Ante la investidura en ciernes de un próximo Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, los sediciosos catalanes enseñan sus cartas con la nueva e inagotable «desconexión» de Cataluña respecto a la Nación Española
La política nacional se mueve tras el 26 J, y está claro que nadie quiere quedarse fuera de juego ni dejar de salir en la foto. En medio de la primera ronda de contactos previa a la presumible sesión de investidura que Mariano Rajoy protagonizará la próxima semana, los sediciosos catalanes, el separatismo antiespañol que detenta el poder en esa autonomía española, amenaza de nuevo con revivir la pantomima de la «desconexión» de Cataluña del resto de la Nación Española.
Pero, como tantas y tantas veces, semejante pantomima no pasa de las intenciones. El Parlamento catalán, que volvió a votar una nueva moción de ruptura con España, en la forma de una resolución separatista de la «comisión de estudio del proceso constituyente» de la «república catalana», que votaron conjuntamente Juntos por el Sí y las CUP, han protagonizado un nuevo acto de desobediencia ante los poderes públicos españoles, concretamente ante las resoluciones últimas del Tribunal Constitucional.
Para muchos un punto y aparte en el proceso, esta nueva ostentación en la desobediencia civil, ha sido sin embargo argumentado por el Presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, como un proceso plenamente legal. Su argumento: que la inclusión del acuerdo de la «comisión de estudio del proceso constituyente», concretamente un texto pergeñado por los separatistas en el que se diseñan las fases a cumplir para completar la «desconexión», supone nada más que la ratificación de la «voluntad soberana del pueblo catalán», que en las pasadas elecciones autonómicas del 27 S, tildadas de «plebiscitarias», votó mayoritariamente por candidaturas separatistas.
No cabe mayor rudeza en el razonamiento de un sujeto que sin duda no supera en luces a su antecesor Arturo Mas: que una ilusoria voluntad general es la que sustenta semejante nuevo paso hacia la desconexión de la Nación Española. Algo que debiera escarmentar de seguir por semejante proceso argumentativo es el propio resultado, ni mucho menos favorable en lo que los sediciosos pensaban: la candidatura conjunta de Juntos por el Sí sumó menos votos que si Convergencia y ERC se hubieran presentado por separado. Buena prueba de la inexistencia de la fantasiosa «voluntad general» y si de una serie de partes en las que se encuentra fragmentado el electorado, cuya «representación» tiene lugar al nivel tanto de los partidos nacionales que concurren a las elecciones catalanas, como al de las sectas separatistas que semejan ser partidos políticos bajo la apariencia legal, aunque sólo aspiran a parasitar nuestra Nación.
No menos delirante y fantasioso es el contenido de esa «comisión de estudio del proceso constituyente». Se trata de un acuerdo de once puntos en el que se describen tres fases. La primera, un «proceso participativo», que ya no sabemos en qué consistirá: ¿un nuevo pseudorreferéndum, unas elecciones «plebiscitarias»? Si la pantomima de consulta separatista del 9 N de 2014 se realizó de forma alegal, sin llamamiento formal alguno, para evitar que los tribunales dispongan de pruebas firmes que permitan encausar y condenar a Arturo Mas y sus secuaces sediciosos, y ni siquiera los propios separatistas se mostraron especialmente contentos con su resultado (pese a que, según afirman, ganó de forma abrumadora el sí a la independencia), pues hubieron de convocar unas «elecciones plebiscitarias» el 27 S de 2015 de las que tampoco salió nada más que una constante trifulca entre las sectas separatistas, ahora quizás nos sorprendan con su fértil imaginación para seguir evadiéndose a través de la política ficción…
La segunda fase del interminable «proceso» consiste en la interminable «desconexión del Estado», que dará paso a una convocatoria de «elecciones constituyentes», sin saberse si si habrá que esperar los ya tópicos «18 meses» o este proceso se alargará sine die. El caso es que la tercera y última fase de este delirio separatista consistirá en «un referéndum para ratificar la nueva constitución» de la fabulada «república catalana». Otra pseudoconsulta separatista similar a la del 9 N, con los mismos efectos ya conocidos: nada. Y es que todo lo que los sediciosos llevan acometiendo con esta singular huida hacia delante ha acabado en la total y absoluta nulidad: Cataluña no puede ser nación sencillamente porque no hay una voluntad efectiva de ruptura violenta con la Nación Española, más allá de la amenaza formal que periódicamente venimos viviendo, un chantaje perpetuo con el objeto de conseguir más y más prebendas a costa de todos los españoles.
Sin un apoyo efectivo de terceras naciones, ya sean miembros de la Unión Europea o incluso de los Estados Unidos, Cataluña jamás podrá ser reconocida como nación con todas las de la ley mientras no disponga de apoyos firmes, y eso no sucederá mientras el actual estatus quo se mantenga. No por casualidad, todos los intentos de difundir el proceso separatista, por ejemplo a través de misivas enviadas a los diferentes jefes de estado y de gobierno de la «comunidad internacional» que fueron devueltas sin haber sido leídas, han terminado en el más absoluto de los ridículos.
Pero nada parece detener a los sediciosos en su intento secular y constante, incesante, en amenazar a la Nación Española, aunque sea a costa de hacer un ridículo cada vez más espantoso. El presidente de esta «comisión», el «intelectual y artista» separatista Luis Llach, que había afirmado en su día que si el proceso separatista fracasaba emigraría a Senegal, junto a la portavoz adjunta de Juntos por el Sí, Marta Rovira, defendieron la citada resolución, que recibió los 72 votos de rigor de la coalición de gobierno sediciosa en Cataluña. «Farsa parlamentaria», en palabras de Javier García Albiol, del Partido Popular, «proceso antidemocrático», afirmó Miguel Iceta, del Partido Socialista de Cataluña… Tanto PP como Ciudadanos se ausentaron de la Cámara en el momento de la votación, cuyo resultado se sabía de antemano…
Por su parte, Juan Coscubiela, sindicalista de Comisiones Obreras y representante de Podemos en Cataluña bajo la confluencia de Cataluña sí que se Puede, afirmó que todo el proceso formal es una suerte de «Teología de la desconexión», criticando que los grupos separatistas lo único que hacen son «grandes proclamas cada tres meses para luego no cumplirlas». Asimismo, les afeó que esta constante e invocada desconexión debió hacerse efectiva el 9 de Noviembre del año pasado, cuando Juntos por el Si y la CUP negociaban el proceso de investidura de Arturo Mas y firmaron una declaración que, como tantas otras, pasó al limbo. Un constante limbo en el que parecen estar instalados los sediciosos, aprovechando que aún no se ha formado nuevo gobierno en la Nación Española. Un limbo que sin embargo sigue manteniendo las mismas formas de la legalidad española vigente en esa autonomía «desconectada»: el próximo 28 de Septiembre, a un año de las pasadas elecciones «plebiscitarias», Carlos Puigdemont se someterá a una cuestión de confianza que seguramente acabará por enturbiar aún más esta caótica legislatura en Cataluña, donde el proceso sedicioso intenta ser reflotado por todos los medios posibles.
Desde la Fundación Denaes no podemos dejar de lado esta nueva amenaza formal contra la Nación Española en Cataluña, donde las sectas separatistas que detentan el poder se llenan la boca de «mandato democrático» y «voluntad general», donde no hay más que un proceso electoral, dentro de la estructura legal existente en la Nación Española, para formar un gobierno de una parte de España. Ahí manifiestan su carácter de pseudopartidos semejantes estructuras con fines delincuenciales, sediciosos, cuya acción debe ser abortada más pronto que tarde por el nuevo Gobierno de España que presumiblemente verá la luz antes del período estival.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
