Mientras esto ocurre en las estancias oficiales, se ha conocido la noticia de en esa misma Cataluña en la que, a pesar de décadas de inmersión lingüística obligatoria, el español es la lengua habitual del 51% de catalanes y el catalán del 36%
Pagado con dinero público, la sedición en España siempre vino acompañada de la rentabilidad, la hipotética independencia de Cataluña vendría acompañada de una Constitución a cuya redacción se ha dedicado un colectivo de 17 ponentes que llevan trabajando más de un año en semejante empeño. Entre los amanuenses de lo que todavía es un borrador aparecen conocidos nombres como el del senador de ERC y exjuez Santiago Vidal. La presentación de dicho borrador la llevará a cabo la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, vieja activista del independentismo catalán que, desde plataformas presentadas como civiles regadas también con dinero público, ha accedido a tan importante y bien remunerado puesto desde donde sigue desarrollando sus actividades antiespañolas.
La propuesta de Constitución catalana, que será llevada a diversos escenarios internacionales como Estados Unidos, Suiza, Escocia, Alemania y Grecia, ha contado con más de 3.000 aportaciones enviadas por los ciudadanos a través de internet, consta de 148 artículos, y se hará pública en el Parlamento catalán como un nuevo paso dentro de la manida hoja de ruta hacia la secesión, si bien la Carta Magna debería volver a ser redactada por el Parlamento de tras las próximas elecciones, debiendo ir acompañada de la pertinente consulta popular para su hipotética puesta en marcha.
De entre los contenidos del mentado borrador que se han filtrado a los medios, en concreto el diario mercenario catalanista El Punt-Avui, destaca el hecho de que, si Cataluña se independizara, el catalán y el aranés serán las dos únicas lenguas oficiales de la nueva nación fraccionaria. Por lo que respecta al castellano, este tendría una «protección de los derechos de las personas que son castellanohablantes», aunque en ningún caso se le daría siquiera el carácter de lengua cooficial.
La iniciativa ha seguido los cauces habituales en este tipo de operaciones de erosión de la Nación española. En efecto, el actual borrador viene a dar continuidad a un manifiesto lingüistas presentado recientemente, con el habitual boato, por el Grupo Koiné, que perseguía, cony el respaldo de gentes como Arturo Mas, Irene Rigau, José Luis Carod Rovira, Antonio Baños o Gabriel Rufián, el mismo objetivo: la abolición de los últimos restos de eso que se ha llamado bilingüismo y el propósito de que el catalán fuera la única lengua oficial de Cataluña, anhelo que supondría la realización de los objetivos que siempre han perseguido mediante el empleo del viejo truco con el que los catalanistas han ido arrinconando, hasta hacerlo desaparecer de la vía pública y oficial, al español, lengua tan propia de Cataluña como ese catalán que ha debido salvarse gracias a la respiración asistida del proteccionismo y a una reelaboración que lo aproximó al francés para distanciarlo del idioma de Cervantes.
El borrador de Constitución viene también acompañado, siempre según las filtraciones, de una extraña loa al «plurilingüismo», valor supremo, característica de una Cataluña en la que, dicen «hay mucha gente que habla muchas lenguas». Tal circunstancia ha llevado a los redactores a conceder generosamente que exista, en la futura Cataluña independiente «una protección de los derechos de las personas que son castellanohablantes».
La iniciativa viene a dar continuidad a una larga tradición de textos en los que las sectas catalanistas han ido dando paso a su secular hispanofobia y narcisismo. Destaca una de ellas en las que, como medida de gracia, daba un plazo de 10 años para que los castellanoparlantes se relacionaran en catalán con las administraciones del nuevo Estado. Las opiniones, incluso dentro de la grey separatista, son encontradas. El propio Oriol Junqueras ha manifestado en más de una ocasión que el español, él lo llama castellano, debe tener el estatus de lengua oficial si Cataluña se independiza. Así lo hizo, por ejemplo, en 2012, cuando afirmó la compatibilidad entre ser «castellanohablante e indepentista», idea en la que ha insistido en alguna que otra ocasión, y de la que es prueba viviente Gabriel Rufián, ya colocado en el Congreso de los Diputados desde cuya tribuna ha dado buena prueba de su elocuencia.
Mientras esto ocurre en las estancias oficiales, se ha conocido la noticia de en esa misma Cataluña en la que, a pesar de décadas de inmersión lingüística obligatoria, el español es la lengua habitual del 51% de catalanes y el catalán del 36%, el empresario Manuel Nevot sigue batallando en defensa de su derecho a rotular su negocio en español. Nevot es una víctima más de la ley de multas lingüísticas aprobada en tiempos de Pujol, ley que el socialista Montilla consolidó y que sirvió para que el pasado año las multas sumaran 140.000€.
El caso de Nevot, propietario de Fincas Nevot, tiene ya un largo recorrido. En 2007 le fue impuesta una sanción de 400 € porque el rótulo principal de su inmobiliaria decía “Fincas Nevot”, a pesar de que en su escaparate también existía otro letrero más pequeño en catalán. Sin arrugarse ante la mafia catalanista, Nevot presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el mismo que lleva 5 años sin resolver los recursos contra tal ley presentados por el PP y el Defensor del Pueblo, en 2010 del que todavía espera respuesta. En esta tesitura, Nevot lleva ya gastados 20.000 € en abogados, recibiendo a cambio insultos y pintadas, e incluso viendo cómo el rótulo causante de la multa era roto por individuos embrutecidos por el catalanismo.
Desde la Fundación Denaes son innumerables las ocasiones en las que hemos insistido en la importancia que para la nación tiene la protección del idioma común de todos los españoles, razón por la cual no podemos sino contemplar con preocupación estas maniobras de la facción catalanista que no encuentran respuesta alguna desde el Gobierno cuya obligación es velar por los derechos de nuestros compatriotas, algunos de ellos abandonados, como es el caso de Nevot, al que mostramos todo nuestro apoyo al tiempo que señalamos al Tribunal Constitucional como principal responsable de esta intolerable situación.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
