Bienvenido el pacto si con ello se consigue de una vez disponer de un marco legislativo estable para los niveles o ciclos obligatorios de enseñanza
En la segunda jornada del reciente debate de investidura en el que resultó elegido Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy, este, en respuesta al portavoz socialista Sr. Hernando, anunció que, para facilitar la posibilidad de un pacto en materia educativa, las pruebas de reválida previstas para el presente curso no tendrían carácter de exigencia para la obtención de un título académico; es decir, se realizarían pero no computarían a efectos de nota.
Las reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (vulgarmente LOMCE) concitaban la mayor virulencia de la oposición mantenida desde algunos sindicatos de la enseñanza y partidos políticos a dicha Ley. Oposición que frecuentemente no lograba ocultar su carácter meramente ideológico (así, cuando tachaban dichas pruebas de ”franquistas”, siendo notorio que, si bien en distinta forma, fueron implantadas por la II República), dado que no se propiciaba un debate basado en la contraposición de los distintos fundamentos que se pudieran alegar a favor o en contra del papel del Estado como garante de alcanzar unos estándares educativos comunes a todos los alumnos, fundamentalmente en su faceta de futuros sujetos activos del ejercicio de la ciudadanía.
La realidad es que la moratoria de aplicación vinculante de la LOMCE en ese extremo ya formaba parte del pacto de investidura PP-Ciudadanos en el marco de propiciar un deseable Pacto Nacional por la Educación, al que, parece ser, se suma ahora el PSOE.
Bienvenido el pacto si con ello se consigue de una vez disponer de un marco legislativo estable para los niveles o ciclos obligatorios de enseñanza (no entramos al debate enseñanza/educación). Ahora bien, desde la perspectiva de la Fundación DENAES es fundamental insistir una vez más en dos cuestiones que nos parecen fundamentales.
Consideramos, por un lado, que el aprendizaje debe realizarse fundamentalmente en la lengua común de todos los españoles, que es el idioma español. A este respecto -y sin entrar en detalles de los abusos que se viven diariamente en Comunidades Autónomas tales como las del País Vasco o Baleares, entre otras- resulta escandaloso el incumplimiento sistemático de las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo en los casos de la inmersión lingüística catalana. Está claro que ya no se trata sólo del contumaz y descarado incumplimiento de las mismas por los distintos Gobiernos catalanes sino que la inacción de los sucesivos Gobiernos de la Nación resulta aún más escandalosa, puesto que estos se convierten en cómplices tanto de que no se cumpla la Ley, ni se ejecuten las sentencias firmes de los Tribunales, ni de que no se persiga penalmente a los incumplidores como de la consagración de una violación sistemática de derechos constitucionalmente protegidos. En el entorno en que se desenvuelve nuestro país, que sea el propio Estado el que consiente en este incumplimiento sistemático de la Ley y de los derechos ciudadanos no es el mejor escaparate de la existencia de garantías jurídicas exigibles en un país desarrollado.
Otro tanto cabe decir de la enseñanza de la Historia de España en las distintas Comunidades Autónomas. La denuncia de la misma que hizo la Real Academia de la Historia en su Informe presentado el 27 de junio de 2000 es contundente ya que, en el entono de los países europeos en el que nos movemos, “en ninguno [de tales países] la ignorancia sobre el pasado se utiliza con la finalidad de tergiversar y oponer” a unos ciudadanos contra otros. La contundencia de la afirmación nos exime de otro comentario.
Desde la Fundación Denaes queremos señalar que el futuro Consejo de Ministros que vaya a aprobar el citado Pacto Nacional por la Educación no puede continuar un minuto más siendo cómplice de esos incumplimientos de leyes y sentencias judiciales así como de esas tergiversaciones y enfrentamientos fratricidas que, en definitiva, socaban las bases de la Nación Española y del propio Estado.
Fundación para la Defensa de la Nación Española
