En la tradicional «recepción navideña» ofrecida por Juan José Ibarreche a algunas destacadas personalidades de la mal llamada «ciudadanía vasca» (¿qué significa exactamente tal contrasentido político? ¿Es acaso el País Vasco, al menos de momento, una sociedad política a la que quepa atribuir su propia «ciudadanía»?), el propio Lehendakari tuvo ocasión de anunciar que 2008 será el año clave en el que «los vascos y las vascas» podrán finalmente «pronunciarse sobre su propio futuro» en una referencia, no demasiado velada que digamos, al ilegal referéndum secesionista que el gobierno vasco tiene previso convocar el próximo 25 de octubre. Un gobierno vasco que -por cierto- también esta misma semana manifestaba, a través de consejeros como Miren Azcárate ( PNV), Joseba Azcárraga (EA) o Javier Madrazo (EB-IU) su intensa solidaridad anti-española (y es que la solidaridad, como es sabido siempre, se ejerce contra terceros) con los individuos condenados en el macroproceso 18/98 por su pertenencia a las «entrañas» de la organización terrorista ETA.
En efecto, según el «comunicado institucional» dado a conocer por la portavoz del gobierno autónomo, Miren Azcárate, tal sentencia vendría a ahondar en la inadmisible «politización» de la Justicia iniciada durante la legislatura del Partido Popular, persiguiría la «ilegalización de ideas» y no aportaría nada -así se dice- a la resolución del «conflicto político» del País Vasco. Quien así se manifiesta se olvida evidentemente, y de manera obviamente interesada, de que ciertamente las sentencias emanadas de los tribunales de Justicia españoles no pueden, desde luego, dejar de aparecer como politizadas al fundarse su fuerza de obligar justamente en las conexiones inextricables del Poder judicial con los restantes poderes del estado (ejecutivo y legislativo), y ello a no ser que supongamos que tales sentencias advienen directamente de los cielos, al dictado, por ejemplo, del Espíritu Santo. Así las cosas, y dado que desde luego admitimos como evidente esta «politización» que se denuncia, cabría preguntarse a su vez: ¿no serán tales críticas a la «politización» de la Justicia un mero subterfugio para esconder la descarada complicidad del PNV y de otros partidos secesionistas con la ETA sus aledaños?
En todo caso y aunque, desde luego, dichos lazos de solidaridad separatista, frente a España, entre los secesionistas «demócratas» y los «violentos» no deban en todo caso sorprendernos lo más mínimo -y es que ya se sabe que en estas cosas unos siguen recogiendo las nueces del árbol que otros llevan casi cuarenta años agitando– lo que desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española estimamos sencillamente vergonzoso (bien que tampoco excesivamente sorprendente a estas alturas de la película) es que el «Gobierno de España», muy lejos sin duda de haber caído en la cuenta de semejante solidaridad entre los enemigos de la Nación, sean éstos “pacíficos” o sean “violentos”, haya podido en las últimas semanas «cuadrar» efectivamente sus cuentas en el Parlamento en gracia a la «ayuda», en absoluto inocente o gratuita (puesto que el PSE sostiene en el País Vasco los presupuestos de Ibarreche en entrañable reciprocidad), justamente de aquel partido político cuyos más destacados dirigentes acaban de poner negro sobre blanco -por si acaso hiciese alguna falta- la fecha en la que esperan destruir, si nadie se lo impide, la soberanía de la Nación española sobre una parte esencial de su territorio: el 25 de octubre de 2008.
Por contra, desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española deseamos una feliz Navidad a todos los ciudadanos, vascos y no vascos, españoles todos y -esta vez sí- con plena e igual carta de ciudadanía.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
