Esta vez, para nuestra alegría, ha sido como prueba de que las instituciones del Estado pueden funcionar si quienes ocupan sus cargos en ellas no se someten al chantaje del terrorismo
Las víctimas de ETA han recibido el día de ayer una atención especial por parte de los medios de comunicación. Y esta vez, para nuestra alegría, ha sido como prueba de que las instituciones del Estado pueden funcionar si quienes ocupan sus cargos en ellas no se someten al chantaje del terrorismo. Nos referimos a las dos máximas instituciones de la soberanía española como son, por un lado, el Congreso de los Diputados, y por otro, la Audiencia Nacional.
Estamos hablando, en primer lugar, de la propuesta que UPD hizo ayer en el Congreso y que recibió el apoyo todos los partidos -a excepción de ERC, y, como es natural, los reparos del PNV- consistente en ampliar el estatus de “víctima del terrorismo” para quienes sufren el acoso y la extorsión de la banda y su entorno. Se insta en el texto propuesto a elaborar una nueva ley sobre tal materia y parte del cual dice que se «amplíe el reconocimiento político de víctimas del terrorismo en los términos que establezca la ley a los ciudadanos cuya libertad es violentada por la acción terrorista -especialmente en el País Vasco y Navarra-, aunque no sean objeto directo de atentados, potenciando así mismo el papel de la sociedad civil en dicho reconocimiento».
Y en segundo lugar, nos referimos a la orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de retirar la placa y el monolito que desde 1982 rinden homenaje al etarra José Aristimuño, alias ‘Pana’, en un parque de la localidad guipuzcoana de Hernani. Advirtiendo además a la alcaldesa del municipio Beitialarrangoitia, de ANV, que si ignora este requerimiento su actuación será interpretada como un «indicio racional de criminalidad».
Grande-Marlaska se convierte así en el primer juez que ordena por la vía penal la retirada de símbolos de homenaje a etarras, siendo, en estos momentos, tres los jueces de la Audiencia Nacional (Fernando Grande-Marlaska, Pablo Ruz y Santiago Pedraz) que están investigando, respectivamente, la existencia de calles dedicadas a terroristas en los municipios de Hernani y Zizurkil (Guipúzcoa) y Arrigorriaga (Vizcaya).
Desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española, entre cuyos objetivos se encuentra el promover la justicia debida para quienes padecen la lacra del terrorismo secesionista, queremos congratularnos por ello al mismo tiempo que felicitar a los protagonistas de los que ha dependido que tales acciones legales se hayan puesto en marcha.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
