Madrigal: «…en un escenario político y social incierto, como el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal y como ha hecho el Tribunal Constitucional»
Opacado por el caso Soria, cerrado con la renuncia del ex ministro popular a un cargo dentro del Banco Mundial que ha venido acompañado de irregularidades, silencios y bien fundadas suspicacias que apelan a las célebres puertas giratorias en las cuales han cimentado su éxito determinadas fuerzas políticas marcadas por la efebocracia y la ausencia de práctica política real, ha quedado inaugurado el nuevo año judicial.
La ceremonia, desarrollada con la acostumbrada solemnidad, ha sido presidida por Felipe VI y ha dejado flotando en el ambiente una posibilidad que sin duda tendrá su réplica desde las filas sediciosas que operan principalmente en Cataluña, ya sea para hacer comparecer a altaneros y desafiantes representantes de estas sectas ya para que desfilen por los medios, muchos de ellos subvencionados desde la Generalidad, representantes públicos convertidos en victimistas plañideras. No faltarán en el sainete, ingenuos y sobornados ideólogos, e incluso algún que otro político aspirante a cargos que presuponen aquello que los independentistas, indepes en los medios más cursis y colaboracionistas del panorama mediático, tratan de destruir: la Nación española. Como primera reacción, hemos de señalar que desde las filas del secesionismo partitocrático, ERC y la antigua Convergencia ya han solicitado la comparecencia de Consuelo Madrigal en el Congreso por las declaraciones que vamos a desgranar.
La posibilidad aludida no es otra que la señalada por la fiscal general del Estado, quien ante la regia presencia del Rey, ha advertido que la Fiscalía está preparada para defender por la vía penal el respeto a la Constitución, en clara alusión a los secesionistas catalanistas. De las declaraciones de Consuelo Madrigal, destacan las siguientes palabras de afirmación constitucionalista:
«En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales penales si fuera el caso».
Palabras que van en la estela de alguna acciones ya emprendidas por el Tribunal, en concreto la apertura de una investigación penal a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, por desobediencia. Dicho esto, Madrigal ha abundado en estas líneas al señalar que:
«…en un escenario político y social incierto, como el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal y como ha hecho el Tribunal Constitucional».
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, también se ha referido al problema catalán, subrayando la independencia con que actúan los jueces, justificación no pedida tras la cual muchos ciudadanos perciben la evidente politización de las instituciones judiciales españolas, divididas, vulgar y acríticamente, entre «conservadores» y «progresistas», siendo estos últimos, al parecer, más proclives a la flexibilidad para con los secesionistas, que ese es el único progreso que, en relación a la cuestión nacional, conciben muchos de nuestros compatriotas: el que conduce a la desnacionalización, a la balcanización de España.
Paralelamente a estas palabras, la corrupción, o al menos una de sus especies, la delictiva, ha protagonizado las manifestaciones de los más distinguidos togados. Tanto Lesmes como Madrigal han mostrado su repulsa por las prácticas que presiden la crítica periodística más ramplona. Hecha esta morosa reconstrucción de la ceremonia, desde DENAES no podemos menos que insistir una vez más, pues los problemas siguen siendo los mismos, en la línea crítica y apartidista que preside nuestra defensa de la Nación española. En tal sentido, consideramos que es urgente que nuestros representantes públicos incorporen en su argumentario la esencial distinción entre corrupción legal e ilegal, pues es precisamente la primera de ellas la que más nos preocupa. En definitiva, la crítica necesaria de la situación política española, paso previo para tratar de buscar remedio a la profunda crisis nacional que padecemos, necesita del reconocimiento de la gravedad que entraña la posibilidad de que desde las mismas instituciones públicas españoles se busque con impunidad la destrucción de España. Es esta, la corrupción legal de la Nación, proceso amparado en leyes hechas ad hoc de las aspiraciones de los sediciosos, la que más debiera preocupar a la ciudadanía, sin que, por otra parte, deba dejar de exigirse el máximo nivel de probidad en quienes manejan la cosa pública.
En tal sentido, y conscientes de la gravedad de tales circunstancias, en la antesala de la llamada Diada nacional (sic) de Cataluña, verdadera exhibición de ofensas y amenazas a España, no podemos sino celebrar las palabras de Madrigal, esperando que tales manifestaciones vengan acompañadas de la aplicación más rigurosa de una ley cuya estación término se halla en las instituciones penitenciarias en las que se encierra a delincuentes, que no a mártires en cuya existencia no creemos.
