Desde nuestra Fundación no podemos sino alegrarnos de que la acusación se mantenga con firmeza, esperando que esta concluya con las más duras penas para estos españoles enfermos que nunca debieran haber accedido a cargo público alguno
Corría el mes de octubre de 2015. La perspectiva de unas elecciones, las del 20 de diciembre, que pudieran arrojar unos resultados tales que pudieran servir para que la causa de la sedición catalana continuasen, envalentonó a Arturo Mas, todavía presidente de la Generalidad en funciones. El delfín de Pujol, ufano, se autoinculpó ante el juez Abril, afirmando ser el único responsable de la consulta del 9 de Noviembre. Las acusaciones que pesaban sobre él eran la de desobediencia y malversación.
Por aquel entonces ya el Ministro Fernández Díaz trataba de indagar, dentro de ese patio de espías que es Cataluña, a propósito de la posible, incluso probable, corrupción delictiva que caracteriza a muchos de los integrantes de la secta catalanista. La situación, no obstante, animaba a Mas y su grey a sacar pecho, toda vez que la consulta, y ello a pesar de las declaraciones de Rajoy según las cuales nunca tendría lugar tal votación, se había producido, con el resultado –descontada la enorme abstención- previsto. La perspectiva, insistimos, era halagüeña para Mas, puesto que el Gobierno, dedicado a cumplir con los compromisos europeos ya desatender otros frentes, podría ser desalojado de la Moncloa, dejando el paso expedito a todos los que comulgan con las tesis del catalanismo, ya sea por la vía del federalismo a la carta, ya por la aberrante solución de la nación de naciones…
Sin embargo, las elecciones del 20 de diciembre, y sobre todo la infertilidad de los pactos ulteriores, dejaron a Rajoy en su gubernamental sitio, frustrando las posibilidades de un cambio en la política española que continuara por la senda habitual: la cesión cortoplacista a las organizaciones hispanicidas.
Quedan, pues, para los anales las declaraciones de Mas, arropado por un numerosos grupo de alcaldes que blandían sus varas de mando, en las que se jactaba de ser, unas veces «corresponsable» y otras «responsable único» del proceso del 9 N, calificado por el convergenta como «hito fundamental de la legislatura» marcada por su sello. Sus declaraciones añadían una cínica y retórica pregunta: «No entiendo por qué estoy aquí y tengo que dar explicaciones, porque organizar el 9-N es una decisión política». Sin embargo, el panorama abierto el 20 de diciembre ha ido cambiando al margen de muchas de las direcciones indicadas por medios mercenarios e ideólogos a sueldo. Seis meses después, la posición del PP es más sólida y las posibilidades de que el PP pueda gobernar son mayores.
En tal contexto, el caso Mas ha vuelto a reaparecer, toda vez que el magistrado que investiga la causa por la consulta secesionista ha finalizado la instrucción del caso. La acusación contra Mas y sus secuaces, la exvicepresidenta Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, pieza esencial en el adoctrinamiento de los niños y facilitadora del uso de las escuelas catalanas para cometer el delito que venimos comentando, sigue vigente. El trío sigue enfrentándose a un delito de desobediencia y prevaricación administrativa gracias a una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña, acompañada de las del sindicato Manos Limpias, el partido VOX y dos sindicatos de la Policía Nacional, entre otros. En definitiva, todo indica que Mas tendrá que sentarse en el banquillo, pues este sólo podría evitarse si se retiraran todas las acusaciones. Este es el legado del juez Abril, que abandonará el TSJC el próximo día 1 de julio para dedicarse a la docencia universitaria y continuar en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra. Un legado que deja por escrito los indicios de que Mas y sus adláteres desobedecieron al Tribunal Constitucional, cuestionando el cobarde subterfugio esgrimido por los susodichos: que el proceso se había llevado a cabo bajo la forma, poco menos que espontánea, del voluntariado. El auto, evidentemente, cuestiona tales argumentos y señala la consciencia en la desobediencia que caracterizó a los gobernantes catalanes, verdaderos impulsores de una consulta a la que se animó a la población desde todos los tentáculos mediáticos que la Generalidad posee para dar de comer a sus propagandistas y mantener la hegemonía ideológica. Todo indica, pues, que Mas tendrá que sentarse en el banquillo y que, de existir un mínimo de justicia, deberá pagar por sus graves delitos.
Aludíamos más arriba a la corrupción delictiva que tanta raigambre tiene en Cataluña, región en la que algunas sagas familiares cuentan con el delito fiscal y el comisionado como una verdadera seña de identidad. Los delitos de los que ahora se acusa, o por mejor decir, se sigue acusando a Mas son, sin duda eso, delitos, corrupción delictiva en definitiva. No obstante, el formalismo jurídico no debe empañar el análisis de lo que ocurre en tal región, espejo de otras que tratan de consumar otros robos análogos a la Nación. Parece evidente que Mas debe pagar por estos delitos, y sería muy deseable que así lo fuera, pero no es menos cierto que la vida cotidiana catalana está marcada por una corrupción no delictiva, tantas veces denunciada por la Fundación DENAES, la que se lleva a cabo precisamente en los que fueran escenarios de aquella votación. Es en las aulas, y ajustándose a un sistema educativo que margina al español e inyecta hispanofobia a los alumnos donde se produce la mayor corrupción de la Nación, aquella que de persistir, y agarrada a la lógica sustitución generacional, proveerá de manadas de nuevos catalanistas aún más fanatizados que los que hoy gobiernan.
Desde nuestra Fundación no podemos sino alegrarnos de que la acusación se mantenga con firmeza, esperando que esta concluya con las más duras penas para estos españoles enfermos que nunca debieran haber accedido a cargo público alguno.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
