Vengo publicando desde hace tiempo que la corrupción política es: poner las instituciones públicas al servicio de intereses particulares, ya sean estrictamente individuales, ya sean del partido o de otros grupos afines, los cuales pueden ser legales o ilegales. Esto es indiferente a esos efectos.
Esto sentado, paso a analizarles los últimos cinco casos de corrupción, entiendo que legal, tomando por hechos ciertos aquellos glosados por la prensa de manera generalizada y no desmentidos públicamente:
1º.- Encuesta del CIS en virtud de la cual el PSOE es el partido más votado en todas las provincias, salvo las entregadas al nacionalismo y la irreductible Ávila que sigue confiando en el PP. De esta manera se está utilizando un organismo público al servicio de activar una determinada tendencia electoral, para lo cual es de suponer que se habrán utilizado procedimientos y maneras ad hoc
2º.- Nombramientos de altos cargos en agradecimiento de servicios prestados, aunque ninguna relación guarden con la actividad administrativa a la que se encomienda su alta dirección. De los más clamorosos el del Alto Comisionado de la Marca España. Es claro que al país no le interesa un lego en la materia pero pesa más el popular “primo dame arrrgo”.
3º.-Uso de canales públicos para opiniones lacerantes del adversario político, como la que, a propósito de la polémicas generadas por la titular del Ramo, se emitió en el twitter oficial del Ministerio de Justicia aludiendo al “chantaje de la derecha”, asimilando de esta manera una tendencia política con una actividad delictiva. El que no está conmigo, está en mi contra y además es un delincuente.
4.- Rubricas oficiales para actos de partido, como el documento firmado por el PSOE y PODEMOS sobre proyecto de presupuestos generales del Estado, bajo la estampa solemne del Gobierno de España, tratando de esta manera de sacralizar lo documentando, blindándose de eventuales críticas. Vamos ni que fuera el Tratado de Tordesillas y los firmantes serios hombres de Estado.
5º.-Para finalizar un clásico, que podríamos llamarlo ya como un “urdangainforme”. Me refiero a los 150.000 euros que la Sra. Alcaldesa de Madrid ha abonado a un propio por la confección de un informe económico en virtud de la cual se debería inventar una nueva moneda de ámbito local y volver de esta manera al medievo.
Este país tendrá solución cuando los ciudadanos tomemos conciencia de que lo público es de todos y para todos.
Alberto Serrano
