Discriminación del español en Baleares
Cuando aún colea el incidente protagonizado por Joaquín Portet y el camarero de Balearia, un suceso que ha desencadenado simiescas imitaciones por parte de catalanistas que parecen recoger la nefasta herencia de aquel chivato oficial y denunciante compulsivo llamado Santiago Espot, se han conocido nuevas iniciativas emprendidas por las administraciones públicas que, mediante los habituales subterfugios, discriminaciones positivas o prohibiciones, tratan de discriminar el uso del español precisamente en las Islas Baleares que la más indocta corrección política, tan asentada en los medios de comunicación, dan en llamar según su denominación en catalán: Illes Balears.
En esta línea de arrinconamiento del español, hemos de inscribir el nuevo plan de política lingüística impulsado por el gobierno de las islas que preside la socialista Francina Armengol, presidenta a su vez del Consejo Social de la Lengua Catalana cuya presencia es una constante en las reuniones del Comité Federal del PSOE presidido por Pedro Sánchez. La iniciativa legal lleva el apoyo de los pancatalanistas de Més y el de ese mismo Podemos al que tanto se critica, acaso tácticamente, desde la calle Ferraz. El plan, en líneas generales, se mueve entre el fomento y la exigencia del uso del catalán en todos los ámbitos insulares, tanto en el mundo oficial como en el sector privado, sin dejar al margen actividad alguna, pues se pretende incluso imponer el catalán dentro del ocio o el deporte. La estrategia que ahora pretenden poner en marcha los socialistas es bien conocida, pues se ha ido desarrollando durante décadas en Cataluña, región que exporta catalanistas a esos territorios denominados Países Catalanes. Al cabo, y pese a la impresionante red clientelar que sirve para que muchos catalanes se ganen bien la vida marginando a muchos de sus conciudadanos, en Cataluña ya no caben todos los lingüistas, ideólogos, propagandistas o paniaguados que comenzaran a medrar en la época del clan Pujol. Hacen falta otros mercados, y ahí están las Baleares para ampliar el negocio cuatribarrado.
Sin embargo, no por conocidas deja de ser sorprendente que a estas alturas se pretendan implantar medidas como las que vamos a exponer de forma sumaria. Por poner un ejemplo, llama poderosamente la atención que desde las instituciones se llegue a pedir a los catalanoparlantes que hablen en catalán ante quienes no entienden la lengua del no leído Verdaguer. La peregrina justificación respaldar tal práctica vendría, al parecer, sustentada en el hecho de que: «la idea de que hablar en catalán con alguien que no lo sabe es un acto solidario, de autoestima y civismo»… Si tal propósito, que no puede sino acarrear una tensión social que debiera evitar cualquier gobernante mínimamente prudente, no fuera lo suficientemente grave, desde el gobierno de la socialista Armengol se prepara una ley para garantizar el uso del catalán incluso en las empresas privadas, que deberán exigir como requisito para contratar personal que este tenga en su poder un título que acredite los conocimientos en tal lengua. Un título que, huelga decirlo, vendrá expendido desde los aledaños del poder catalanista que campa por sus respetos en las islas.
Todo lo descrito nos retrotrae a lo ocurrido hace dos legislaturas, cuando gobernaban los socialistas, los nacionalistas y la delictiva Unió Mallorquina cuyo lugar parece haber sido ocupado Podemos. Si bien, esta renovación de aquella estrategia marginadora del español va aún más allá al internarse en el terreno empresarial apoyándose en bonificaciones y ventajas fiscales, o lo que es lo mismo, malversando los fondos de todos los baleares para discriminar a unos sobre otros.
La situación, reiteramos, no es nueva, pues cuenta con los antecedentes, objetivos y resultados ya conocidos, de los cuales Cataluña es un claro ejemplo. Desgraciadamente, todo parece indicar que el PSOE será una vez más el garante de la legalización de la desigualdad entre españoles, esto es, de la corrupción lícita de la nación, y que poco o nada se va a hacer desde otras instancias, y ello a pesar de que en su momento el popular José Ramón Bauzá tratara tímidamente de frenar estas medidas discriminatorias. Conocidos los procesos análogos en otras regiones, cabe esperar que estas medidas arraiguen con fuerza en Baleares, pues al control de la administración y los medios de comunicación, los catalanistas cuentan con la debilidad del pequeño comerciante, totalmente desamparado gracias al sistema autonómico español y a la desidia existente en el Gobierno de España cuando de tales cuestiones se trata. Cabe incluso esperar, que al igual que ha ocurrido en Cataluña, el PP vaya adoptando una creciente coloración regionalista que haga imposible la reversibilidad de estas leyes.
En la Fundación Denaes llevamos muchos años denunciando la discriminación que sufre el idioma español en cada vez más partes de nuestra cada vez más provinciana España. A la celebración de Encuentros dedicados a tratar tan grave asunto, hemos de sumar toda la labor crítica que venimos desarrollando desde nuestros modestos recursos, sabedores de la gravedad que para la supervivencia de la nación suponen las medidas que ahora se anuncian. Sin embargo, somos también plenamente conscientes de que el avance catalanista únicamente puede ser frenado si hay voluntad por parte del Gobierno de la nación, o si, como ha ocurrido en algunas ocasiones históricas, nuestros compatriotas se oponen frontalmente a esta anunciada tiranía que trata de arrebatarles el que acaso sea su mayor capital: el idioma español.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
