en Barcelona. El rótulo del mismo era ya una declaración de principios y propósitos: Reforma constitucional, federal y con derechos. Cuando tomó la palabra, Batet afirmó sin atisbo de rubor que para avanzar hacia un modelo territorial federal, reformar la Constitución es «urgente, viable y deseable». La que está llamada a ser la principal interlocutora del anhelado «diálogo» con el nacionalismo catalán empezaba a abonar el terrero de la próxima humillación, ante la atenta y complaciente mirada del siempre interesado Miquel Iceta.
En consonancia con los aires de moderación y consenso que circulan en el nuevo Gobierno, tan viciados de necedad como de jactancia, la dichosa reforma se les antoja ahora «urgente», por cuanto en Cataluña se vive un periodo de crisis que hay que superar como sea. Por más que la disfrace de ponderación y mesura, la posición de la ministra socialista encierra una perversa equidistancia, entre quienes llevan cercenando libertades, contraviniendo leyes e incumpliendo sentencias a su antojo durante décadas, y quienes están dispuestos a sacudirse de una vez el yugo nacionalista. Es cierto, eso sí, que tal sacudida puede acabar siendo violenta —se está sólo a un paso—, pero esto no justifica que se nos intente vender un equilibrio aséptico que deforma por completo la percepción de la realidad catalana. Más bien suena todo a enjuague ante la opinión pública para iniciar el pago a plazos del lujoso y ansiado escaño presidencial.
Ahora bien, por si no lo saben en Moncloa, quien fija aquí los plazos son los nacionalistas; y las condiciones de pago no se dialogan, se negocian, de igual a igual, «de gobierno a gobierno». Así de claro se lo ha dejado el presidente de la Generalidad a Pedro Sánchez en una entrevista que publicaba este domingo el diario Ara. Seguramente, el primer plazo exigido sea el acercamiento de los «presos políticos» a cárceles catalanas; «un primer paso importante en los asuntos judiciales en el Estado», dijo Torra. Y con los golpistas en casa, tal vez el segundo plazo sea, a fin de restablecer la legalidad en Cataluña y recuperar el respeto perdido a las «libertades y derechos civiles» de los catalanes, la restitución de todo lo que tumbó el Tribunal Constitucional. Para cumplir esta segunda exigencia el Gobierno de España tendría que desacatar la sentencia firme del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, lo que supondría conceder, entre otras cosas, que la lengua propia de Cataluña, la «de uso normal y preferente», sea el catalán (apartado 1 del artículo 6); que exista una Hacienda de Catalunya que opere con total independencia de la Hacienda española (artículos 206 y 218); o que se constituya un Consejo de Justicia de Cataluña, un «órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña» que actuaría como «órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial» (artículo 97). Como contraprestación, España lograría el cierre definitivo de la «fábrica de crear independentistas» y la satisfacción de todos aquellos ignorantes que se tragaron que la frustración por la fracasada reforma del Estatut fue el verdadero desencadenante del «procés» que culminó en el intento de golpe de Estado de octubre.
Y con los golpistas en casa y recuperado el Estatut en toda su extensión, acaso el último plazo sea ya el «derecho a la autodeterminación» de Cataluña, porque, como ha amenazado Torra, si «fuimos capaces de hacer un acto unilateral magnífico el 1 de octubre» es posible «crear otro acto, si hace falta, unilateral». A cambio de todo ello, el bueno de Torra está dispuesto a rebajarse durante unas horas, hablando la «lengua de las bestias» con alguien que, como todo español, probablemente tenga un «pequeño bache en su cadena de ADN». Además, si Sánchez cumple, el President, en su infinita magnanimidad, seguro que hace un esfuerzo y limpia las playas de cruces, quita los lazos amarillos de las calles y retira de las instituciones públicas las pancartas reivindicativas. Fin de la tensión en Cataluña. ¿No les parece equitativo?
Sólo una última observación: ¿es compatible el pago a plazos fijado por el separatismo con la ensoñación socialista de un Estado federal? En la web www.socialistes.cat podemos leer que «El federalismo es una forma de organización política y territorial de un Estado, que se adecua sobre todo a sociedades integradas por pueblos diferentes que acuerdan convivir juntos y construir instituciones comunes. Federalismo es respeto a la pluralidad y unión desde la libertad individual y colectiva. Federalismo es autogobierno y gobierno compartido, y por ello está dentro de toda lógica en Estados que contienen diferentes naciones, como es el caso del Estado español». Más allá de la insufrible colección de disparates teóricos que contiene esta definición, convendría preguntarse si es hacia ese Estado federal hacia donde se propone avanzar la Cataluña de Quim Torra. Desde luego que no. Su fin es la independencia, no un federalismo de malabares imposibles para el «encaje» catalán; y su vía la exigencia y la imposición, no un diálogo simbólico y melifluo. Según Isabel Celaá, portavoz del Gobierno, el presidente Sánchez se reunirá con el presidente de la Generalidad con «la Constitución en una mano y el diálogo en la otra». Parece que ninguna de sus dos manos le evitará la bofetada.
Francisco Javier Fernández Curtiella. Doctor en Filosofía
