Como todas las semanas, esta penúltima del año 2016 ha sido de lo más agitada. Iniciada con atentados como el televisado asesinato del embajador de Rusia en Turquía, a la vez que un camión arrollaba y asesinaba en Alemania a 12 personas y causaba un número mayor de heridos, en España hemos asistido a un nuevo circo secesionista a causa del juicio contra Carmen Forcadell o la renuncia a la presidencia honor del PP por parte de José María Aznar. Las tensiones y desacuerdos entre el expresidente y las políticas emprendidas por Mariano Rajoy eran ya de sobra conocidas. Otra hecho de no menor interés acaecía este martes 20. Como recordarán los lectores, el 11 de noviembre estas páginas se hicieron eco de una iniciativa del PP para la inhabilitación por parte del TC de cargos sediciosos y desobedientes con sus sentencias. Pues bien, esta iniciativa, a propuesta del PNV, que pretende que las suspensiones de cargos no se produzcan y quede todo en multas coercitivas de 600 a 3.000 euros, ha sido tumbada en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE Podemos, PDECat (antigua Convergència), ERC y EH-Bildu.
La conjunción de todos estos partidos, a pesar de la oposición de PP y Ciudadanos, ha echado para atrás la reforma de la ley del TC. El Partido Socialista, en concreto, justifica su apoyo al no afirmando que cuando el Partido Popular presentó la reforma ya la criticaron duramente por considerarla excesiva tanto en el fondo como en la forma. Así pues «por coherencia» han decidido ponerse a favor de la derogación. Si bien, no se puede dejar de sospechar que además de la pretendida coherencia –que nuestros lectores sabrán que es una virtud lógica pero no por ello política–, lo que está detrás de esa postura es el reciente pacto en el País Vasco entre el PNV y socialistas. Por no hablar del proceso abierto contra Carmen Forcadell. Aunque, igualmente, el apoyo del PSOE a los nacionalistas tampoco es total, ya que el texto, parejo a otro presentado por PDECat, que plantean los nacionalistas incluye una segunda disposición que los socialistas no apoyarán mediante un parlamentario subterfugio. Aunque en un primer momento sale adelante, puesto que no se puede votar de manera separada. Hablamos de la segunda reforma del TC que el PP realizó en 2015 para introducir el recurso previo de inconstitucionalidad en la reforma de los estatutos de autonomía, con la que sí concuerdan los socialistas y que el PDECat quiere eliminar.
Desde DENAES queremos remarcar el error que comete el PSOE al aliarse con partidos secesionistas –algo en lo que también es experto el PP– en contra de aquellas medidas que garanticen o refuercen la unidad y fortaleza de la Nación. Si aquí celebramos en su momento la reforma de la LOTC por parte del PP, ya que garantizaba el cumplimiento de la Constitución y atenuaba lo que parece la impunidad de los cargos sediciosos, no podemos más que lamentar su marcha atrás. Constatamos que, una vez más, el PSOE pierde de vista a la Nación, secuestrando los intereses comunes, para ponerla en sus intereses partidistas. Si de algo no necesita España es de más cesiones al soberanismo.
Fundación para la Defensa de la Nación Española.
